César Ramírez
@caralvasalvador
El caso me recuerda temas clásicos: La petición del fiscal es sorprendente… calificando el evento de “saqueo público”, en poco tiempo los juzgados aceptan la petición, enviando a los presuntos implicados a prisión, procediendo a “ordenes de captura” contra unas decenas de personas.
El medio “verdad digital” publicó el 12JUN018 “El fiscal director de la investigación contra el ex presidente Mauricio Funes, Jorge Cortez, soltó una verdadera bomba, admitió que la Fiscalía General no tiene pruebas contra el ex gobernante pero aún con esa grave falencia iniciaron el proceso judicial en su contra” y continúa: “"(Que el ex presidente Funes no pagara directamente) no lo exime, le da una responsabilidad penal por haber ordenado que se realizaran estas acciones", dijo el investigador fiscal, dejando todavía muchas dudas en el aire de las verdaderas razones y motivaciones del fiscal general, Douglas Meléndez, quien dijo que la investigación contra Funes tardó dos años.
El ex mandatario se ha defendido a través de sus redes sociales y ha insistido en que el fiscal general "carece de pruebas para incriminarme".
El caso además implica los famosos testigos criteriados, que apuestan a reducir sus penas delictivas acusando a los presuntos implicados, agreguemos los nombres colaterales de periodistas, pasaportes oficiales etc. es una fiesta mediática y morbosa.
La justicia debe proceder en todo caso apegada al Derecho, otorgando el privilegio de la duda a los imputados, no obstante en estos momentos por las formas declarativas mediáticas, redes sociales etc., todos y todas son “culpables”, la sombra de la muerte civil se extiende sobre las familias, amigos, exfuncionarios.
La trama es conocida: existen víctimas de testigos falsos, falta de concreción de la fiscalía, periodistas amarillistas, el uso de medios de comunicación televisiva de la Fiscalía, recuerda las transmisiones contrainsurgentes de la guerra civil que al nombrar ciudadanos equivalía a la pena de muerte, además se calificó a las mujeres en forma humillante. Es sintomática una acusación de esta naturaleza, a Monseñor Romero se le acusó en repetidas ocasiones de comunista en la televisión nacional sin reparo alguno, Ellacuría y su Consejo Superior de la UCA fueron señalados de guerrilleros y pidieron su muerte en forma pública ¿será diferente con el expresidente Funes?
Ante esta acusación penal y sin defensa alguna de los implicados, el caso ya tiene un fallo de afirmación pública: “no se presumen inocentes”.
La justicia a pesar de todo debe funcionar hasta agotar sus procedimientos.
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