Caralvá

Todo puede suceder en una campaña electoral, con situaciones tan extremas que nos hacen olvidar el ciclón de la recesión económica que nos llega de Estados Unidos de América.
Las armas en manos de grupos irregulares y al margen de la democracia, simplemente no pueden existir en la naciente democracia salvadoreña.
En pocas ocasiones hemos observado un acuerdo máximo de la clase política para solicitar la investigación de estos grupos irregulares y anti-sistema, pero ¿a quién favorece esta situación? En realidad a nadie que viva legalmente y acepte la democracia.
Las armas en democracia solo pueden tener el referente constitucional y no existe más legitimidad que las leyes de la República, este es el acuerdo social a partir de 1992, que ha inaugurado un nuevo modelo de representación y participación.
El modelo democrático ha permitido a diversos grupos y actores sociales un protagonismo que en otros momentos era solo una fantasía infantil y los resultados permiten al menos compartir el concepto que el mejor impulso de cambio social no es la lucha armada, sino la construcción de la democracia, la cual no es perfecta, pero permite al menos la co-existencia de ideologías excluyentes.
La existencia de grupos armados al margen de la ley, es potenciada por la descomposición social, porque nuestra sociedad empobrecida por diversos motivos no puede integrar a miles de jóvenes que son atrapados por bandas delincuenciales con discursos “oportunistas” de vida fácil y sin esfuerzo individual, pero tiene resultados catastróficos, como lo observamos en las tristes historias de las penitenciarías nacionales.
Otro factor que puede motivar este esquema antisocial, es el rechazo a la democracia representativa y presidencial. Este pensamiento se coloca al margen de toda legalidad, es un esquema de autoexclusión y sin referente político. Recuerda esquemas derrotados históricamente que ya no tienen lugar en el siglo XXI.
Debemos ser claros sobre el tema de las armas, solo la Fuerza Armada tiene el patrimonio constitucional sobre el tema. Si existiesen grupos irregulares en crecimiento y en expansión como grupos antisistema, estos responderán a las leyes de la República.
Vivimos un pluralismo polarizado, donde las distancias ideológicas de las instituciones políticas en lugar de acercarse se alejan y casos como el citado nos hacen reflexionar sobre el futuro de la nación.
El tema es en extremo sensible, porque ninguna institución política puede favorecer grupos armados irregulares en una democracia, es muy riesgoso para el sistema democrático y en general para los que confiamos en la institucionalidad a partir de 1992. La institucionalidad debe funcionar, sobre ella recae el futuro de la nación.
El objetivo de la sociedad es construir una extensión natural del derecho hacia la política, donde nacen y mueren estas discusiones y los grupos armados irregulares simplemente no tienen ningún derecho a existir.
Evidentemente encontrar una solución histórica a este tema es una demanda popular.



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