Caralvá
En este momento de la segunda década del Siglo XXI, la sociedad salvadoreña está cambiando, avanzamos hacia una nación plural, participativa, democrática, que deja en el pasado los privilegios oligárquicos, el autoritarismo, la impunidad, el nepotismo etc., conceptos excluyentes que tanto daño han causado al pueblo salvadoreño.
El caso de CEL-ENEL es una verdadera escuela de interpretación jurídica, social, antropológica e histórica, no solo es un precedente, sino que el resultado de este evento servirá de inflexión para las futuras generaciones.
Dentro de este panorama observamos a personas e instituciones, es evidente que los funcionarios públicos entronizados en sectores de poder, terminaron pensando y comportándose como dueños de las instituciones, terminaron ejerciendo el poder absoluto, omitiendo el control y poder de otras instituciones como la Asamblea Legislativa.
En este momento de avance de la sociedad democrática salvadoreña, los funcionarios públicos actuales y del pasado, no deben estar fuera de la legalidad, ni las demandas del Estado, por esta razón las iniciativas de la Fiscalía de la República parecen insólitas en una nación que no tiene tradición de control de la corrupción pública.
Se informa que muchos funcionarios fueron exonerados y otros pasan a otra fase de instrucción, sin detención. Es extraño puesto en ocasiones algunos ciudadanos son expuestos esposados y encarcelados por delitos menores, como una periodista agredida gratuitamente, mientras en este caso es evidente la desigualdad del procedimiento. ¿Dónde inician las verdades y dónde terminan las mentiras? Es cuestión de Ley o el derecho de la nación, ¿acaso solo es cuestión de abogados?, de ser así perderemos mucho más que un caso.
La sociedad salvadoreña debe intervenir pronunciándose contra la corrupción, puesto que todos somos afectados.
Todo el procedimiento del caso es emblemático: los contratos, las acciones, la creación de sociedades, una intrincada red (i)legal que connota un(os) cerebro(s) financiero(s) educado(s) para delitos de cuello blanco. Quizás la delegación de responsabilidades en algunos funcionarios no estuvo a la altura de la ética, ni de la confianza de la nación; no obstante toda sociedad tiene formas exigibles para no tolerar la impunidad.
El daño causado se refiere a montos de dinero reclamados por medio de una sociedad artificial, esa no es ninguna ficción y el afectado es el pueblo salvadoreño.
La diferencia de nuestra sociedad democrática con las anteriores, es la Justicia que se ejerce en base al Derecho, el desarrollo de este proceso significa al final la defensa de los intereses nacionales, es la sociedad la que debe exigir, práctica y eficazmente por primera vez en su Historia el cumplimiento de las responsabilidades por este evento público.
Este suceso connota el repudio de los exfuncionarios a rendir cuentas, nuestra sociedad ha sido inducida hacia la indolencia y desinterés en la participación los bienes patrimoniales, solo hemos observado el fomento del conformismo y el secretismo del destino de las finanzas públicas.
CEL-ENEL es un buen examen para cambiar esa tradición de silencio en el manejo de los dineros públicos.