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zoonpolitikom I

  • Desconfianza política y crítica del FMI

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    En su informe El Salvador: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2016 FMI, Enfoque del Artículo IV: El reto de un crecimiento insuficiente (Fragmentos) 1. El crecimiento del PIB ha tenido un promedio de 2 por ciento durante el periodo 2000-2014, por debajo del promedio de la región de Centroamérica de 4,5 por ciento. 2. En cuanto a estas explicaciones propuestas, El Salvador no parece estar en una situación sustancialmente peor que la de sus vecinos, quienes presentan un crecimiento más rápido. 3. El bajo crecimiento alimenta una serie de círculos viciosos. Obstaculiza la disminución de la alta tasa de criminalidad y la mejora del nivel de escolaridad, fomenta la emigración y debilita la participación en la fuerza laboral, además de crear presiones fiscales (ya que las demandas sociales siguen aumentando mientras que los ingresos tributarios continúan siendo moderados). 4. “Desafortunadamente, la polarización política es un obstáculo incluso para una reforma gradual. El plan quinquenal de las autoridades apropiadamente sitúa al crecimiento como la prioridad absoluta y se han diseñado y llevado a cabo muchas medidas. Existe un amplio consenso sobre la necesidad de aumentar el crecimiento inclusivo y la eficiencia del sector público, así como para reducir el crimen y la corrupción. No obstante, los principales partidos políticos se encuentran lejos de converger en la manera de lograr estos objetivos, lo cual resulta en un punto muerto legislativo, el cual eleva las vulnerabilidades”… El FMI continúa su informe alentando a las reformas para el crecimiento: flexibilidad de salarios, evitar prácticas no-competitivas, aumentar la escolaridad, reducir el crimen y la corrupción... etc.

    La observación número 4 es significativa puesto que refiere una continua visión conflictiva entre partidos políticos durante décadas, la cual no beneficia en nada a la nación, es notable y persistente la creación de una imagen negativa del adversario olvidando que el objetivo de la política es "hacer el bien”, es construir nación, es un legado para las siguientes generaciones, pero en nuestra nación el muro de Berlín aún vive en las calles de San Salvador, el muro divide a rojos y blancos, comunistas y fascistas, Estados Unidos y la URSS permanecen en la mente de los políticos, ese modelo imaginario genera el temor al enemigo mortal; la consciencia de la guerra civil continúa porque la realidad no ha cambiado en relación al modelo económico. Los monopolios, la exclusión, la enorme concentración económica oligárquica sigue tan vigente como en el siglo pasado, permanece inalterable generando pobreza.

    Reducir nuestro destino nacional a simples argumentos ideológicos nos conducirá a la ruina histórica, olvidando los verdaderos problemas que existen, el daño a la economía por el bloqueo al financiamiento del Estado con empréstitos, impuestos o reformas tributarias obligará a los gobernantes a recursos sorprendentes, pero dentro del marco de la institucionalidad, acciones que han sucedido en otros países con marcos similares de eventos económicos o grandes depresiones capitalistas, algunos ejemplos: México, Argentina, Brasil, Grecia, Perú, acá no se inventará nada nuevo con las medidas fiscales que la nación requiere para salvar la economía, puesto que la Constitución permite en casos excepcionales soluciones categóricas y pragmáticas, pero también es posible eliminar la polarización con buena voluntad política.

