Caralvá
Los recientes informes de masacres en: Guatemala, México, El Salvador y Honduras nos dejan la incertidumbre de un complejo de situaciones que por momentos parecen estar fuera de control de las fuerzas institucionales.
Las poblaciones económicamente activas en su desesperada búsqueda de la realización económica generacional, no detienen su flujo hacia Estados Unidos, al igual que el tráfico de drogas que se realiza de Sur a Norte, pero ahora existe una fuerza extraña que parece llegar de Norte a Sur, estas son poderosas bandas armadas que corrompen los débiles lazos de legalidad-justicia-gobernación y se apoderan de corredores estratégicos para sus acciones delictivas; es notable el aumento de homicidios en áreas rurales y puntos fronterizos, parece que estas bandas organizadas tienen prioridades en puntos específicos de mar y tierra, puesto que en esos sitios acontecen hallazgos de drogas , armas y tráfico de personas en volúmenes sorprendentes.
Recientes noticias del involucramiento de personalidades en ilícitos de estupefacientes con nexos policiales y judiciales, nos recuerdan el esquema que han vivido ciudades de Colombia y México, con resultados dramáticos por las delicadas soluciones posibles, además del largo proceso de pacificación y violentos eventos donde no existen ganadores visibles. ¿Asistimos a un nuevo modelo social colmado de dinero sucio? Podríamos afirmar que vivimos ¿el narco-capitalismo? A lo mejor estas afirmaciones son exageradas y sin fundamento, pero no debemos engañarnos, la necesidad de una entidad regional con poderes supranacionales y capacidad de ayuda a gobiernos locales es urgente, porque nuestras instituciones no fueron diseñadas para una guerra especial del tipo que observamos a diario. No existe capacidad de respuesta - por el momento- al dinero sucio, ni a sus armas.
Por esa razón en las calles de la ciudad se incrementa el comercio ilegal, el tráfico de estupefacientes, crímenes contra estudiantes, etc. Perdemos esta guerra. Necesitamos nuevas leyes, más facultades al ejército, restricciones legales a notorios delincuentes y la renovación de instituciones inoperantes. Cooperación internacional o formación de un nuevo gobierno trans-regional es mejor que lamentarnos a futuro.
Nuevas leyes y facultades para la defensa de la democracia son ahora nuestro desafío, el dolor de tantas familias afectadas clama por la justicia.
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