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Delito político es impedir la gobernabilidad

 

César Ramírez

@caralvasalvador

Si colocamos como centro de gravedad a la política partidaria sobre los objetivos estratégicos nacionales, permaneceremos hasta el infinito en combate ideológico con un alto costo social, dinerario, familiar, seguridad nacional, salud, educación etc. lo cual en determinado momento llegará al “punto de no retorno”, una inflexión conocida en otras naciones… ¿a quién conviene éste escenario? La respuesta es: solo a unos cuantos privilegiados que en ninguna manera son afectados por las crisis de las familias salvadoreñas, puesto que ellos desean a cualquier precio recobrar su “finca particular” sinónimo de la administración del Estado, para retornar a sus negocios discrecionales, tal como hemos conocido en los últimos años.

La crisis permanente como arma contra el desarrollo social, es sinónimo de ingobernabilidad, intolerancia y donde las opiniones de los ciudadanos se encuentran en forma piramidal y no horizontal.

La democracia es aceptar la decisión de las mayorías sobre las minorías luego de un proceso electoral, si eso no sucede ¿de qué sirven las elecciones?. La democracia no se fortalece con acciones que atentan contra la salud del pueblo, ni con bloqueos de carreteras que afectan a miles de ciudadanos ¿acaso los trabajadores no tienen derechos? ¿las acciones ilegales podrán continuar hasta el infinito? … el abuso de las contingencias de esta naturaleza propicia el extremismo, tal como ha sucedido en otras naciones, en determinado momento se pierde el control de las multitudes fanatizadas, en ese momento se inaugura la violencia que nadie desea.

A partir del Acuerdo de Paz de 1992 existe un tácito pacto de respetar la constitución escrita y su espíritu, ahí no existe una doctrina ideológica, ni un contrato secreto que mencione que son permitidos los delitos políticos contra ese Acuerdo de Paz, puesto que un delito político es sabotear el bienestar de la nación, bloquear el presupuesto nacional, impedir los empréstitos del Estado para pagar deudas heredadas, ni el desfinanciamiento del Estado con fines desestabilizadores, etc. en otras palabras impedir gobernar al Estado es un crimen contra el pueblo, debido a que existe un marco constitucional que otorga legalidad a la actual administración.

Las acciones que observamos se pueden calificar de extremismos políticos contra el desarrollo nacional, ellos aún piensan que defienden la democracia pero se equivocan, si su bandera es la defensa de la evasión de impuestos, si niegan sus votos para el presupuesto nacional y convierten el diálogo de soluciones entre partidos en un artefacto de tiempo en contra de los intereses financieros de los trabajadores, están cometiendo un delito político, sus manifestaciones ilegales son un instrumento que golpea al sistema democrático no a una institución política. Con esta crisis permanente que niega la racionalidad, no se abona la opinión pública, lo único que hace es conformar un abismo de clases sociales que genera odio, violencia, falta de credibilidad a todo el sistema social y nos conduce al paroxismo nacionalista de otros pueblos como Grecia, Argentina, etc. conduce a la crispación y a la desesperación colectiva, pero no ayuda a pagar las deudas del Estado, ni a los pensionados, ni los escalafones, ni al financiamiento del tesoro público, solo conduce a la parálisis social.

Los delitos políticos deben condenarse porque violan los derechos de los ciudadanos, son inconstitucionales, son violencia contra el Acuerdo de Paz… propongo establecer ese delito político por el bien de la nación.

www.cesarramirezcaralva.com

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