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  • ¿Ciudadanos apolíticos en el TSE?

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    Existe una propuesta ciudadana para crear el Instituto Electoral, destacando el siguiente planteamiento: “los miembros de ambas instancia deberán ser salvadoreños de nacimiento, mayores de 40 años y no tener filiación partidaria, entre otros requisitos”… me parece que éste último es el leitmotiv, una condición que yace en repertorio de la misma sinfonía que vivimos desde los acuerdos de paz. La filiación partidaria… es la línea de pensamiento que apunta a la opción ideológica de los candidatos, y estos ciudadanos solicitan una reforma constitucional sobre los art. 208 y 209,  no obstante para llegar a ellos se deben reformar los art. 2,3,4,5,6, y principalmente el art.7 cn. “Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho de no pertenecer a una asociación”…. De tal forma que la solicitud parece muy extraviada, puesto que toda persona tiene derecho a una filiación partidaria. No obstante si la Sala Constitucional califica una calidad partidaria a un ciudadano no hay defensa posible, extraña norma no escrita.

    Es mi opinión que la acción antes enunciada tiene por objetivo otro elemento tácito, éste es que las personas no posean una ideología “extraña”, una opción política por ejemplo: “antioligárquica”, etc. que éstas personas sean “políticamente puras”… es decir leales al dogma libertario de la democracia excluyente y del capitalismo salvaje del Siglo XX. Para ellos el Tribunal Supremo Electoral deberá estar dominado por elementos conservadores, puesto que cualquier otro es sospechoso de ser comunista, éste factor simplemente se denomina: “desconfianza política”… La desconfianza política genera odio, violencia, expresiones inaceptables en el orden de los derechos humanos, es una condición de parálisis multifuncional, ese criterio nos ha acompañado desde el Siglo XX, es una extraña visión maniquea capitalista (los elegidos –líderes- y los oyentes –servidores-), la desconfianza política pretende denigrar a una persona o causar su muerte civil. Un día deberíamos de escribir un balance sobre todas las “muertes civiles” a causa de infundios divulgados por los medios de comunicación… no son pocos.

    La desconfianza política puede superarse, evidentemente el marco teórico de los Acuerdos de Paz enuncia una nueva sociedad, bajo el objetivo de construir líneas fusionadas entre los actores políticos, acciones que deberían conducirnos a la cooperación y superación de los horizontes del pasado represivo y oligárquico, ese trabajo conjunto al final generaría la confianza de elevar nuestra sociedad hacia la democracia y no enfilarla al pasado que nos condujo a una guerra civil.

    La generación de confianza en todo caso se iniciará por la tolerancia política, realidad que aún parece un sueño, la confianza política es sinónimo de concebir la opinión política en término horizontales unas con otras, lado a lado, no superiores a ninguna, sino con mucho respeto incluso de las minorías. A nadie se le puede negar el derecho constitucional de asociación y optar por cargos públicos, así como la defensa de los Acuerdos de Paz con su singular opción política.

    www.cesarramirezcaralva.com

     

  • Debilitar la gobernabilidad por cualquier medio

     

    César Ramírez

    @Caralvasalvador

    El amparo constitucional de los candidatos a diputados encendió una discusión inédita en la nación: el recuento de votos ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia versus la decisión del TSE al declarar firmes los resultados de  las elecciones a diputados y alcaldes; un organismo colegiados firma y publica los nombres de los designados a cargos públicos, pero horas después su nominación es calificada de “provisional”. La constante de estos fallos constitucionales, son coincidentes con un clima de negación de inversiones del Sector de la Iniciativa Privada, las fuerzas conservadoras niegan empréstitos incluso para la seguridad nacional, mientras fundaciones y gremios aliados  predican a sol y sombra que el Estado no funciona, en otra vertiente los poderosos medios de comunicación siembran la imagen negativa contra funcionarios públicos día tras día divulgando insinuaciones de corrupción e ineficiencia; estas líneas de comunicación negativa apuntan a la destrucción de las instituciones democráticas. El panorama configura el asalto al poder por medios legales o ilegales, no son situaciones aisladas, son una constante de “desinformación” articuladas durante años, estas acciones se construyen por medio de noticias, eventos, foros, opiniones, rumores, etc., para aislar a los gobernantes y propiciar un golpe técnico constitucional e instaurar un retorno del poder oligárquico en el poder ejecutivo, pero olvidan que los gobernantes han sido electos por el pueblo en elecciones libres.

    Existe un factor de punta de lanza en esta conspiración perversa, el tema de la seguridad nacional junto a elementos del antiguo ejército, mantienen una plataforma desestabilizadora de largo plazo; en este vértice los grupos del crimen organizado parecen unirse contra la democracia al coincidir en el tema de debilitar a las instituciones del Estado, cometiendo actos terroristas contra civiles, policías o soldados desarmados, jueces, profesionales, escolares etc., actos que en lugar de conducirnos a la unidad nacional, son utilizados por los grupos conservadores para agredir el orden constitucional y lanzar improperios contra los funcionarios públicos. Se trata de restar toda la base de apoyo popular al gobierno democrático aunque no estemos en campaña política, se pretende constituir un poder paralelo al Estado por medio de estructuras de facto constitucional en  niveles que la Carta Magna no refiere por ejemplo: impedir que los militares retirados ocupen cargos públicos, legislar la militancia de abogados e impedir su incorporación a cargos de primer nivel, impedir procedimientos jurídicos para juzgar a sus miembros por faltas a la ética, fallar tardíamente en el caso electoral de un candidato con impedimento constitucional, impulsar el voto cruzado a pocas semanas del evento electoral, propiciar un recuento de votos que crea incertidumbre en el sistema democrático y siembra un precedente constitucional sobre el TSE como máxima autoridad electoral, etc. Este mapa desestabilizador tiene por objetivo estratégico provocar un golpe técnico desde la Asamblea Legislativa bajo cualquier excusa, sea por la seguridad nacional o una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y paralizar al Poder Ejecutivo, etc… Me parece que defender el modelo democrático comienza con la denuncia de esta conspiración oligárquica y llamar a la opinión pública para que se pronuncie contra éstos mecanismos perversos en nuestra nación.

    www.cesarramirezcaralva.com

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