Caralvá
El producto de esa campaña presidencial irregular es la desinformación nacional sobre los intereses de la Patria, si observamos las acciones al interior de la Corte Suprema de Justicia, con el tratamiento de líderes de opinión sobre el tema, además las instituciones religiosas pronunciándose al respecto y si agregamos el tema de seguridad como bandera política, sin dejar de lado el tema económico… el panorama se presenta similar a un mar de gritos imprudentes que se confunden con propuestas fuera de lugar, en otras palabras un marasmo en la iniciativa democrática.
Toda acción ciudadana es confundida con planteamientos políticos, todo genuino esfuerzo por solucionar los problemas es comprendido como una bandera partidaria con graves consecuencias para el futuro de la nación, puesto que la ciudadanía se divide a favor o en contra de cualquier proposición motivado por saturación mediática en lugar de la prudencia: jurídica, religiosa o política, así la opinión pública es inducida bajo el principio que el “voto” es el final de esta realidad, pero resulta que este momento no es plebiscito, ni consulta popular, ni nada parecido. Parece que se pretende acumular memoria positiva o negativa en relación a conflictos jurídicos, demandas de inconstitucionalidad, magistrados cuestionados políticamente, etc. olvidando que en este momento el ejercicio ciudadano del voto ni siquiera está en cuestión, que los problemas pueden extenderse más allá de ésta campaña presidencial no oficial, recordemos que ninguno de los llamados candidatos está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral.
El Tribunal Supremo Electoral fija la fecha de Convocatoria a Elecciones Presidenciales el 23 de Septiembre de 2013, en la actualidad las acciones de los partidos políticos contradicen esas normas; si la inscripción de Candidatos a Presidente y Vicepresidente es el 24 de septiembre de 2013, entonces las personas aspirantes por si solas, no pueden autodenominarse, serán acaso propuestas de ciudadanos “solicitantes a nominación”, que deberán cumplir los requisitos del TSE, luego realizar la campaña correspondiente, pero eso es letra muerta.
Aceptemos que la Ley Electoral tiene un vacío tremendo en este momento, que la campaña presidencial no oficial, se desarrolla sin ningún impedimento, ni Ley alguna que controle este ejercicio, pero los resultados en este momento son graves, por ejemplo: el recurso de inconstitucionalidad contra el candidato Elías Antonio Saca, presentada el 16 de agosto, es interpretada a conveniencia de los institutos políticos, ¿caso un ciudadano no puede poseer iniciativa?... ese es el producto de esta campaña presidencial no oficial, una lectura a “conveniencia de las partes”. Consideremos un escenario a futuro, La Sala de Constitucional resuelve a favor de la inconstitucionalidad… ¿qué interpretación tendrán las partes?, y pensemos en conflicto de las Salas de la Corte Suprema, tendríamos un escenario complicado por el clima de opiniones crispadas.
El resultado se corrompe por las diversas lecturas de una realidad posible, debido a las respuestas emotivas o instrumentalizadas por los medios de comunicación.
Por estas razones el llamado a la prudencia es necesario, en algunos puntos de colisión de principios no se debe buscar la “supremacía” de una tesis, sino el precedente histórico que beneficie a la nación y no a sectores interesados.
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