César Ramírez
@caralvasalvador
El novedoso juicio contra el expresidente Francisco Flores tiene mucha resonancia por los ilícitos cometidos, es del dominio público que el Juez Miguel Ángel García resolverá el 3 de diciembre de 2015, sobre la presunción de los siguientes delitos: enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil actuando en calidad de acusadores particulares, solicitaron incluir el delito de “lavado de dinero” lo cual ha sido rechazada por la FGR y la defensa del imputado. Sobre el lavado de dinero la Federal Financial Institucions Examination Council’s (FFIEC) BSA/AML, reseña en su Manual de Inspección Antilavado de Dinero (AML)/Ley de Secreto Bancario (BSA) del Consejo Federal de Inspección de Instituciones Financieras (FFIEC) lo siguiente: “El lavado de dinero es un proceso que puede comprender diversas técnicas y estrategias. Pero el fin último es “lavar” el dinero a través de una serie de transacciones, estas transacciones están diseñadas para ocultar los rastros documentados que conducen al delito original. Las personas que lavan el dinero mueven el producto del delito, o dinero sucio, a través del sistema financiero mundial, en un esfuerzo por “limpiar” el dinero, de modo que parezca haber sido obtenida en forma legítima. El primer paso del lavado de dinero consiste en la “colocación” del dinero en instituciones financieras tales como negocios de servicios de dinero: bancos corredores de valores, casinos, etc., una vez que los criminales “colocan” el dinero en las instituciones bancarias, el mismo pasa “encubierto” al sistema financiero a través de transacciones financieras tales como: retiros bancarios, transferencias por cable y la compra de instrumentos monetarios. El último paso del lavado de dinero es la “integración” de tal dinero a la economía mediante la compra de artículos tales como: botes, casas, automóviles y comercios”… Si el juicio se enfoca únicamente en: enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares y se omite el lavado de dinero, podemos inferir el resultado del proceso jurídico, puesto que estos delitos son menores, tal cual fue el resultado del Caso CEL-ENEL, agregando que el imputado ha cumplido aproximadamente 2 años de arresto domiciliar, por lo tanto una condena sería mínima, además con medidas sustitutivas, “buen comportamiento”, estado de salud, etc., en pocos meses terminaría el proceso legal y el beneficio de la libertad absoluta.
Las denuncias sobre el desvío de fondos por organismos de la sociedad civil coinciden con los procedimientos de la BSA/AML, a pesar que las acusaciones parecen no incluirse en el actual juicio, el contexto general de este ilícito coloca al sistema judicial salvadoreño en la frontera de la credibilidad: ¿funciona o no la institucionalidad? El expresidente Mauricio Funes oportunamente denunció el mal procedimiento financiero por medio de la divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) (USA) que detalla la ruta de los millones donados por Taiwán al expresidente Francisco Flores. En conclusión si los crímenes financieros de esta naturaleza no son perseguidos por la justicia salvadoreña, el resultado del juicio es intrascendente…
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