Caralvá

Para resolver las situaciones de implicaciones políticas o jurídicas entre un Partido político legal y otro con distintas calificaciones ilegales, debemos enmarcarnos en un concepto democrático, en el marco de las leyes de la nación.
El costo de hablar bajo las leyes de la nación, nos conduce al Acuerdo de Paz y la “nueva legalidad”, esta fue la base fundacional de este “Contrato Social” a partir de 1992.
Los momentos históricos de la nueva legalidad, tienen un carácter ascendente de gobernabilidad y no lo contrario, algunos ejemplos son el carácter de los gobiernos locales, donde las principales alcaldías pertenecen a la oposición, de igual forma en el parlamento; pero existen eventos que han colocado a la nación al borde de la ingobernabilidad como fue el incidente armado del 05 de julio del año 2006, por una clara acción de pistoleros terroristas, al menos este evento fue superado por el pronunciamiento de la fuerza implicada sobre la desastrosa acción de esta banda antisistema.
Pero los recientes acontecimientos mediáticos a partir del 10 de mayo de 2008, tienen severas implicaciones para la nación, esa acción nos conduce a caminos conocidos en tiempos de la guerra civil, donde muchas personas fueron acusadas injustamente y condenadas sin juicio alguno.
Como hemos escrito anteriormente, la situación actual puede aceptarse o no, puede incrustarse dentro de una guerra mediática o no, puede ser un ardid propagandístico o no, evento que debe resolverse como en la anterior situación, con renuncias a situaciones que impliquen la legalidad institucional.
Mientras no existan renuncias a comportamientos ilegales y clásicos mecanismos políticos del siglo pasado, la credibilidad política no se recuperará, porque en el fondo no es un acto de opción electoral el que se discute, sino un acto de visión histórica y estratégica de una institución legal.
¿Cómo se puede cambiar un acontecimiento de esta naturaleza?
¿Qué sucederá si acontece de nuevo un hallazgo u otros?
No existe otro camino que caminar con la verdad y el derecho.
Estos eventos tienen un carácter educativo, al igual que se juzga a una institución por una condición mediática, de igual forma se someterá a prueba el sistema cuando los acusados pertenezcan a otros partidos políticos; este acontecimiento abre un camino para la justicia en todos los planos, con esta acción se inicia un amplio recurso para verificar si la justicia y la verdad tienen la misma fuerza para todos.
“La verdad sospechosa” no tiene otro camino que enfrentarse al juicio histórico, son las instituciones implicadas quienes tienen la palabra.