César Ramírez

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La elección de los magistrados de la CSJ tiene un retraso de cuarenta días y contando, pero esta elección corresponde a la Asamblea Legislativa Art. 131 inc. 19 “Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia…” y además Art.173 y 174 presidencia del Órgano Judicial y la integración de la Sala Constitucional.

La elección es una responsabilidad de los diputados, no es una evaluación subjetiva donde intervienen jurados calificadores, ni gabinetes de notarías, ni grupos de presión intelectual, ni asociaciones que descalifican gratuitamente a mujeres candidatas, ni personalidades que representan intereses de grupos de poder, etc. son los diputados electos los responsables.

La elección se encuentra en un punto muerto, con los siguientes puntos de honor: son nueve años que los magistrados tendrán fallos incuestionables (la ex Sala dio muestras de resoluciones que aún pesan en la sociedad); los anteriores magistrados fueron acusados de seguir un guion político contra la administración actual (situación que no debe repetirse); los casos de probidad (para unos: si investigar, para otros: no ¿el procedimiento a conveniencia?); la interpretación constitucional funciona si favorece los grandes intereses, es inconstitucional si otorga beneficios a las mayorías (¿fue una Sala Constitucional independiente?)... éstos puntos pueden otorgarse al bloque de ARENA, PCN, DC, mientras la otra lectura es FMLN, GANA, CD e independiente, es una cuestión de representación entonces, la aritmética de los diputados de las derechas no es suficiente para lograr la mayoría calificada.

Esta discusión “sin límite de tiempo” como en algunos eventos deportivos es un empate, la Asamblea Legislativa no tiene ganador, ni perdedor, pero resulta que eso no es suficiente, la constitución no delimita este punto.

El número de votos de la aritmética legislativa no es el mismo que la lectura de idoneidad para el cargo, en el fondo es el multicitado concepto del siglo pasado: “la desconfianza política” que impide un punto racional, que produce violencia, genera el viejo lenguaje amigo-enemigo, continúa el pensamiento de la guerra e incluso cuestiona a los candidatos su independencia y credibilidad, etc.

La desconfianza política se puede superar otorgando un grado de confianza entre opiniones distintas, al considerar la opinión del “otro” es posible un acuerdo que propicie un trabajo conjunto para un problema concreto, en este caso la composición de la Sala Constitucional.

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César Ramírez

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El 20 de agosto de 2018 puede considerarse un día histórico por el establecimiento de relaciones de amistad entre nuestras naciones, se trata de una realidad en la dinámica capitalista del siglo XXI.

En las atribuciones constitucionales del Presidente de la República art. 168. in. 5 “Dirigir las relaciones exteriores”, por este motivo la acción tiene legitimidad en la actual administración.

Es un acontecimiento que termina un capítulo de la guerra fría en nuestra nación, no se trata de ideología sino de inaugurar una nueva era de negociaciones con la segunda potencia económica mundial emergente, que brindará un abanico de oportunidades a nuestra economía y la región centroamericana, agregando que igual iniciativa la comparten naciones como: Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay, Venezuela y otros.

Las inversiones de China Popular en la región son millonarias, entre ellas en Honduras, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, las cuales en ninguna forma se consideran pérdida de la soberanía nacional, intervención extranjera o compra de voluntades políticas, por el contrario, son inversiones bien recibidas.

En nuestra nación se trata de aliviar el enorme desempleo, la postración económica, la deuda externa, la falta de inversión internacional, etc. que debe ser superada por un encuentro de racionalidad política, una solución para todos los sectores de la vida republicana, puesto que será difícil enfrentar la deuda externa si no existen acuerdos políticos, de igual forma la apertura a inversión extranjera extra continental.

La revista estrategia y negocios (20AGO018) indica inversiones de China en Honduras por un total de $350 millones para una hidroeléctrica; mientras en Costa Rica, China donó el Nuevo Estadio Nacional por $110 Millones, además se suscribió un contrato para carreteras por $450 millones; en Panamá se construye un puerto de cruceros por $165 millones, incluyendo que las inversiones asiáticas se incrementaron de $78 millones 2014 a $233 millones en 2016.

