César Ramírez

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“En este ambiente de tensión se tuvieron elecciones para presidente de la República y Diputados el 20 de febrero (1977). La elección fue fundamentalmente una confrontación entre el Partido de Conciliación Nacional (PCN) , partido oficial que ha estado en el poder desde hace varios años gobernando por medio de militares, y la Unión Nacional Opositora (UNO) coalición de tres partidos. En las elecciones de 1972 el Partido de Conciliación Nacional había minusvalorado el grado de intimidación y manipulación de las urnas para ganar las elecciones a la oposición. Cuando los resultados comenzaron a presentarse contrarios al PCN, el gobierno impuso un re-cuento para hacerlos aparecer en su favor. En las elecciones de 1977 decidieron no correr riesgos. En esta ocasión tenían control de las oficinas locales electorales en el campo y habían modificado las leyes electorales en beneficio propio. Hay fuerte evidencia de que el PCN había preparado muchas papeletas de votación falsas: el número de electores fue inflado más allá de lo que podría esperarse de acuerdo al crecimiento demográfico del país. Otros métodos usados fueron mantener a los observadores legales de la UNO alejados de las mesas electorales y del conteo de los votos. También hubo intimidación a los votantes en el área rural obligándoles a votar públicamente. Finalmente, la UNO grabó lo que parece ser un sistema de radio establecido por el gobierno el día de las elecciones para manipular la votación. En código, desde los cuarteles generales, se impartieron instrucciones a las mesas electorales sobre cómo alterar los resultados de la votación. El resultado final fue de 2 a 1 en favor de Romero. La oposición gritó fraude y organizó una manifestación de protesta en la plaza de La Libertad en San Salvador. A la semana (28FEB977), las tropas disolvieron la protesta matando a un número indeterminado de personas; la oposición dio la cifra de 100 muertos…” En Rutilio Grande Mártir de la Evangelización rural en El Salvador / s.a. UCA editores, San Salvador 1978 pág. 93. Esa es nuestra Historia.

El significado del voto libre, directo, igualitario y secreto (art. 78 Const.) es un derecho reclamado con sangre del pueblo, si una persona llama “no votar” ofende la memoria de aquellos que lucharon por los beneficios que ahora gozan los detractores y se traiciona el derecho ciudadano (art. 72 inc. 1 Const.); finalmente votar “nulo” es la nostalgia por la dictadura.

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Parece un tema utópico después de 26 años del Acuerdos de Paz de 1992, la reunificación no se ha logrado en su totalidad, puesto que cada evento electoral y la fragmentación artificial impuesta por las diferencias económicas, el acceso a los medios de comunicación privados, la interpretación arbitraria de la Sala Constitucional, la oposición férrea al desarrollo nacional por el acceso a bonos internacionales y empréstitos, la reforma al sistema de pensiones, el complejo modelo impuesto electoral etc. no cohesionan a la sociedad hacia una “reunificación” sino que la dividen en una sociedad de extremos irreconciliables, con la resultante de un territorio y dos naciones, dos fuerzas, dos polos antagónicos que distan mucho de un encuentro racional.

Aún vivimos la guerra fría en la nación, de esa manera la cantidad de falsedades divulgadas por los medios de comunicación de las derechas hacen festín con: presunciones, verdades a medias y mentiras absolutas, las cuales a pesar de rebatirse legalmente el desmentido y corrección es mínimo.

¿Es necesario continuar los siguientes treinta años de la misma manera que las décadas pasadas? Hablamos de tres generaciones de salvadoreños que continuarán con un presagio fatalista, sin carreteras rurales, sin recursos para hospitales, medicinas, educación, seguridad etc., todo ello debido a la obstinada opción conservadora que considera que todo proyecto social es un derroche de dinero y comunista, como si los desayunos escolares, los zapatos, uniformes, alfabetización, ciudad mujer etc, no constituyeran un verdadero signo de dignidad para los niños y jóvenes.

La reunificación de la nación es un concepto perseguido por el Acuerdo de Paz, expuesto desde Ginebra el 4 de abril de 1990: a Terminar con el conflicto armado por la vía política; b Impulsar la democratización del país; c Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y d Reunificar a la sociedad salvadoreña… me parece que el término “reunificar” se encuentra más cerca de las Reformas constitucionales, la defensa de un sistema económico justo, el desarrollo nacional, la racionalidad, que el modelo oligárquico del siglo pasado.