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  • La muerte de la Amnistía nos habla de la vida

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    Según un ilustre juez, la derogación de la Ley de Amnistía propone un panorama en el cual todas las sentencias promulgadas antes de la Amnistía, como el caso jesuitas, deben cumplirse, por lo tanto los acusados deben ir a prisión “formal”… mientras tanto la exposición de los Magistrados de la Sala Constitucional el 09AGO016 en una televisión local, sobre el tema afirma que esa resolución debe ser interpretada por los “jueces”, puesto que la función de la Sala es interpretar La Constitución… esa novedad de razonar la Constitución implica nuevas tendencias del Derecho y ha derivado en no pocas declaraciones de inconstitucionalidad, de tal forma que la interpretación del “pasado” bajo una óptica jurídica veinte años después retorna la discusión al presente; uno puede preguntarse en calidad de ciudadano: ¿Qué sucede con tanto crimen y desapariciones de setenta mil muertes?, ¿por qué el derecho se refiere solo a pocos casos, no a la mayoría?, ¿es consistente y posible esa propuesta? ¿y los asesinatos, secuestros, violación a los derechos humanos antes del conflicto, algunos horrorosos en crueldad y saña criminal? ¿por qué existe segregación jurídica en ese fallo, acaso no todos los muertos son iguales o valen unos más que otros, como los vivos?... Imaginemos por lo tanto una demanda por un crimen y un honorable juez la declare improcedente, quizás entonces eleve su demanda a la Sala Constitucional… en el caso contrario ¿qué clase de compensación podrá otorgársele a la familia? ¿será similar en la generalidad?.

    En todo caso existen masacres que deben incluirse, como las de 1932 porque como observamos, aquella matanza étnica parece que no existió, hasta la fecha la justicia guarda silencio, sin compensación, sin reconocimiento, incluso nadie fue juzgado, así es nuestra justicia.

    En realidad, la verdad de las desapariciones, crímenes, violaciones etc., yacía en los Archivos de Tutela Legal, que también parecen fueron siniestrados hace años; ahí existían miles de casos verificables, pero ahora ya no sabemos de tanta sangre derramada, excepto las versiones orales de sus familiares.

    ¿Extraditar a los militares es la cuestión?

    Según la opinión de un honorable juez, la extradición de los militares no procedería, puesto que primero deben cumplir sus sentencias de veinte años en nuestro sistema judicial, parece que los implicados han pagado algunos años en prisión, pero restarían otros más; no obstante los perseguidos internacionalmente y demandados por la justicia española al menos acá, no tendrían ningún problema ¿o estaremos equivocados?

    Esta realidad no solo implica a nuestra nación, la derogación de una Ley de Amnistía veintitrés años después de su promulgación y que permitió la legalidad al FMLN, recuerda ahora a Colombia; de solo imaginar que esto le puede suceder a las FARC o a cualquier conflicto civil que terminen en una negociación y una amnistía del Congreso, la cual es derogada por una interpretación del futuro, puede mover a no concluir las guerras jamás, excepto por la victoria armada; también es válido preguntarse si los argumentos de la Sala Constitucional constituyen un precedente internacional que podrá invocar cualquier nación… si la paz ha sido tiempo perdido, entonces la muerte de la amnistía nos habla de la vida en presente, con incertidumbre y oscuridad jurídica en la nueva realidad.

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     nota: el 16 de agosto de 2016 La Corte Suprema de Justicia niega extradición a militares a España

     

  • Perdidos en (interpretar) la Constitución

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    Algunas personas afirman que los (diputados u otros) suplentes no son necesarios, precisamente me parece incorrecto, en el caso de las instituciones políticas o electorales todas tienen suplentes, tanto el Tribunal Supremo Electoral, La Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa y en el caso del Gobierno las sustituciones son inmediatas, de manera que la conducción de la nación mantenga su rumbo estable, imaginemos a la República sin Ministros, Directores, diputados etc… nadie tomaría las decisiones “políticas” requeridas, ese es su trabajo, los funcionarios públicos toman determinaciones que los grandes conglomerados necesitan.

    Pero la discusión es política cuando se decide eliminar la suplencia de los diputados de la Asamblea Legislativa, puesto que no se invoca el mismo argumento a otras instancias como la misma Corte Suprema de Justicia, ni al TSE, es por lo tanto un camino que nos conduce a violentar la Constitución de la República donde se incluye la figura de los Diputados Suplentes.

