César Ramírez
@caralvasalvador
La Constitución de la República en su artículo 1 El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
El SITRAMSS es un bien común que transporta a más de 45 mil ciudadanos a sus empleos diariamente, ningún otro transporte tiene la capacidad de conducir a los trabajadores en condiciones tan ventajosas, además es cultura, salud, libertad y propicia el bienestar económico de sus empresas, las familias y fortalece el tejido social hacia una nación con dignidad en su transporte colectivo.
El 17 de septiembre de 2015 publique lo siguiente: “Podemos afirmar que la Constitución es la lectura del derecho, la política y las instituciones que coinciden con los intereses de la nación. No obstante parece que ahora nos enfrentamos a una nueva paradoja por las lecturas de la Sala Constitucional la cual se divorcia de los intereses populares, ejemplo: el caso de la aprobación de los $900 millones para la seguridad nacional, el voto cruzado, intervención en el TSE, etc. además la admisión de la demanda inconstitucional contra el SITRAMSS… esperemos que la Sala apoye los intereses populares para enfrentar al terrorismo y contribuya por la dignidad del transporte colectivo de la nación”… ahora dieciocho meses después (11MAY017), observamos que la lectura de la Sala Constitucional responde a los objetivos antipopulares y grupos económicos monopólicos, que unidos a un organismo político pretende dañar a los grandes conglomerados de los trabajadores que usan ese medio de transporte colectivo.
Uno comprende la desesperación de las clase pro-oligárquica que derrotada en los proyectos sociales, se aferra al bastión jurídico más conservador de la nación, con interpretaciones retorcidas que no ayudan en nada a los trabajadores, ni benefician a los grandes sectores populares, ni siquiera apoyan los procesos electorales con sus intervenciones “extrañamente” confusas de último minuto, como pretendiendo engendrar una nueva tragedia salvadoreña en cada decisión “inapelable” de su pequeño reino de cuatro abogados, que dañan a seis millones de salvadoreños; enunciemos algunos fallos “inapelables”: la eliminación de los diputados suplementes los cuales están legitimados en el art. 129 constitucional, además la calificación de afiliación partidaria que suprimió nombramientos genuinos de ministros y magistrados del TSE, la eliminación del fondo nacional por accidentes de tránsito, la medida cautelar de los $900 millones más sus intereses que propicia la mala imagen de la República en foros internacionales… estos elementos conforman un cuadro que nos acerca a la desobediencia civil puesto que es un gobierno de jueces que no ha sido electo por el pueblo, parece una maquinaria del mal constitucional con un destino contrario al bien común; la Sala Constitucional parece ser la madre de la nueva tragedia salvadoreña, construye violencia, siembra desesperanza y humilla a los trabajadores en su tiempo de llegada al empleo porque ahora no habrá control de tiempo.
Si la Constitución es la máxima norma de un Estado, usualmente coincide con la vocación de la nación… pero estas disposiciones de Sala Constitucional no construyen República, estas acciones nos llaman a la acción popular contra la nueva tiranía de la banda de los cuatro.
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