El desarrollo nacional no es comunismo, las reformas constitucionales son necesarias, los niños merecen un mejor futuro que nuestra realidad del siglo pasado etc. por ello mi voto será por el FMLN, coincido con: Acuerdo de El Salvador: en el camino de la paz: “la reunificación de la sociedad salvadoreña, en democracia tiene como requisitos el desarrollo económico y social sostenido del país… Acuerdo de Paz Chapultepec Naciones Unidas pág. 80”

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César Ramírez

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El Ministro de Hacienda Carlos Cáceres (25SEP017 Res Pública) expresó: “lo nuevo que tenemos en las propuestas de ICP y del Gobierno son los dos puntos adicionales a la cotización, de ahí solo es cuestión de buscar ingeniería financiera donde es que los flujos pueden ser acomodados, se necesitará una revisión de esto allá por el año 2027 al 2030 que implicará subir necesariamente la edad de jubilación a las personas, y la propuesta nuestra que perseguía no endeudarnos, que ya no haya FOP (El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales)…que acá lo magistrados de la Sala Constitucional pongan sus barbas en remojo, dicen: les vamos a seguir prestando en un esquema nuevo y novedoso del FOP ¿cuál es el esquema? Ahora dice la Sala que no podemos tomar prestado más allá del 45% del Fondo, pero ellos dividen en dos al Fondo, 2 mil millones al fondo y dicen aquí no cuenta el Fondo, abren dispon

ibilidad de 2 mil millones en el Fondo conservador que le llaman, estos 2 mil millones dicen que no cuentan, y sobre estos 2 mil millones que abren la cuenta, quieren que nosotros sigamos tomando deuda, eso bien claro se los hemos dicho: “es un fraude a la sentencia de la Sala”, si eso se llegara a probar tiene la ventaja como dicen algunos diputados, si ARENA lo aprueba, la ICP lo aprueba no habrá una sentencia revisada de la Sala Constitucional, eso me parece la mayor falta de respeto que han cometido contra la Sala…

Así lo expresa el Ministro de Hacienda, en sus recientes declaraciones, parece que nos movemos en un carrusel infantil, con imaginarios movimientos que vuelven al mismo sitio en 360°, con exposiciones mediáticas que solo buscan eventuales réditos electorales. De ahí el énfasis que el Ministro Cáceres ha señalado: “el acuerdo fundamental es que no se lleven el dinero de los trabajadores”.

La discusión central es la defensa de los trabajadores, proteger sus ahorros.

¿Cuál es la garantía que esos fondos retornen a los trabajadores?

La diputada Norma Guevara (26SEP017 C. 12) expresó: “… la garantía es la misma con que se ha pagado (la pensión) desde 1996, el Estado es el que ha pagado a los jubilados, primero con las reservas técnicas, después con deuda de 1,200 millones de eurobonos que estamos pagando, que es parte de la deuda existente, después con la deuda del FOP que ha emitido más o menos 5 mil millones en deuda, el Estado ha pagado esos compromisos, si están en Ley, están reconocidos, pero la garantía es que se hace explícito es poniendo cada año -que no hicieron los gobiernos anteriores- 5% del presupuesto, más 8% de su salario a un fondo con el cual se pagan todas las obligaciones, la deuda es con usted y no con la AFP; le va a pagar la rentabilidad igual que va a ganar el ahorro privado; entonces la certeza es la misma que cuando se contrata a un maestro, -eso le respondió un actuario a un economista- es un bono, una ley es una promesa, que obliga al Estado a cumplir en el futuro”.

Se trata de concreciones para los trabajadores y para las siguientes generaciones, por lo tanto, debemos asegurar un futuro digno a los pensionados.

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César Ramírez

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Las declaraciones del Ministro de Hacienda Carlos Cáceres en un canal de televisión (19SEP017) nos ilustra sobre las soluciones al problema de las pensiones.