    ¿Por qué eliminar a los diputados? ¿Bloquear el financiamiento del Estado? ¿Cuál es la causa de la honorable Sala Constitucional para excluir a medios de comunicación en sus reuniones declarativas? El conjunto parece la conspiración de una clase social sobre otra, en el antiguo estilo del siglo pasado, con una agenda visible y otra oculta para favorecer a los grandes intereses económicos, un escenario violento conocido en la historia nacional.

    El 14ABR015 se entregaron credenciales a diputados propietarios y suplentes, mientras el TSE cumplió con el art. 222 dentro de los seis días siguientes a la fecha del decreto (09ABR015) que declaró firmes los resultados de la elección.

    El art. 209 constitucional: “El Consejo Central de Elecciones será la autoridad suprema en esta materia, sin perjuicio de los recursos que establezca esta constitución, por violación de la misma”… quince meses después los diputados suplentes son declarados inconstitucionales (13JUL016)… es maravilloso que nadie observó las irregularidades de los diputados suplentes en el momento electoral, pero fueron aprobados por el TSE “autoridad suprema”, ahora resulta que no lo es, quizás pronto sus miembros también sean declarados miembros partidarios y por lo tanto inconstitucionales…

    Al declarar a los diputados suplentes inconstitucionales, se violenta la constitución por lo siguiente: “Art. 129 Inc. 1 Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados… etc. Inc. 2 “No obstante, podrán desempeñar los cargos de Ministro o Viceministros de Estado, Presidente de Instituciones Oficiales Autónomas, Jefes de Misión Diplomática, Consular o desempeñar Misiones Diplomáticas Especiales. En estos casos, al cesar en sus funciones se reincorporarán a la Asamblea, si todavía está vigente el período de su elección” … ¿En este caso, la Asamblea Legislativa ya no estaría conformada por 84 diputados puesto que al no existir el diputado suplente, la aritmética cambiaría en todas sus implicaciones…

    El art. 131 Cn. Corresponde a la Asamblea Legislativa. Inc. 3 “Conocer de las renuncias que presentaren los Diputados admitiéndolas cuando se fundaren en causa justa legalmente comprobada. Inc. 4 Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios…

    Ya conocemos la violencia del siglo pasado, ahora vivimos otra violencia jurídica con interpretación sui géneris constitucional… parece que repetiremos la Historia. www.cesarramirezcaralva.com

     

     

  • Eliminemos la verdadera violencia capitalista

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    Después del 13 de julio de 2016, la derogación de la Ley de Amnistía tiene un resultado incierto, ahora la realidad se verificará en las denuncias ciudadanas, la acción de la Fiscalía, las iniciativas legislativas, etc. porque el Gobierno de la República ya se pronunció al respecto.

    Como hemos señalado en artículos previos, la Sala Constitucional de la CSJ excede con sus interpretaciones los lineamientos de la Carta Magna, en conjunto parece una “refundación” de la República imaginada en el pasado pero ejecutada jurídicamente en el presente, ¿es justificable perjudicar la gobernabilidad? La Amnistía fue el “resultado” “no el objeto” cuestionado por la Memoria-Olvido de la justicia, la Amnistía es el producto de una guerra civil, con miles de fallecidos, desaparecidos, secuestrados, masacrados etc., que no pueden limitarse a una fecha, aunque el instrumento inconstitucional lo reclame, es preciso pedir justicia para todos, al final “teóricamente” somos iguales ante la ley. El objeto demandado por la sociedad es la paz, la democracia, la justicia económica, la participación ciudadana… etc.