Así la lectura del momento actual, con la nueva apertura de relaciones diplomáticas tiene buen pronóstico, si a los vecinos no los han rasurado, no debemos poner nuestras barbas en remojo… es tiempo de celebrar con ellos la buena decisión.

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César Ramírez

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Prolongada paciencia ciudadana para conocer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional) pero no hay prisa… ¿a quién conviene? ¿a quién afecta? ¿son las personas las importantes o los intereses políticos? ¿es pronosticable el comportamiento de la Sala Constitucional en los siguientes nueve años? ¿y si se eligen los magistrados después de las elecciones de 2019?... en todo caso no elegir Magistrados causará un daño peor a la imagen de la clase política, por ejemplo: Art 174, Art. 138, atribución 7ª del art. 182 de la Constitución que en general significan no definir la seguridad jurídica de una acción social, no conocer la certeza del derecho y el reino de la incertidumbre sobre lo prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

Se habla de cuotas partidarias en esa elección secundaria, lo cual proyecta una realidad de la composición de la Asamblea Legislativa, así la ex Sala Constitucional intervino en temas que afectan a muchos ciudadanos más allá de su legislación, lo cual aún es interpretado como agenda política a favor de un instituto político, de esa manera si es el turno de los afectados de ninguna manera aceptarán otros nueve años de un gobierno de jueces, con sentencias reñidas en interpretación hacia el beneficio de las mayorías. Es lamentable esta situación, pero es provocada por la profunda desconfianza política dominante.

Es notable el coro a favor o en contra de diversas asociaciones por un candidato, parece una elección selectiva entre juristas, mejor preguntemos a los afectado del SITRAMSS, de esa forma el “grito sordo” del pueblo llegará a la Asamblea Legislativa.

Del Art. 183 “… la Sala Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

Hemos conocido estos procedimientos en años anteriores, de alguna manera se convirtió en un procedimiento normal para oponerse al desarrollo de la nación, pero el pasado no tiene remedio.

La desconfianza política puede eliminarse trabajando juntos, trabajando por problemas concretos, realidades, soluciones posibles, aunque sean mínimas, con eso se puede trabajar.

La desconfianza política ha predominado durante décadas, es tiempo de eliminarla.

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César Ramírez

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ARENA, PDC, PCN, DS firmaron un Acuerdo por un nuevo país (26JUL018) en apoyo a Carlos Callejas, mientras GANA elije a su candidato presidencial Nayib Bukele en un evento de elección interna (29JUL018) en presencia de miembros de Nuevas Ideas que no tiene reconocimiento de Partido Político; pocos días antes CD (aún en legalidad) anunció acercamientos con Bukele para su candidatura presidencial (22JUN018), a pesar ello el CD fue cancelado por el TSE (27JUL018), en ese clima de campaña adelantada permanece Hugo Martínez como candidato del FMLN y finalmente el partido Vamos con Josué Alvarado.

Hemos indicado la alianza de los partidos de derechas que unen fuerzas para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ahora bajo el nuevo elemento del candidato de GANA en forma “virtual” se conforma una contra alianza FMLN-GANA que impide la mayoría calificada, de tal forma que los candidatos a magistrados deberán ser por consenso, una difícil tarea.

El panorama nos remite a la historia de elecciones presidenciales, en el 2014 los partidos políticos ARENA, FMLN participaron sin alianzas, pero el Movimiento Unidad inscrito el 24SEP013 en el TSE se constituyó con GANA, PCN y PDC apoyando a Elías Antonio Saca, esta unidad recibió 307,603 votos (11.44% de los votos válidos) que no consiguió pasar a segunda vuelta; ahora PCN y PDC apoyan a ARENA.

La importancia de estas alianzas es la elección de los magistrados, las reformas electorales, presupuestos, Fiscal, etc. un verdadero festín político.

