Caralvá
De las expresiones populares y las demandas sociales, las calles rebosaban con el colorido de años anteriores. Todo bajo la normalidad aparente de destrozar la propiedad privada, algunos autos de ciudadanos, manchar las paredes y proferir epítetos antológicos, nada nuevo, esa (a) normalidad de abusos de ciertos sectores que actúan en realidad como delincuentes y sin control de nadie. Pero si existió la diferencia con el presidente electo Mauricio Funes, dirigiendo un discurso a la concentración popular, acción de gran significado en los actuales momentos de crisis económica.
Todo hubiese terminado en ese marco de expresiones públicas, de no suceder la irrupción de una columna de irresponsables en la Asamblea Legislativa que paralizó la actividad de ascenso y nombramiento de la nueva Junta Directiva.
La lectura política de un acontecimiento de esa naturaleza es grave, porque fija un precedente en un acto oficial de la República, además es un mal mensaje a las naciones democráticas, porque significa que esas fuerzas irregulares, pueden hacer su voluntad donde lo deseen.
No se necesita mucha inteligencia para sospechar que una leve acción inconstitucional, puede ser la excusa perfecta para aquellos grupos que sueñan con el retorno del pasado, haciendo realidad una nueva pesadilla en El Salvador. Recordar que nuestra historia esta llena de excusa a favor de los Golpes Militares, es lo mismo que comer pupusas los fines de semana.
Se debe fijar un límite a estos sectores que entusiasmados por el triunfo popular, creen que el Estado es parte de un Partido Político, se equivocan, porque el Estado no puede ser extensión, ni propiedad de un Partido Político, ese fue el gran error de la administración conservadora en estos 20 años, su accionar se confundía entre militantes y funcionarios de tal forma que la sola pertenencia política casi era sinónimo de privilegios discrecionales estatales.
Si en realidad se desea construir una base sólida para los futuros años se debe pensar en lo siguiente: El presidente debe ser un centro de consenso nacional, con tal autoridad que aglutine el poder de la República y construya la estabilidad social. La institucionalidad de la República en todas sus expresiones debe funcionar, como ha sido el caso de la elección de la última Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, al final fue una elección democrática en su interior.
Los poderes políticos deben converger hacia el presidencialismo y un parlamento fuerte tal cual es ahora. La Asamblea Legislativa no debe entrar en colisión permanente con el Poder Ejecutivo, puesto que esta situación puede derivar en una parálisis política, que a nadie conviene en tiempos de crisis.
Importante es la construcción de un pacto social con las fuerzas productivas, camino que conduce a la estabilidad social.
El nuevo gobierno deberá enfrentar un enorme desafío: hacer compatible el bienestar social en tiempos de crisis. Para el nuevo Gobierno no habrá milagro seguro, solo las realidades institucionales y decisiones incluyentes con todos los sectores sociales.