    Acá no se trata de condenar o exculpar, se trata de la nación. El binomio olvido-memoria es un acto político, si recurrimos a esa fórmula también no olvidemos 1932, pero de ese etnocidio, la justicia, la iglesia, el ejército etc., se niegan a hablar… pero ahora se abre la posibilidad de reconstruir enemigos y amigos, de las armas, el exilio, la muerte, la indiferencia ante la injusticia; el momento es una reconstrucción ofensiva y defensiva, puesto que el olvido-memoria se convierte en un retroceso al pasado, es una amenaza a la democracia, es una lectura conocida, que no incluye a los actuales delincuentes, las organizaciones armadas irregulares, en síntesis los terroristas, parece que ya no existen… solo existen los antiguos actores de una vieja guerra civil; este hecho es ¿un accidente político?.

    Si la acción en los juzgados es crucial, si las demandas contra unos y otros son ejecutadas, espero que la justicia no se limite a una Amnistía particular, ¿con qué derecho se fija un límite? Si el conflicto generó setenta mil muertos y más de un millón de refugiados que también padecieron en naciones extranjeras y no pocos desaparecieron. La “Nueva Legalidad” proclamada por la Amnistía de 1993 ha muerto, otra lectura toma su lugar, es similar a crear por decreto “héroes y villanos”, cuando esos esquemas se confunden veintitrés años después, resulta que el peor cabecilla es ahora hermano del enemigo y el héroe de antaño tiene antecedentes terroristas, pero ambos se transforman por un teatro macabro, parece una novela de ciencia ficción. Nuestra justicia no existió durante el conflicto, la justicia en el tiempo se transformó en injusticia, así como los amigos en enemigos unidos por memoria de la violencia y la sangre, ahora parece que no fue suficiente, aún existen seres con ansias de beber sangre de inocentes. Quizás necesitamos eliminar definitivamente la violencia, esa violencia del modelo económico pro oligárquico que vivimos y produce millones de muertos de hambre (y sed de justicia si lo desean), que no tienen amnistía, quizás es necesario fundar otra República con otra constitución, y una nueva legalidad.

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  • La divina interpretación constitucional

    La divina interpretación constitucional

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    El ejercicio de nuestra justicia es deprimente, el coro de miles de voces que denuncian las injusticias de los jueces llega hasta los Estados Unidos y al resto del mundo, muchos se pronuncian año con año contra nuestro sistema, porque si existe un estamento casi intocable son los jueces… el gran perdedor es el pueblo.

    Con mucha atención seguimos el desarrollo de los juicios públicos, algunos de los cuales son contra exfuncionarios de antiguos gobiernos, es maravillosa la actuación de los abogados defensores de las causas de enriquecimiento, las cuales son ganadas con argucias fantásticas y peor aún, milagrosamente ninguno es condenado… “ver para creer”.

    Las diferencias del pueblo con la Sala Constitucional se refieren al elemento visible en la Constitución y sus funciones específicas, pero resulta que “lo no escrito”, “la interpretación” parece una función de “Gracia Divina” orientada a impedir la gobernabilidad, veamos el Art. Cn 174: “La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7ª. del Art. 182 de esta Constitución” etc. en resumen su competencia son: “Leyes, decretos y reglamentos”, pero en ninguna parte se menciona la exclusión de un ciudadano por su filiación partidaria, concepto muy riesgoso, parecido a los antiguos dogmas cristianos contra los protestantes, extranjeros y otras creencias; la repentina calificación de los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República parece ser una saga del mismo tema.. Incluso el 14OCT013 la Sala declaró inconstitucional el nombramiento de Salomón Padilla... “El derecho a optar al cargo público de juez y magistrados de la CSJ es incompatible con la afiliación partidaria, a menos que exista una separación o desvinculación real del partido político y que ello no constituya un fraude a la Constitución”…

    Existe un abismo entre las aspiraciones del pueblo y los fallos de inconstitucionalidad, así todo puede ser calificado de iniciativa “partidaria”: el SITRAMS, la emisión de bonos por $900 millones, la Amnistía, el cargo para la inversión social en energía eléctrica… etc.

