César Ramírez
@caralvasalvador
Aquél 22 de julio del 2008, entró en vigencia el impuesto por llamadas internacionales que ingresaban al país e inmediatamente se reflejaron en las facturas del mes de agosto; en aquellos tiempos el presidente Antonio Saca sancionó la ley con 40 reformas.. etc. De esa manera el 24 de julio de 2008 el grupo parlamentario de ARENA, impulsó enmiendas a la Ley de Impuestos Específicos a las Llamadas Telefónicas Provenientes del Exterior (El impuesto de cuatro centavos por cada minuto de llamada internacional) que terminan en El Salvador, con cambios a “petición de las compañías telefónicas y de la Superintendencia General”. Las compañías locales debieron trasladar los fondos por el cobro al Ministerio de Hacienda, en aquél momento se esperaban recaudar aproximadamente $9.2 millones para el Estado; dichas reformas fueron publicadas con dos semanas de anterioridad en el Diario Oficial. Ahora siete años después, el impuesto para hacer llegar fondos al Estado es considerado un atropello, a pesar que los fondos tienen como objetivo la Seguridad Nacional, esa seguridad que implica la misma protección a las inversiones internacionales, a los trabajadores de las telefónicas, a sus instalaciones y propiedades, pero el argumento que en años anteriores fue aprobado, ahora se considera un anatema, ¿Cuál es la diferencia?: no es la derecha la que impulsa ese impuesto, en otras palabras es un lenguaje político, una opción ideológica que ayuda a un sector que no preside el Poder Ejecutivo y los intereses de las mayorías. Según los principios de la privatización de las telecomunicaciones se otorgaron concesiones a empresas internacionales con el objetivo de facilitar la competencia entre empresas, no obstante cuando las empresas telefónicas unen esfuerzos ese principio es letra muerta, puesto que se constituye en una colusión: “Es cuando las empresas en el oligopolio (es un mercado dominado por un pequeño número de vendedores o prestadores de servicio telefónico) se ponen de acuerdo para actuar coordinadamente a la hora de ofertar sus bienes y de poner sus precios, con lo que logran mayor beneficio total para cada una de ellas que cuando actúan por separado, lo que en ocasiones lleva a una situación parecida, desde el punto de vista de los consumidores, a la del monopolio. Poniendo como extremos el monopolio y la competencia perfecta, definimos el oligopolio como aquella situación de mercado en la que existen un pequeño número de productores” –wikipedia- de tal forma que esta concentración de los productores (de telecomunicaciones) deciden negociar en bloque y no individualmente; es sintomático el caso, quizás alarmante, estas empresas no solo evaden disminuir la potencia de las torres que amparan los centros penales sino que niegan ahora un impuesto para la seguridad nacional, favoreciendo a terroristas; recordemos que un “celular en la cárcel es más peligros que 10 AK 47 en la calle”, el resultado es grave: la competencia se elimina, no existe diferencia entre compañías y por lo tanto el mercado de las telefónicas niega los principios de la privatización, concluyendo en una parálisis del sector en este caso a conveniencia de las propias empresas, pero no favorece a los nueve millones de usuarios de servicios móviles en su seguridad y que al final pagan a las transnacionales. Solución: acepten el impuesto, todos ganaremos…
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