César Ramírez
@caralvasalvador
La realidad nacional se impone con las muertes de policías, soldados, ciudadanos, niños y niñas frente a la impostergable condición de ingresos para superar el flagelo de la delincuencia organizada, el pueblo no soporta más esta incertidumbre social. Nuestra sociedad está amenazada por la delincuencia en todo sentido, nuestro horizonte es el pétreo rostro del ángel de la muerte, con escenas de vilezas indescriptibles, derramamiento de sangre gratuita, individuos degenerados cometiendo todo tipo de atropellos para mantener sus cuotas de extorciones, amenazas o presencia en determinados lugares de la nación, sus actuaciones son abominables e infinitas en su esfuerzo por magnificar el daño social. La presencia de este flagelo es constante, es una infame coexistencia de familias honradas separadas por una estrecha calle de las bandas criminales, ¿Quién levanta su mano para oponerse contra un impuesto que beneficia a la familia salvadoreña? ¿Por qué una sala constitucional se opone en la aprobación del bono de $900 millones para defender a la nación? ¿Existe una alianza para obtener ventajas políticas utilizando la violencia a su favor, como en los movimientos golpistas “desarmados”?.
Mientras el pueblo acompaña a los héroes de nuestras fuerzas de seguridad que en inferioridad se enfrentan a los delincuentes, ellos celebran la “supuesta” incapacidad administrativa como si en veinte años anteriores hubiesen combatido el fenómeno del narcotráfico y la corrupción. No obstante a grandes males, grandes remedios, en busca de recursos para financiar la seguridad nacional la imaginación no debe atarse a elementos transitorios sino a una visión de largo plazo, el Estado tiene facultades para realizar concesiones, nacionalizaciones o transferencia de bienes privados que se consideren estratégicos para financiar esta lucha desigual contra el crimen organizado. La historia de otras naciones lo demuestran: Impuestos a bienes patrimoniales, capitales, contribuciones por ingresos superiores al promedio de los asalariados mayoritarios, contribuciones de grandes empresas etc., pero el pronóstico de ésta lectura política es deprimente; éste es el momento de una respuesta humanitaria y pragmática, debido a que si los daños por la inseguridad son calculados tan fielmente por el sector privado con montos de cientos de millones, ¿por qué no contribuir en impuestos para proteger sus inversiones, empleados e intereses estratégicos?.
Esta situación me recuerda a Orson Welles en su película ¿qué importa si mueren?... en nuestro caso los pobres y desprotegidos – porque los señores dueños del capital tienen ejércitos privados- parafraseando a ese genio en este razonamiento siniestro –según ellos- : “entre nosotros alguien tiene que morir”… quizás solo para demostrar fuerza… o al estilo italiano: “¿éste instrumental diabólico de la violencia es una extensión partidaria y perversa de sectores de poder, aferrados a su pasado violento obstinados en la desestabilización económica-política de la nación?..
No es justo negar el apoyo a la Seguridad Nacional sacrificando a muchos inocentes, también de abnegados policías y soldados, cuando la protección de la familia es la vocación de la nación… que incluye a todos sin excepciones.
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