    Existe una lejanía en la vocación del pueblo y los fallos de interpretación de nuestra constitución republicana, muchas de sus decisiones están reñidas con la realidad social, económica, jurídica, etc., los Magistrados de la Sala son electos por la Asamblea Legislativa, quien por delegación del pueblo ejerce su representación, pero la Sala Constitucional no pasa ningún ejercicio democrático directo.

    La situación de interpretación constitucional imita los argumentos políticos, parece un oficio de gobierno de jueces y no de ejercicio democrático, si las elecciones delegan su representación a la Asamblea Legislativa ¿por qué sus decisiones son invalidadas?...

    Es muy preocupante el panorama nacional, un escenario cargado de agendas políticas y no de vocación hacia la estabilidad jurídica, la gobernabilidad, el bien común, hasta parece que la democracia ya no es la voz del pueblo, ni de Dios, sino un fallo político a nombre de la divina interpretación constitucional. www.cesarramirezcaralva.com

  • Los “medios” justifican al capitalismo oligárquico

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    La sociedad salvadoreña en los términos conceptuales republicanos jamás logrará la utopía de la igual social, debido a que los procesos electorales no admiten diferencias de conducción ni tampoco una reforma sobre el modelo capitalista, así nuestra división artificial entre ricos y pobres es el resultado de una visión materialista a fin de cuentas “contractual”, las personas son objetivadas como productos utilitarios no como ciudadanos, si observamos todos los movimientos actuales de las derechas y sus aliados e intérpretes constitucionales, todos debemos pagar iguales impuestos aunque “sus millonarias propiedades sobrepasen los ingresos de miles de salarios mínimos”, las inversiones sociales son gastos innecesarios y populistas porque a los pobres no se les debe ayudar “así nacieron”, el Estado no debe endeudarse porque los beneficios sociales solo sirven para fomentar el ocio de quienes se acostumbran a vivir de sus salarios “no a crear empresas”, etc., esta condición es inalterable bajo la premisa que la sociedad es un contrato capitalista y por supuesto su interpretación constitucional. De ahí la vigencia de Carlos Marx y su concepto de alineación del trabajo que no solo aplica a los trabajadores, sino a las personas que se transforman en humanos-dinerarios, no piensan como ciudadanos sino como dinero viviente en cada célula de sus cuerpos, de ahí que se arrojen del último piso de sus empresas cuando Wall Street deja de perder un porcentaje de ganancia en sus acciones o en lugar de un minuto de silencio solo guarden diez segundos porque pierden mucho capital al recordar a sus deudos; en otras palabras el capital tiene “vida propia” es una célula alienada de dinero que no reconoce personas sino “intereses”, tampoco tiene ética sino porcentajes de compra-venta, además su pasión se resume en “medio-resultado” una mutación de Nicolás Maquiavelo “el fin justifica los medios”; de tal forma que no importan los medios, ni las personas, ellos viven un totalitarismo “dinerario” ansiosos por alimentar una sociedad en perfecta desigualdad. Reproduzco una cita sobre el tema: “El Teorema de Arrow y la utopía de una “sociedad de mercado”: totalitarismo o caos. Los axiomas de racionalidad y los valores democráticos que Arrow postula como deseables y razonables, definen en realidad una “sociedad de mercado” (con su correspondiente ética del mercado), es decir, una sociedad que se constituye (y se interpreta) a partir de la racionalidad formal o, en palabras de Max Weber, de la racionalidad medio-fin, que es una racionalidad concebida a partir del individuo calculador, y donde las relaciones interpersonales son relaciones contractuales, esto es, relaciones voluntarias entre propietarios de cualquier cosa. Tenemos aquí la médula de la concepción burguesa de igualdad (y de libertad). En efecto, la igualdad burguesa es una igualdad contractual (no simplemente formal): somos iguales porque actuamos como individuos que pactamos contratos unos con otros y procedemos según esos contratos (los contratos obligan a actuar correspondientemente). Todos los intercambios son vistos en términos contractuales, todo es mercado: mercado de bienes, mercado de servicios, mercado de factores productivos, mercado de votos, mercado de afectos, etc.”… -GPC Costa Rica-