Buscando un acercamiento a las posiciones (Gobierno-ASAFONDOS) a la Reforma de pensiones, en la ruta final de las negociaciones, anotamos las siguientes opciones:

Diferencias a) cotización: Ambas propuestas suben la cotización del 13 al 15%, ambas  tienen un fondo colectivo, (son de Reparto).

Su distribución: ASAFONDOS del 15%; los dividen así: 8% van a cuentas individuales (privadas); 5% al fondo colectivo y 2 % para las AFP; mientras la propuesta del GOES: 1.5% para AFP; 5.5% para fondo privado y 8% al fondo colectivo; pero la diferencia fundamental es la siguiente: por el 5% que la ICP le pide a los trabajadores que coticen al fondo colectivo, no les retribuye nada, el Ministro de Hacienda Carlos Cáceres reafirmó: “el consultor Eduardo Melinsky dijo: “eso era un impuesto al trabajo, porque con ese dinero se pagan los subsidios, que robaron los presidentes de ARENA, (y ¿sí.. Retribuimos?, al que vive 20 años le damos una pensión vitalicia), pero la esperanza de vida de los hombres es de llegar a 81 años, o sea que ese fondo (ese ahorro que tienen) no alcanzaría, las mujeres igual; el que no alcanza pensión que es el 60% de la población que cotizará ese fondo no le devuelven nada, no hay ninguna devolución, sino lo que le dicen le pagaremos la cotización al Seguro Social. Por eso ellos en la pensión solo incorporan el 8%.

La propuesta del Gobierno: Los trabajadores contribuyen con el 5.5% de su fondo privado por lo que tienen pensión, pero el 8% que cotizan al fondo colectivo se contabilizan en cuentas individuales como lo hacen actualmente las AFP, constituye un fondo de tal manera que el primer día que se jubilan se suman: la pensión que tiene en el fondo privado más la pensión que ha logrado acumular en el fondo colectivo, por ello no les gusta el cálculo de la pensión; ( por eso) el cálculo que hace el gobierno de la pensión sobre un cálculo de 13.5%.

El fondo colectivo de la ICP no retribuye nada, porque lo calculan solo por el 8%.

El gobierno le dice a la ICP (para efectos de negociación): “Nosotros no podemos aceptar que no se les reconozca a los trabajadores por el 100% de sus aportes, tanto del fondo colectivo, como individual”, esa es la diferencia. ¿Por qué la ICP no empieza a pagarle, ese 5% al colectivo, ¿Por qué no empieza a pagarle desde el primer día que se jubilan?, a través de una pensión vitalicia -que se llama-; porque es una falacia, ellos dividen la masa de dinero acumulado entre 20 años, pero la esperanza de vida es más de 20 años, ahí hay una falacia…

El Estado no tiene ningún interés en administrar el fondo privado, ni el colectivo… que lo administre el sector privado; el gobierno tampoco puede transferir ningún fondo, para pago de obligaciones, ni gasto corriente tal como lo decía ANEP, FUNDE, FUSADES etc.

Si existen propuestas de solución, al menos existe la posibilidad de reformar el modelo de pensiones.

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César Ramírez

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Debemos aceptar la realidad de leyes de Estados Unidos, ellos realizan una decisión soberana que implica al Gobierno de la poderosa nación norteamericana, por lo tanto, bajo ese mismo argumento jurídico se conducirá la defensa de los salvadoreños, por medio de las autoridades correspondientes.

Nuestros compatriotas nacidos en El Salvador aun siendo niños y niñas fueron llevados por sus padres a Estados Unidos hoy aspiran a graduarse académicamente y consolidar su situación económica en las siguientes décadas.

Es lamentable la decisión de suspender el DACA para tantos compatriotas, opinión compartida por líderes mundiales como el Papa Francisco y el expresidente Barack Obama; estos jóvenes latinoamericanos aspiran a su “realización generacional”, esa condición de concreción que implica: titularse en una universidad, construir una familia, ayudar a sus padres, contribuir a su nación original, fundar empresas, etc., son un modelo ascendente de economía y educación.

La resolución final sobre este tema demorará cierto tiempo para entrar en ejecución, de tal forma que el espacio para dialogar con los representantes del Congreso Legislativo norteamericano permitirá gestionar una prórroga o permanencia de la juventud salvadoreña y latinoamericana.

