Caralvá

El problema es la denominación “delegación política”, durante muchos años vivimos una democracia que deposita las decisiones en instituciones a nombre de los ciudadanos, estos son los poderes del Estado, no obstante durante los últimos veinte años parece que ese modelo se agotó debido al colapso del partido en el gobierno que dilapido todo el capital social y confundió el concepto de los límites entre partido y gobierno, así durante veinte años aquella forma de gobernación era : “partido-gobierno” sin distinción alguna, era lo mismo miembros de dirección política y ministros, el presidente era el máximo representante del partido y gobernante de la nación, eso llevó a severas distorsiones que aún tienen huella en la sociedad civil. Durante esos años vivimos un modelo democrático amparados en las elecciones y la delegación de la representación política, pero con un nuevo gobierno la situación cambió, no es lo mismo presidente de la nación y presidente del partido político oficial, esa es una diferencia.

No obstante en los últimos años se observan evidencias que la democracia en algunos aspectos necesita de un nuevo tanque de oxigeno o en su defecto una Reforma Constitucional, puesto que algunas decisiones de las instituciones como la Sala de lo Constitucional no representan la voluntad popular,  de la misma manera que algunas decisiones de la Asamblea Legislativa; ese vacío es crucial para el desarrollo de la democracia participativa.

Los temas que preocupan al final pueden agruparse en la vocación de la nación, elementos sobre los “juicios políticos”, “atribución de competencias” de los poderes del Estado o “registro de bienes” de los servidores públicos.  Estos elementos pueden ser compendios de leyes e interpretaciones, pero interesa que los poderes distinga la división y que estos instrumentos del Estado solo hagan lo que la ley permite expresamente, “debiendo abstenerse de acciones para las que carezcan de facultades conferidas por las leyes”.

Así cuando hablamos del espíritu de las leyes, -cuestión de moda en este gobierno, pero curiosamente sin precedente en los últimos veinte años-  los fallos resultan en interpretaciones jurídicas notables.

Ahora existen interpretaciones a favor y en contra de la destitución de funcionarios, quizás sea la norma y no la excepción, pero evidencia la parálisis de interpretaciones entre órganos del Estado así como la división de poderes, al final la discrepancia no debe significar una división nacional, entre partidos o un grupo de intereses, sino debe ser una contribución hacia la dignidad del pueblo y la vocación nacional; este conflicto de interpretación de visión de poderes no pueden prolongarse al infinito, menos durante un período pre-electoral, como ciudadanos nos corresponde tomar la iniciativa y solicitar Reformas hacia una democracia participativa, que exista en su momento una consulta popular para solucionar estos impases, así sea por interpretación constitucional o la reforma a diversos artículos que deben actualizarse.

Luis F. Aguilar (mexicano) en uno de sus comentarios anotó: “En geometría, ante los teoremas se decía siempre: “lo que hay que demostrar”, en política es recomendable decir: “Lo que hay que realizar”…

Así para evitar los eternos conflictos entre poderes, realizar reformas tiene menos costos que descarrilar el tren de la nación por interpretaciones no escritas en las leyes actuales.

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