Caralvá
La acusación de la Fiscalía General de la República contra ex funcionarios públicos, connota una visión jurídica insospechada hace tan solo unas décadas, en nuestra nación algunos servidores públicos ingresaron a sus empleos con patrimonios pobres y al salir de la administración poseían bienes que superan la capacidad de la explicación financiera, esa ha sido la norma hasta el momento que se concreta el precedente por el delito de peculado en el caso de ENEL-CEL.
Nuestra sociedad aspira a la democracia, los cambios regionales e internacionales nos exigen normas de control y reglas claras, deseamos un modelo incluyente, plural, participativo, donde la responsabilidad ciudadana no termine en una elección, sino se prolongue durante la administración gubernamental, por esta razón el caso de ENEL-CEL tiene una arista que nos corresponde, puesto que al final todo ese patrimonio pertenece al pueblo.
El Sector Público es parte de la nación al cual debe pedírsele cuentas, no pueden ser ajenos a la justicia como lo ha sido en la tradición de subdesarrollo que arrastramos con vergüenza, porque la corrupción también mata inocentes, la corrupción roba salud, educación o infraestructura de los pobres a los cuales les pertenece ese patrimonio dilapidado.
Este caso como otros emblemáticos nos demuestra que los funcionarios no están a la altura que la sociedad reclama, quizás porque en lugar de solicitar grados académicos se pide membrecía política, de tal forma que los implicados además de poseer filiación partidaria otorgan tributos a los jefes superiores, al final es una pirámide de corrupción visible en el actual proceso.
Hace tiempo que la sociedad pide el funcionamiento de las instituciones, que funcionen las leyes, que la aplicación de justicia no solo capture a los desamparados y beneficie a los potentados, en pocas palabras que se combata la impunidad.
La sociedad del siglo XXI debe corregir y sancionar los desvíos de la ley, tal cual es el origen de este caso, una trama de interpretación jurídica en contra de los intereses del Estado y en la oscuridad de conjuras que solo benefician a sus protagonistas.
Si no existiera corrupción en nuestra nación, seríamos una nación próspera y sin abismos económicos.
Siempre solicitamos Reformas Constitucionales porque casos como el mencionado provocan daños irreparables, tanto que las fortunas nacionales aparecen en Florida o los paraísos financieros, de estas situaciones algunos periódicos norteamericanos hacen referencias antiguas.
Así como se pide una declaración jurada a los funcionarios públicos al otorgarles un cargo, así debería ser público todo su patrimonio al salir de su mandato constitucional, un Registro Patrimonial con Acceso Público que marque su evolución y seguimiento es urgente, de otra forma el enriquecimiento inexplicable será la norma al final de cada quinquenio.
Si la justicia funciona, podemos estar seguros que el reconocimiento no solo será nacional, sino internacional. La nación se merece un futuro mejor y la dignidad del pueblo también.
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