Justicia en caso: Francisco Flores

César Ramírez

@caralvasalvador

Nuestra nación parece caminar a saltos, sobresaltos, retrocesos y avances lentos, pero también con súbitas caídas con espasmos asmáticos en casos delictivos, quizás por tanta mala noticia en las lecturas de los acontecimientos nacionales, especialmente en la administración de justicia como el caso: Francisco Flores. El juez que conduce el proceso impone al expresidente “arresto domiciliar”, pero esta figura es sinónimo de: "casa por cárcel, en términos generales es privación de libertad de movimientos y comunicación de un condenado o acusado que se cumple fuera de los establecimientos penitenciarios, bien en el propio domicilio, bien en otro fijado por el Tribunal sentenciador a propuesta del afectado”, el 05SEP014 el juez a cargo, decretó esa acción judicial. Es significativo que inmediatamente esa residencia se transforme en prisión, es una “casa cárcel”, condición que afecta a los vecinos, negocios, oficinas, etc., por la identificación de la nueva “Cárcel del Bulevar del Hipódromo”, similar a la de Mariona o de Mujeres en Soyapango, etc… la lectura de este evento también connota un cambio en la visión de seguridad de la zona, a unos cuantos metros se encuentran embajadas de naciones amigas, la exposición a la vista pública por un caso indignante no está excluida de convertirse en sitio de concentraciones y protestas de los afectados en el desvío de las donaciones internacionales. Es de hacer notar que el día lunes 08SEP014 una cadena internacional difundió una entrevista con el expresidente, si generalizamos todas las personas acusadas en condiciones similares podrán brindar entrevistas a los medios de comunicación e influir en la opinión pública, ¿la justicia ofrece esta oportunidad?, de ser así es un precedente e invitación para imitar esa iniciativa, entonces es posible el acceso a videoconferencias, llamadas internacionales, uso de redes informáticas, comunicación sin límites con el exterior…¿es legal? ¿Se permite a otros seres mortales de la nación con similares acusaciones o es un caso único?. En las crónicas judiciales se indicó el pasado 6 de mayo 2014 que la jueza del Juzgado 1° de Paz de San Salvador determinó que el hecho que Francisco Flores no se presentara a los citatorios de los Tribunales, como suficiente motivo para ordenar la captura del exmandatario. En la resolución la jueza también ordenó el embargo de los bienes de Flores que fueron congelados a petición de la Fiscalía General de la República; sucede que la residencia-cárcel tiene una orden de embargo, de ser así ¿es legal que el acusado habite una residencia embargada por el Estado? ¿Será que el expresidente no tiene bienes en absoluto?. El pasado 01 de mayo de 2014 la Fiscalía General de la República acusó al expresidente de tres delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia. El acumulado de cargos corresponde a un supuesto desvío de $15.3 millones  provenientes de Twain, de éstos $5.3 millones corresponden al delito de enriquecimiento ilícito y el resto, a lo señalado en un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que fue remitido a la FGR en octubre de 2013. El día 08SEP014 la FGR exhibió una argumentación jurídica ante la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador con el objetivo de revertir el arresto domiciliario que el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador le otorgó a Flores. Parece un juego de policías y ladrones, pero no olvidemos que el expresidente fue un fugitivo de la justicia, ¿en el futuro a todo delincuente en la misma situación se le permitirá el mismo privilegio?. ¿Qué clase de justicia estamos construyendo?

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César Ramírez

@caralvasalvador

¿La seguridad es un concepto de clase social o un discurso político?, si nos ubicamos en la clase social los más pobres de la nación no tienen seguridad alguna, ni ahora ni en toda la historia de la nación, los pobres nacen inseguros y morirán intentando superar sus falencias, sean materiales o de realización personal. La seguridad como discurso político es excluyente, los datos de trabajadores fallecidos en manos de la delincuencia no tiene comparación con sus contrapartes de las élites económicas, los datos son desproporcionados.  En este momento del año 2014 la seguridad (personal ciudadana) me parece un esquema defensivo y ofensivo. En nuestra nación la seguridad no es un concepto popular, es conocido que el pueblo no tiene seguridad alguna, los pobres no tienen guardias armados, ni escoltas, ni siquiera las grandes poblaciones tienen organización autodefensiva, nada… el monopolio de la seguridad reside en los instrumentos del Estado. Estemos de acuerdo o no, la seguridad para el pueblo ha sido entendida bajo un criterio político, no es un dictado que responda a la organización popular de barrio por barrio, casa por casa, cantón por cantón, ha sido una jurisdicción exclusiva de los políticos, pero muy recientemente este concepto ha cambiado; ahora es motivo de opinión y organización ante el avance de un nuevo modelo de inseguridad: “la delincuencia organizada”.  En otros tiempos este avance delictivo era ajeno a los núcleos populares, a sus organizaciones internas; el discurso político siempre llamó a confiar en las instituciones, así era la norma. Ahora sufrimos a diario (des)información de los datos delictivos de nuestra seguridad ciudadana, ¿qué hacer? La respuesta popular es contundente cuando los ciudadanos enfrentan en igualdad de condiciones a los delincuentes, muy caro pagan los agresores sus atropellos.  La seguridad de las clases sociales altas ¿está en crisis?, se sienten amenazados empresarios, banqueros, industriales, etc. Por supuesto que no. No obstante los golpes más rudos de estos criminales son dirigidos hacia el pueblo trabajador, por momento indefenso. Paradójicamente el discurso de seguridad personal comienza a cambiar, la clase política asociada a los grandes estamentos económicos muestra signos decadentes, en sus filas se encuentran diputados con antecedentes de narcoactividades perseguidos por la justicia internacional, otros diputados fueron asesinados en Guatemala por grupos policiales vinculados a traficantes de drogas, recientemente los nombres de prominentes políticos  y hombres de negocio circulan en las redes sociales señalados por la Trata de Personas. Estos actos parecen el mundo bizarro, donde  las clases sociales altas propician la inseguridad nacional.  El colmo de esta situación de “inseguridad clasista” son los datos divulgados en medios de prensa, un religioso extranjero en sus grabaciones privadas se burla de todo, incluso de la fe de los feligreses por el Día de la Cruz, oficiaba misa pero cometía ilícitos con sujetos identificados de “terroristas” por Estados Unidos, resulta que los fieles encomendaban su seguridad personal al propio demonio disfrazado de ministro de Dios… introducir un celular a la prisión es peor que diez fusiles en las calles… Si nuestra sociedad muestra signos decadentes en la seguridad ciudadana es oportuno valorar un nuevo tipo de ciudadano unido a las instituciones policiales, Fuerza Armada, Inteligencia y autodefensa, este tiempo requiere unidad de acción ante un poderoso enemigo, nunca antes enfrentado: el crimen organizado… esperemos no llegar tarde. www.cesarramirezcaralva.com