Existe un terreno aún inexplorado para los próximos días, así el 7 de agosto de 2018 vence el plazo para inscribir alianzas o coaliciones en el TSE para las elecciones presidenciales 2019, ¿es posible una alianza entre FMLN y GANA?... de hecho ya son una fuerza unida ante la conformación de las derechas, un escenario que elimina la frontera de izquierda y derecha, que dejaría una realidad única.

Ir solos a una contienda es un alto riesgo para perder todo en tan poco tiempo, es peor el escenario de esperar pasivamente una segunda vuelta con resultados inciertos, donde la tercera fuerza ni asegura nada, ni garantiza el triunfo, así la política puede mostrar un pragmatismo excepcional, dos bloques estructurados desde la Asamblea Legislativa y en la elección presidencial.

De esta posibilidad podrá contarse una oportunidad fallida o un logro formidable.

Nada es imposible en política.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Nada nuevo se podrá observar en el panorama político en la elección de los magistrados, será cuestión de aritmética legislativa, una suma de la unidad de las derechas (ARENA, PCN, PDC) conformando un bloque legislativo con vocación a la elección presidencial del año 2019 y los siguientes nueve años.

Si la ex Sala Constitucional dictaminó sobre acciones: económicas, seguridad, política, sociedad e incluso el evento electoral, lo cual provocó una severa distorsión en la lectura del voto ciudadano, puesto que el voto cruzado se convirtió en fracciones diferentes a la unidad, de igual forma el voto por rostro, la calificación de filiación política, etc. ¿qué podemos esperar ahora?

En el transcurso del 2009 al 2018 la cantidad de recursos declarados inconstitucionales fueron de tal magnitud que entorpecieron el desarrollo de las actividades gubernamentales, como la aprobación de bonos, presupuestos nacionales, ilegalidad de magistrados etc. los cuales causaron mucho daño al desarrollo nacional, parecía una apuesta negativa a la actual administración.

Un evento actual es la famosa “partida secreta” esta acción fue declarada inconstitucional el 25 de agosto del año 2010, no es para menos, el expresidente Funes es acusado por el uso de esa cuenta ¿coincidirán las fechas con las acusaciones? Otra sentencia: la Inconstitucionalidad de la Ley Especial para la Constitución del Fondo para la atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito y el Reglamento que la desarrolla (63-2013), Diputados suplentes (445-2014) ¿éstas resoluciones son absolutamente constitucionales? ¿resistirán el estudio de los próximos magistrados?

En general la revisión de algunas resoluciones de la Ex Sala Constitucional serán un tema obligado los siguientes años, existió mucha arbitrariedad en calificar políticamente a ciudadanos de filiación partidaria, eliminarle su carácter profesional, de igual forma la tardía administración de justicia en algunos casos y en otros su repentina urgencia (CD), ello provoca daño a terceros.

Comprendo el lento escrutinio para seleccionar a los magistrados ¿Qué partido político desea una Sala Constitucional que se oponga al desarrollo nacional? ¿la vocación constitucional de la nación es el bien común o beneficiar a una alianza de las derechas? ¿un político debe contribuir a la construcción de la República o solo a su patrimonio?

La elección de los magistrados parece un evento alejado del quehacer del pueblo, pero los fallos siempre lo terminan pagando los pobres.

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César Ramírez

@caralvasalvador

La elección de candidatos a magistrados de la CSJ refleja la realidad de alianzas (legislativas, electorales) de los partidos políticos, la nueva mayoría de las derechas se impondrá a cualquier razonamiento prudente.

