Caralvá

La evolución de nuestra sociedad nos permite una nueva visión sobre los centros de poder emergentes.
Los Centros de poder los podemos determinar por su capacidad de acción en áreas específicas: relaciones internacionales, capacidad de gestión nacional e internacional, capacidad orgánica, impactos informativos en la opinión pública (legal e ilegal), coacción de grupos ciudadanos, algunos son armados, trafican personas, no tienen fronteras etc., un elemento común que beneficia a estos grupos de poder es su ventaja en el uso de instrumentos financieros.
Es lamentable que estos grupos de poder usen herramientas tecnológicas para impulsar acciones delictivas, su poder es de tal magnitud que se ofrecen servicios “especiales” por la red de Internet sin control gubernamental alguno, esta práctica genera delitos conocidos por los cuales los legisladores deberían aprobar una ley que regule esas malas prácticas; estas acciones ilegales son: las redes de pedofilia, prostitución, incluso se afirma que el Mercado Central de abastecimientos, estos grupos han estructurado sectores de “interes”, para la extorsión de los comerciantes.
Los centros de poder antiguos como: Iglesia, el Ejército, los poderes de la República, no tienen respuestas efectivas ante este fenómeno social. El accionar de estos grupos implica un cambio antropológico y cultural, no solo tienen un estilo de vida diferente, sino un sistema de (anti)valores que fomenta ilícitos sociales.
Estos grupos de poder ilegales corrompen las estructuras legales con acciones de compra de voluntades, sicariato, asesinato de testigos y un rosario de bandalismo que ya no sorprenden a la ciudadanía.
Nos preguntamos si la democracia está diseñada para controlar a estos grupos de poder ilegales, porque en estas circunstancias enarbolar banderas partidarias no tiene caso, funciona más la búsqueda de un consenso nacional para aplicar la racionalidad pública en prevención e investigaciones, antes que aplicar acciones represivas.
Esta inversión en la racionalidad pública debería ser parte del presupuesto nacional.
De ahí la importancia de la formación de consensos políticos en oposición a los centros de poder ilegales, porque al contrario de algunas opiniones, la fuerza no se demuestra con acciones ilegales, sino por la capacidad de solución a los problemas y la disminución de las presiones internas o externas sobre el sistema de seguridad ciudadana.
Nos encontramos en una verdadera encrucijada social, donde los partidos políticos deben tomar la iniciativa a favor de la nación, con lo mejor de su voluntad hacia la gobernabilidad, con acuerdos que profundicen la prevención de estas bandas delicuenciales.
La ciudadanía pide realidades no promesas para la prevención de estos grupos ilegales, porque a fin de cuentas esto no es un tema electoral, es un núcleo de anarquía que debe terminarse antes que nos convirtamos en un Estado Fallido por la inoperancia de ejecutar las leyes de la República.
http://www.diariocolatino.com/es/20071011/opiniones/48003/