Hace unos días el periódico Excelsior de México publicó una nota (01SEP017 ) con el siguiente titular: “Empresario salen en defensa de los dreamers” “compañías como Microsoft, Google, Facebook o Amazon, enviaron una carta al presidente Trump solicitando que no dé la espalda a los jóvenes migrantes ante la posibilidad de que elimine DACA”.

Si los empresarios de Estados Unidos defienden a los jóvenes, es oportuno que los empresarios salvadoreños hagan lo propio, y no envíen a sus voceros políticos a los medios de comunicación, afirmando que la suspensión del programa DACA, el TPS, la deportación etc., es producto de nuestra amistad con la República Bolivariana de Venezuela, puesto que esos jóvenes en esencia son salvadoreños. En nuestro caso se impone la Unidad Nacional en defensa de los compatriotas, en esa unidad no existe espacio, ni debe existir un discurso electoral para generar réditos políticos.

¿Por qué en otras naciones existe unidad de criterio en defensa de sus ciudadanos aún en períodos electorales? ¿qué acaso un evento electoral es más importante que el futuro de la Juventud salvadoreña en Estados Unidos?

El número de beneficiarios salvadoreños del DACA son aproximadamente 60,000 que significan igual número de familias, las cuales estarán sometidas a una obligada separación familiar, una constante incertidumbre y mucho deterioro económico por el desarraigo de su opción educativa y laboral.

Esta complicada situación permitirá ampliar la defensa junto a naciones como México y Guatemala, los jóvenes amparados en este programa son aproximadamente 800,000 de los cuales tres cuartas partes son mexicanos. El DACA fue promulgado en el año 2012 por el expresidente Barack Obama en defensa de los niños y niñas que llegaron a Estados Unidos y ahora parece llegar a su fin.

Son tiempos de unidad nacional e internacional, si la tragedia no nos une, mucho menos un discurso tendencioso de un evento electoral… nuestra vocación de apoyo a la juventud es la única bandera posible para todos.

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César Ramírez

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Un acuerdo negativo para la nación es bloquear el financiamiento del Estado para cumplir sus obligaciones fiscales, impidiendo nuevos impuestos, reformas al sistema de pensiones, obstaculizando los bonos de empréstitos internacionales e incluso las donaciones para carreteras; parece que el objetivo es el rédito político electoral del 2018.

¿Podremos continuar así durante mucho tiempo? Me parece que tenemos poco tiempo para evitar el impago en el sistema previsional, lo cual acontecerá en las siguientes seis semanas de no lograr un acuerdo político; efectivamente la solución reside en el seno de la Asamblea Legislativa, pero mientras este evento no suceda, la incertidumbre se apodera de la nación. Es paradójico que veinticinco años después de los acuerdos de paz, la sociedad se encuentra al borde del colapso institucional, donde las fracciones políticas no logran llegar a un acuerdo, el partido principal de la oposición afirma que no contribuirá en nada para apoyar iniciativas de la actual administración, pero los problemas no pueden esperar, es patético que desde sus cómodos sillones ignoren el dolor de los pensionados, mientras el clamor popular pide una pronta solución a estas diferencias.

¿Necesitamos un árbitro para salir de esta trampa institucional? ¿una nueva generación de acuerdo de paz? O una variante de resoluciones positivas de la Corte Suprema de Justicia que evalúe por medio de la Sala Constitucional que provocar el impago “por motivos de réditos electorales es inconstitucional”, considerando múltiples artículos de la Carta Magna.

Es necesario tomar en cuenta que nuestros partidos políticos son una herencia de la guerra civil, la cual fue producto de la negación absoluta de la democracia, debido al autoritarismo militar del siglo pasado, ese esquema de la guerra fría no ha muerto en la mente de muchas personas; si las armas se abandonaron, si el nuevo Ejército Nacional cambió su doctrina y se reestructuró en forma ejemplar, si hemos logrado que no se persiga a las personas por sus ideales sociales, es necesario también un cambio en la forma de considerar a los partidos políticos para que sus banderas no comuniquen guerra, amigo-enemigo, muerte-destrucción, comunismo-anticomunismo, URSS-USA, porque si continuamos de esa forma el resultado es previsible, nada positivo se podrá extraer de la tragedia.

