César Ramírez

@caralvasalvador

La campaña electoral inicia su incierto camino hacia febrero 2019, mientras tanto existen deudas legislativas que acompañan nuestro presente ciudadano, uno de ellos la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y probablemente la aprobación del presupuesto nacional 2019, que considerando los anteriores ejercicios se examinará por criterios de ventajas electorales y no de racionalidad nacional.

Si el presupuesto no se aprueba en esta administración o se retrasa por especulación partidaria, el Estado funcionará con las asignaciones del año 2018, sin modificación alguna.

Es la Asamblea Legislativa a quien corresponde decretar impuestos (art. 131, 6°), decretar presupuesto (art. 131, 7°), aprobar presupuesto (art. 131, 10°)… si el presupuesto es aprobado prontamente, no existirá preocupación por los salarios públicos, el escalafón, ni la deuda externa o los futuro procesos de licitación, de no acontecer o sucede después de las elecciones presidenciales el panorama será incierto.

Al igual que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se aproximan a los noventa días, si realizamos el ejercicio con el presupuesto, casi llegamos a ese escenario dramático, pero creemos que la racionalidad se impondrá, por el bien del Estado.

El manejo de las cifras del presupuesto es de consumo electoral, algún candidato afirma que el gasto público ha disminuido en Salud, Seguridad, Educación, Inversión Social, cuando en realidad en los últimos dos quinquenios ha aumentado, al igual que los programas especiales como atención a la mujer, leche, alimentación, etc. pero acá nadie habla de logros, ni beneficios, ni siquiera acciones positivas, porque conviene a sus intereses singulares, cuando el verdadero objetivo es la nación, millones de salvadoreños trabajan por una realidad diferente.

Si la nación tiene que pagar deuda externa, ésta se origina desde el año 2004, en todo caso cualquiera que sea la administración no podrá eludir ese compromiso; al igual que la solución al problema de las pensiones que por el momento, tiene una tendencia estable, las ganancias de las AFP aún son escandalosas y además la reducción de las pensiones a los “optados” es un impuesto inconstitucional; el tema de pensiones en su dimensión equitativa de no reformarse (nuevamente) provocará un estallido social a mediano plazo.

Las reducciones de ingresos al Estado han sido maniobras políticas, pero su efecto negativo está a la vista ¿por qué no se impone la racionalidad? “nada bueno se puede encontrar en la tragedia”.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Prolongada paciencia ciudadana para conocer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional) pero no hay prisa… ¿a quién conviene? ¿a quién afecta? ¿son las personas las importantes o los intereses políticos? ¿es pronosticable el comportamiento de la Sala Constitucional en los siguientes nueve años? ¿y si se eligen los magistrados después de las elecciones de 2019?... en todo caso no elegir Magistrados causará un daño peor a la imagen de la clase política, por ejemplo: Art 174, Art. 138, atribución 7ª del art. 182 de la Constitución que en general significan no definir la seguridad jurídica de una acción social, no conocer la certeza del derecho y el reino de la incertidumbre sobre lo prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

Se habla de cuotas partidarias en esa elección secundaria, lo cual proyecta una realidad de la composición de la Asamblea Legislativa, así la ex Sala Constitucional intervino en temas que afectan a muchos ciudadanos más allá de su legislación, lo cual aún es interpretado como agenda política a favor de un instituto político, de esa manera si es el turno de los afectados de ninguna manera aceptarán otros nueve años de un gobierno de jueces, con sentencias reñidas en interpretación hacia el beneficio de las mayorías. Es lamentable esta situación, pero es provocada por la profunda desconfianza política dominante.

Es notable el coro a favor o en contra de diversas asociaciones por un candidato, parece una elección selectiva entre juristas, mejor preguntemos a los afectado del SITRAMSS, de esa forma el “grito sordo” del pueblo llegará a la Asamblea Legislativa.

Del Art. 183 “… la Sala Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

Hemos conocido estos procedimientos en años anteriores, de alguna manera se convirtió en un procedimiento normal para oponerse al desarrollo de la nación, pero el pasado no tiene remedio.

La desconfianza política puede eliminarse trabajando juntos, trabajando por problemas concretos, realidades, soluciones posibles, aunque sean mínimas, con eso se puede trabajar.

La desconfianza política ha predominado durante décadas, es tiempo de eliminarla.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Nada nuevo se podrá observar en el panorama político en la elección de los magistrados, será cuestión de aritmética legislativa, una suma de la unidad de las derechas (ARENA, PCN, PDC) conformando un bloque legislativo con vocación a la elección presidencial del año 2019 y los siguientes nueve años.

Si la ex Sala Constitucional dictaminó sobre acciones: económicas, seguridad, política, sociedad e incluso el evento electoral, lo cual provocó una severa distorsión en la lectura del voto ciudadano, puesto que el voto cruzado se convirtió en fracciones diferentes a la unidad, de igual forma el voto por rostro, la calificación de filiación política, etc. ¿qué podemos esperar ahora?

En el transcurso del 2009 al 2018 la cantidad de recursos declarados inconstitucionales fueron de tal magnitud que entorpecieron el desarrollo de las actividades gubernamentales, como la aprobación de bonos, presupuestos nacionales, ilegalidad de magistrados etc. los cuales causaron mucho daño al desarrollo nacional, parecía una apuesta negativa a la actual administración.

Un evento actual es la famosa “partida secreta” esta acción fue declarada inconstitucional el 25 de agosto del año 2010, no es para menos, el expresidente Funes es acusado por el uso de esa cuenta ¿coincidirán las fechas con las acusaciones? Otra sentencia: la Inconstitucionalidad de la Ley Especial para la Constitución del Fondo para la atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito y el Reglamento que la desarrolla (63-2013), Diputados suplentes (445-2014) ¿éstas resoluciones son absolutamente constitucionales? ¿resistirán el estudio de los próximos magistrados?

En general la revisión de algunas resoluciones de la Ex Sala Constitucional serán un tema obligado los siguientes años, existió mucha arbitrariedad en calificar políticamente a ciudadanos de filiación partidaria, eliminarle su carácter profesional, de igual forma la tardía administración de justicia en algunos casos y en otros su repentina urgencia (CD), ello provoca daño a terceros.

Comprendo el lento escrutinio para seleccionar a los magistrados ¿Qué partido político desea una Sala Constitucional que se oponga al desarrollo nacional? ¿la vocación constitucional de la nación es el bien común o beneficiar a una alianza de las derechas? ¿un político debe contribuir a la construcción de la República o solo a su patrimonio?

La elección de los magistrados parece un evento alejado del quehacer del pueblo, pero los fallos siempre lo terminan pagando los pobres.

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