    El conflicto actual “salvadoreño” entre los aspirantes a oligarcas y los trabajadores puede resolverse democratizando al capitalismo, eliminando las desigualdades, alentando la movilidad social, facilitando la gobernabilidad sin promover un golpe de Estado “desarmado”, permitiendo que el capitalismo se desarrolle en las veredas de la nación y los barrios de San Salvador. www.cesarramirezcaralva.com

  • Decisiones “políticas” (in)constitucionales

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    La última palabra sobre cualquier proceso constitucional reside en una Sala de la Corte Suprema con fallos inapelables, eso al menos por ahora parece el círculo del absoluto, casi “Yo el Supremo”… un poder constitucional que define el bien y el mal. El calificativo de un ciudadano y su pertenencia a un partido comunista o similar, es casi la vida o muerte civil, esa decisión se parece a proclamar: “a mí nadie me manda”, no tengo obligación de dar explicaciones a nadie, decido si la República puede o no continuar con sus gobernantes actuales… Augusto Roa Bastos el notable escritor en su novela “Yo el Supremo” connota éstas afirmaciones, puesto que acá parece que nos gobierna la Sala Constitucional por acciones “negativas hacia un partido” y en contraparte benefician a otro instituto político, en otras palabras desarrolla una agenda de conveniencias, algunas son interpretaciones de la Constitución “no escritas” pero adecuadas a sus intereses.

    La saga de las decisiones afecta la gobernabilidad, el tiempo para un determinado fallo es un verdadero misterio, mientras algunos casos son cuestión de días en otros como los $900 millones para el Estado tienen más de un año de retraso.

    En muchas circunstancias pienso que vivimos gobernados por fallos constitucionales y no por los ciudadanos electos democráticamente, sus pronunciamientos son claramente conceptos políticos, la calificación de un ciudadano sobre su pertenencia a un partido político es suficiente para eliminarle la calidad de funcionario público, ¿Por qué ellos no hablan de su pasado? ¿Son químicamente puros? ¿Les interesa la gobernabilidad o declararán inconstitucional en algún momento al gobierno legítimo de la República?.

    Es muy preocupante nuestra interpretación jurídica nacional, puesto que el ciudadano común vive una cotidiana percepción de intemperie y abandono de sus derechos humanos, veamos algunos ejemplos: la investigación de enriquecimiento ilícito es desigual, mientras algunos exfuncionarios son protegidos otros son perseguidos; la justicia defiende a los delincuentes, son asesinados los testigos criteriados, se falla a favor de los terroristas y los jueces nunca son juzgados por sus arbitrariedades ¿por qué a reos terroristas se les conceden derechos ciudadanos?...vivimos una especie de gobierno de jueces constitucionales con decretos políticos; así como vamos quizás un día por decreto constitucional prolongarán su mandato indefinidamente, por una decisión suprema no constitucional. El resultado de este ejercicio genera un profundo sentimiento popular de frustración, una especie de rebelión silenciosa, un estado de humillación colectiva que induce a la pérdida de los valores jurídicos tradicionales: comunidad, vida, familia, propiedad, nación, República etc. sus acciones degradan nuestra moral y en general disminuyen la voluntad de luchar por los intereses populares, puesto que sus mejores funcionarios son declarados inconstitucionales, así como muchas acciones legítimas para la gobernabilidad.

    Todos deseamos a la nación próspera con valores, un pueblo unido y un destino propio por su trabajo, donde las instituciones funcionen a favor de la mayoría por la vigencia de la democracia, que la verdad acompañe a los jueces y la interpretación Constitución no se menciona ninguna ideología, pero las interpretaciones de la Sala Constitucional parece que tienen dedicatoria política contra la gobernabilidad.

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