Recordemos el Acuerdo de Paz firmado en Ciudad de México 16 de enero de 1992. En su capítulo V. Tema Económico y Social. 1. Preámbulo. “La reunificación de la sociedad salvadoreña, en democracia, tiene como uno de sus requisitos el desarrollo económico y social sostenido del país. Al mismo tiempo, la reunificación de la sociedad salvadoreña y un creciente grado de cohesión social son elementos indispensables para acceder al desarrollo. Por eso, entre el conjunto de acuerdos requerido para terminar definitivamente el conflicto armado en El Salvador, se incluye una plataforma mínima de compromisos tendientes a facilitar el desarrollo en beneficio de todos los estratos sociales”. ONU Acuerdo de El Salvador pág 80.

Si el objetivo no es el desarrollo económico y social sostenido del país, y si no se genera estabilidad social para la gobernar, la paz y la reunificación de la sociedad, los Acuerdo de Paz han fracasado.

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César Ramírez

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Norma Guevara diputada y jefa de fracción del FMLN en Asamblea Legislativa afirmó hace unos días, que la propuesta del FMLN es la más conveniente a las otras dos, agregando: “sin dejar la privatización” … y continuó: “condición que no es agradable para el FMLN porque preferimos un sistema mixto, pero es una salida para no sacrificar el pago de las pensiones mientras la sociedad no está preparada para un cambio más de fondo como sí lo está haciendo quién sirvió de modelo como es Chile” …

Hemos comentado en artículos anteriores el tema de las pensiones, el núcleo la discusión son las ganancias que obtienen los propietarios-administradores de las AFP y el daño a los trabajadores.

En el entramado político de nuestra nación se perfila un escenario de quiebra económica, con el objetivo de obstruir el financiamiento que ayude al Estado de la herencia negativa del endeudamiento de la administración de los veinte años de ARENA, es una crisis artificial, puesto que esta negación a empréstitos internacionales, junto a las resoluciones de la Sala Constitucional bloquean el presupuesto de la nación, unido a evitar los recursos para la seguridad nacional, donaciones para carreteras, hospitales, etc., son en esencia iniciativas para dañar al pueblo trabajador, los empleados públicos, policías, soldados, maestros, ellos son los castigados por maniobras orientadas a provocar la “ingobernabilidad”.

La llamada polarización política por ideología me parece una afirmación del pasado, ahora observamos el uso de “grupos violentos irregulares” calificados nacional e internacionalmente como terroristas, para lograr los fines propuestos de la extrema derecha, así un panorama de incertidumbre se precipita hacia una situación prevista por la Constitución de la República. En el horizonte veintitrés miembros de la Policía Nacional Civil, han sido asesinados por miembros de las organizaciones terroristas ¿cómo tratan en Estados Unidos a los terroristas? ¿Qué personajes espurios realizan apología del mal a favor de los terroristas?

En otros artículos hemos descrito la crisis de 1931 con el impago gubernamental y sus consecuencias, un factor a tomar muy en cuenta, no fue provocado por una circunstancia “política” sino un desastre económico como la crisis de los años veinte y el cambio del patrón “oro” internacional, no obstante las actuales aristas de nuestra realidad en el año 2017 podrían desembocar en un abismo incontrolable de la economía dolarizada, nadie garantiza que no se saldrá de control, desafortunadamente en ocasiones las decisiones gubernamentales son respuestas obligadas, en otras improvisaciones e incluso provocadas por mentes codiciosas de poder y dinero.

Vivimos en crisis permanente por los siguientes factores: Reforma a las pensiones, la dolarización, no aprobación del presupuesto nacional, grupos terroristas, seguridad nacional, ausencia de reformas constitucionales… debido a personajes de extrema derecha que parecen conjurados para cumplir las órdenes de poderosos intereses económicos.

Las pensiones dividen a nuestra sociedad en dos opciones: a favor de los millonarios administradores o la solidaridad de los trabajadores y su legítimo ahorro… puesto que se negocia el futuro de las próximas décadas, los trabajadores se merecen una pensión digna que en este caso solo el Estado garantiza.

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