César Ramírez
@caralvasalvador
Si la democracia salvadoreña nos permite elegir gobiernos, definir ciertos programas, modelos administrativos, decisiones públicas, el objetivo final deberá concretarse en una sociedad justa, un conglomerado legítimo con estabilidad social. Niklas Luhmann habría enunciado que los programas de gobierno deberían atender dos criterios: “la eficiencia social y gobernabilidad democrática”, estos principios se refieren a la calidad de vida en todos los parámetros: derechos humanos, libertades, asociaciones, administración pública eficaz, regulación del mercado y entre otros un gobierno de leyes; la gobernabilidad por su parte atiende los criterios políticos de consenso y a la estabilidad social. Durante muchos años estas palabras no tendrían sentido en nuestra nación de no existir al menos una comparación entre un gobierno diferente y los cuatro anteriores de los últimos veinte años, no se trata de una apología política sino de la aplicación de la justicia, la participación, solidaridad y cooperación por los mecanismos del Estado permitidos en democracia. Bajo este sustrato de teorías económicas y filosóficas, me parece comprender las propuestas programáticas del partido conservador: desigualdad como norma inamovible, el dominio irrestricto de toda materialidad económica y la aceptación natural que el 20% de la población asuma toda la riqueza de la nación con el 80% de la pobreza en el panorama… esas declaraciones no necesitan estar impresas para leer sus ideales, una sola mirada a sus declaraciones pública reflejan su naturaleza depredadora, a tal grado de justificar la corrupción en sus dirigentes no es un error de una persona, sino una práctica sistemática de su forma de gobernación, a la vista una cantidad de ilícitos que la imaginación se queda corta. Asistimos a una transitividad social puesto nunca antes existieron tantos proyectos económicos de un nuevo gobierno, ni tampoco la denuncia de tan grotescos actos de robos al dinero del pueblo, esta transitividad refiere el ejercicio del voto, el ciudadano envía por su voto el mensaje correcto, el cambio en la forma de gobernabilidad debe continuar. El ejercicio de estas herramientas debe ampliarse, debe consolidarse muchos años más, de tal forma que esta excepción sea la norma.
Asistimos a la transitividad social hacia una nueva justicia, bajo conceptos novedosos donde el ciudadano pueda observar su pasado y elegir no retornar, una calidad de vida con perspectivas de integración económica, la factibilidad de superar la desventaja de años anteriores y las posibilidades objetivas que disminuirán la desigualdad. El examen de estas realidades se ha reflejado en el evento electoral del 02 de febrero y será ratificado el 09 de marzo. El estudio de la desigualdad debe llevarnos hacia una sociedad cooperativa y solidaria con las mayorías, no a la inversa, antes grupos de poder en su afán depredador y excluyente no reparaban en transferir los fondos solidarios de pueblos amigos hacia sus propios bolsillos. El fondo de estas denuncias es el ejercicio de la Justicia, de nada sirve la denuncia si los corruptos evaden todo castigo, evaden la ley y arruinan la democracia, por esta razón debemos continuar con la nueva gobernabilidad.