Caralvá

Cuando un fenómeno es recurrente como el caso de Honduras el  28 de junio 2009, donde Roberto Micheletti sustituye a Manuel  Zelaya como mandatario interino, la comunidad internacional calificó la situación de golpe de Estado; hace unos días el 22 de junio de 2012 el Congreso de la República de Paraguay destituyó al Presidente Constitucional Fernando Lugo en un juicio relámpago de 5 horas, la comunidad internacional reacciona calificando dicho evento de igual forma: Golpe de Estado.  Este cambio no es el clásico evento del siglo pasado, sino una acción que implica varias fuerzas concurrentes, entre ellas la traición de un sector poderoso del mismo partido gobernante al negar su apoyo en el congreso a su dirigente y la confabulación con fuerzas opuestas al liderazgo del presidente constitucional. Algunos argumentos contra Manuel Zelaya fueron: “salvar a la patria”, “contener al comunismo internacional”, “ruptura constitucional”, “ilegalidades en el orden institucional” y rechazar todo argumento intelectual a favor de la continuidad democrática; esa retórica es muy similar a los argumentos de las oscuras fuerzas de Paraguay al afirmar algunos miembros del Congreso : “un mal desempeño de sus funciones” y con 39 votos a 4 (2 ausentes) se declaró culpable al presidente, procediendo a su destitución, puesto que se superaron los dos tercios de los votos tal como lo exige su Constitución, el resultado es el mismo, la democracia caduca ante una interpretación de la clase política que traiciona la continuidad de los procesos constitucionales. Una lectura inicial de estos fenómenos parecen indicar que la democracia no es para siempre en el siglo XXI, tampoco la delegación política y el apoyo a su liderazgo de cambio de los ciudadanos a un presidente, son acontecimientos inéditos pero ahora no parecen aislados, asemejan eventos cíclicos y focalizados, como réplicas de espejos diabólicos, de tal forma que no será extraño que sucedan en cualquier otra nación donde una interpretación (-i-legal) constitucional puede ser esgrimida para una destitución presidencial con una velocidad sorprendente, mandando al carajo el apoyo ciudadano hacia su mandatario, como en los viejos tiempos del autoritarismo. Si este es el destino de la democracia latinoamericana, nos aproximamos al fin de una era de teoría política, puesto que esos eventos demuestran que la democracia tiene caducidad por confabulación legal de la clase política, con un resultado desconcertante en: tiempo, gestión y liderazgo, parece que los períodos de delegación política ciudadana están destinados a terminar prematuramente. Resulta evidente que existe la traición de sus propios partidos al cambio impulsado por ambos presidentes y la prisa por su destitución, tampoco importa las consecuencias nacionales e internacionales.  La clásica pregunta de Alberto O. Hirschman: “Retóricas de la intransigencia”, dice: dentro de la democracia: ¿qué podemos hacer?: “cambiarla, perfeccionarla, destruirla, revolucionarla”…según los nuevos parámetros en Honduras y Paraguay la respuesta parece ser además: “caducarla y apropiarla” a gusto de la clase política. Nuestro país que parece caminar al borde del abismo con interpretaciones divergentes entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, se discute extrañamente un argumento parecido: continuidad o no del orden constitucional, la historia al menos tiene dos ejemplos recientes y sus resultados son la caducidad democrática y apropiación del período presidencial.

www.cesarramirezcaralva.com

Caralvá

Aquél 20 de junio de 2010 aconteció un acto de terrorismo cometido por pandillas al incendiar un microbús donde fallecieron 17 personas y lesionaron a más de 14 con quemaduras de tercer grado, es un suceso que debe permanecer en la historia nacional como inolvidable, es lo menos que podemos hacer por las víctimas inocentes de esa tragedia. No olvidar es recordar ese crimen, no olvidar es perseverar en el sentido de libertad ante ese atropello, así pasen 200 años. Un evento de esa naturaleza implica la moral de los ciudadanos y la justa indignación por la violencia desenfrenada de las autodenominadas maras, las cuales solo tienen como objetivo: delinquir y asociarse para destruir a las instituciones democráticas. Estos actos tienen una saga de impunidad jamás observada por estructuras delictivas y crimen organizado, existen muchos jóvenes desaparecidos, asesinatos de profesionales, maestros, padres de familia, niños, niñas, miembros de ONG, periodistas como Christian Poveda etc.,  una larga lista de inocentes que claman justicia.

En ciertos momentos tan amargos como ese día, las víctimas se muerden los labios para no proclamar la venganza efectiva contra toda esa agrupación terrorista, los familiares de las víctimas poseen el honor de pedir el máximo de la justicia, a pesar que en otras circunstancias el mismo pueblo alzado en armas ha dado muestras de un coraje insuperable a lo largo de la historia ante enemigos mucho más fuertes. Esas acciones terroristas provocan el ánimo de tomar la justicia en las manos para construir una paz que reivindique a la nación, situación en extrema peligrosa que los salvadoreños conocemos con mucho dolor, con mucho luto, con demasiados huérfanos y destrucción, pero según parece estas estructuras no miden la capacidad del Estado ni del pueblo en su calidad de respuesta, son ignorantes de coraje que poseemos debido a que la construcción de la democracia proclamó una justicia tan generosa que no promueve el odio ni la venganza, por el contrario pide la transformación de los delincuentes. No obstante: ¿Ésta justicia ampara a las víctimas de tanta violencia? Si sucede ese momento,  el odio desatado será el peor remedio a este cáncer, por ello parece que vivimos en la frontera de ese abismo mortal que arrasará a miles de vidas de esas estructuras, pero también otros tantos inocentes, por esa razón el canto de la venganza debe evitarse, pero a cambio las maras deben desaparecer. Acá no se necesita fabricar enemigos, acá no se busca una guerra, suficiente con la justicia para esos actos terroristas, los cuales son calificados internacionalmente de crímenes contra la humanidad. Aquellos que niegan estas verdades son similares a los defensores de Osama Bin Laden con sus atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La ciudadanía debe ejercer el poder de la denuncia, no debemos temer a estas estructuras, nuestros jóvenes merecen la libertad que nosotros hemos conocido por breve tiempo, el ejercicio de las leyes debe imperar, a pesar que el fallo de ciertos jueces ahogue nuestros gritos de indignación por la mala administración de la Justicia. Cómo calificar la liberación de delincuentes por negligencia al corroborar sus sentencias, la libertad de asesinos, el asesinato de testigos, etc. La democracia debe prevalecer, el odio debe desterrarse, pero las maras deben desaparecer.

www.cesarramirezcaralva.com