La administración de la justicia es tan importante que no se puede elegir a “cualquiera por bueno que sea”, la interpretación constitucional debe ser el escudo protector sobre “cualquier intención hegemónica” de la izquierda que pretenda conducir a nuestra nación a destinos como el de Venezuela, Nicaragua o Cuba siempre fidelista y castrocomunista, etc., la Sala Constitucional debe estar al servicio de la Constitución, “somos iguales ante la ley” tenemos derecho a la salud, educación, bienestar social y el paraíso en la tierra, ella debe proteger “nuestros intereses”, así serán electos “nuestros candidatos” ... es la tesis central de las derechas salvadoreñas, es la defensa de la oligarquía tal como lo demostró la ex Sala Constitucional, así los impuestos de los pobres son iguales a los millonarios; un automóvil es igual a una unidad del SITRAMSS, uno conduce a cuatro personas y otro a 200; las calles son públicas pero existen zonas exclusivas (que cobran peaje) como en los centros comerciales a pesar de residir en propiedades del Estado; existe probidad para todos pero no para investigar a exfuncionarios de un partido, solo al “otro” a los comunistas del siglo XXI etc.

¿Serán electos los mejores candidatos? ¿independientes? recordemos las impugnaciones de la Sala Constitucional contra magistrados al atribuirles filiación partidaria ¿por qué no aplicar en este momento un parámetro similar?

Los magistrados electos serán la fotografía del presente (una alianza legislativa-electoral de derechas), mientras los magistrados para la CSJ constituirán una realidad que se prolongará por nueve años hasta el año 2027, según el artículo 186 constitucional, implicará tres administraciones presidenciales.

Es un momento de ciencia ficción, la Sala Constitucional de la CSJ exige “independencia absoluta de partidos políticos”, pero la Asamblea Legislativa es la máxima representación de instituciones políticas Art. 121, Art. 72 ord. 2 (partidos políticos) y art. 79 inc. 2 (sistema de representación proporcional) de tal forma que los magistrados “por origen” poseerán voto de confianza del bloque derechista, esa es la fotografía del presente prorrogable por nueve años… pensar que la constitución es para el bien de la nación y no para un grupo económico excluyente.

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César Ramírez

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El anteproyecto de ley ha generado mucho debate en los líderes de opinión nacional e incluso la Embajadora Norteamericana Jean Manes, advirtió (09JUL018) sobre la potencial penetración de China Continental a El Salvador por medio de una inversión en el Puerto de La Unión, con intereses económicos y militares; así de un día para otro nos convertimos en “punto caliente” geopolítico de las potencias mundiales.

Es conocido el fracaso del Puerto de la Unión construido por un costo de $210 millones, iniciado en el año 2005 y finalizado en diciembre de 2008, es de hacer notar que $101 millones fueron en calidad de préstamo concedido por el Gobierno japonés por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA por sus siglas en inglés), además su ubicación es inapropiada por el alto flujo de sedimentación, etc. en todo caso la nación debe continuar pagando el préstamo por muchos años.

La racionalidad apremia por un acuerdo nacional sobre el tema, si las características del Puerto tienen defectos de “origen” los ingenieros de un inversionista lo podrán solucionar, si existen dudas sobre cualquier mecanismo financiero ahí están los organismos de superintendencias, si conviene al pueblo salvadoreño conviene al futuro de nuestras generaciones.

El Ministro de Hacienda Nelson Fuentes ha indicado la necesidad de realizar un estudio de Costo-Beneficio con un proyecto de esta naturaleza, debido a la potencial pérdida de ingresos tributarios.

El tema debe ampliarse a todos los niveles ciudadanos, puesto que el anteproyecto de Ley no es conocido “oficialmente”, el documento no es público, solo existen fragmentos “tendenciosos” en las redes sociales, que no permiten conocer a profundidad el tema, tampoco pueden confirmarse como documentos genuinos. Es una buena oportunidad para que la ciudadanía se entere del contenido de la Ley, de los pro y contras, del costo-beneficio para las poblaciones, puesto que al final de cuentas los ciudadanos continuarán pagando el préstamo de esa infraestructura por muchos años más.

Hace años se discute abiertamente el futuro de los proyectos económicos del Golfo de Fonseca, de continuar como hasta el momento, pasarán otros veinte años sin activación de la fuerza marítima nacional, si tiene solución es el momento de actuar.

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