Caralvá
¿Hasta cuando los partidos políticos nombrarán Fiscal de la República? Según parece no hay prisa, pero es un absurdo, se generan incoherencias en otras dependencias y en procesos pendientes de aplicación de justicia, el caso es irregular pero connota el irrespeto hacia la sociedad civil; los Diputados deben velar por el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, pero la Sociedad Civil no tiene una participación directa, debido a que es una atribución de la Asamblea Legislativa, por lo tanto el tiempo no es importante, la persecución de los delitos puede esperar.
La opinión pública por medio de diversas personalidades ha expresado su preocupación, la Fiscalía General de la República está sola ante el crimen organizado, las mafias, las agrupaciones ilícitas, etc. y esta soledad también es parte de nuestra historia, los ciudadanos en general no sienten ninguna protección al acudir a la Fiscalía, el pueblo conoce los límites de los fiscales que tienen poco presupuesto, con un rezago de casos históricos y prácticamente con gran incapacidad para atender todas las demandas de seguridad ciudadana en una nación asediada por el crimen organizado.
El Fiscal de la República no puede solo por su personalidad resolver esta herencia negativa, al retroceder algunas décadas encontraremos casos simbólicos pendientes, entre ellos: masacres, mala administración de fondos públicos, contrabandos, drogas etc., que marcan un catálogo del crimen, lo cual no se resolverá de la noche a la mañana.
La elección del Fiscal parece provocar el temor de perseguir delitos que han ocurrido en el pasado y mientras estos no fenezcan “legalmente” no se puede nombrar a “cualquiera”… en otras palabras elegir a Nerón para que cuide nuestra guardería.
De ser ese el punto crucial, el fenómeno tiene otro nombre: “desconfianza política”, “temor al enemigo”, “punto de honor partidario” etc, que conducirá a la parálisis institucional, pero evidencia ante la nación la falta de interés por resolver los problemas fundamentales en materia de seguridad pública. No se trata de un partido político al final, es la nación la que clama porque la institucionalidad funcione, que se imponga la justicia, que el Derecho debe ser la norma que guíe a nuestra sociedad y no la conveniencia para ocultar delitos contra el Estado. De continuar con este impase, debido a que las personas propuestas no alcanzan el número de diputados, es más fácil proponer a nuevos aspirantes que seguir en este laberinto sin solución.
Este panorama es desolador, si los delitos serán perseguidos u olvidados por conveniencia política, estamos en un colapso de justicia; si no aplicamos la justicia porque esto significa ganar o perder votos en las próximas elecciones, entonces vivimos la peor de las democracias, puesto que solo serán juzgados los pobres diablos atrapados robando gallinas, entonces vivimos la miseria de la injusticia… es la extrema pobreza del derecho ciudadano.
¿A quién beneficia la ausencia del Fiscal General de la República? a quienes se consideren objeto de persecución delictiva y no duermen pensando que perderán sus bienes mal habidos; al poder que no resiste el escrutinio de la historia de estos últimos 30 años y sus delitos están vigentes; a quienes saben que muchos de los archivos pendientes pueden ser activados por iniciativa de un Fiscal honesto.
Este proceso es educativo, el temor a la justicia implica que algo está cambiando positivamente en la nueva sociedad democrática.
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