César Ramírez

@caralvasalvador

La campaña electoral inicia su incierto camino hacia febrero 2019, mientras tanto existen deudas legislativas que acompañan nuestro presente ciudadano, uno de ellos la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y probablemente la aprobación del presupuesto nacional 2019, que considerando los anteriores ejercicios se examinará por criterios de ventajas electorales y no de racionalidad nacional.

Si el presupuesto no se aprueba en esta administración o se retrasa por especulación partidaria, el Estado funcionará con las asignaciones del año 2018, sin modificación alguna.

Es la Asamblea Legislativa a quien corresponde decretar impuestos (art. 131, 6°), decretar presupuesto (art. 131, 7°), aprobar presupuesto (art. 131, 10°)… si el presupuesto es aprobado prontamente, no existirá preocupación por los salarios públicos, el escalafón, ni la deuda externa o los futuro procesos de licitación, de no acontecer o sucede después de las elecciones presidenciales el panorama será incierto.

Al igual que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se aproximan a los noventa días, si realizamos el ejercicio con el presupuesto, casi llegamos a ese escenario dramático, pero creemos que la racionalidad se impondrá, por el bien del Estado.

El manejo de las cifras del presupuesto es de consumo electoral, algún candidato afirma que el gasto público ha disminuido en Salud, Seguridad, Educación, Inversión Social, cuando en realidad en los últimos dos quinquenios ha aumentado, al igual que los programas especiales como atención a la mujer, leche, alimentación, etc. pero acá nadie habla de logros, ni beneficios, ni siquiera acciones positivas, porque conviene a sus intereses singulares, cuando el verdadero objetivo es la nación, millones de salvadoreños trabajan por una realidad diferente.

Si la nación tiene que pagar deuda externa, ésta se origina desde el año 2004, en todo caso cualquiera que sea la administración no podrá eludir ese compromiso; al igual que la solución al problema de las pensiones que por el momento, tiene una tendencia estable, las ganancias de las AFP aún son escandalosas y además la reducción de las pensiones a los “optados” es un impuesto inconstitucional; el tema de pensiones en su dimensión equitativa de no reformarse (nuevamente) provocará un estallido social a mediano plazo.

Las reducciones de ingresos al Estado han sido maniobras políticas, pero su efecto negativo está a la vista ¿por qué no se impone la racionalidad? “nada bueno se puede encontrar en la tragedia”.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Prolongada paciencia ciudadana para conocer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional) pero no hay prisa… ¿a quién conviene? ¿a quién afecta? ¿son las personas las importantes o los intereses políticos? ¿es pronosticable el comportamiento de la Sala Constitucional en los siguientes nueve años? ¿y si se eligen los magistrados después de las elecciones de 2019?... en todo caso no elegir Magistrados causará un daño peor a la imagen de la clase política, por ejemplo: Art 174, Art. 138, atribución 7ª del art. 182 de la Constitución que en general significan no definir la seguridad jurídica de una acción social, no conocer la certeza del derecho y el reino de la incertidumbre sobre lo prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

Se habla de cuotas partidarias en esa elección secundaria, lo cual proyecta una realidad de la composición de la Asamblea Legislativa, así la ex Sala Constitucional intervino en temas que afectan a muchos ciudadanos más allá de su legislación, lo cual aún es interpretado como agenda política a favor de un instituto político, de esa manera si es el turno de los afectados de ninguna manera aceptarán otros nueve años de un gobierno de jueces, con sentencias reñidas en interpretación hacia el beneficio de las mayorías. Es lamentable esta situación, pero es provocada por la profunda desconfianza política dominante.

Es notable el coro a favor o en contra de diversas asociaciones por un candidato, parece una elección selectiva entre juristas, mejor preguntemos a los afectado del SITRAMSS, de esa forma el “grito sordo” del pueblo llegará a la Asamblea Legislativa.

Del Art. 183 “… la Sala Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

Hemos conocido estos procedimientos en años anteriores, de alguna manera se convirtió en un procedimiento normal para oponerse al desarrollo de la nación, pero el pasado no tiene remedio.

La desconfianza política puede eliminarse trabajando juntos, trabajando por problemas concretos, realidades, soluciones posibles, aunque sean mínimas, con eso se puede trabajar.

La desconfianza política ha predominado durante décadas, es tiempo de eliminarla.

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