César Ramírez
@caralvasalvador
La seguridad nacional toca a nuestra puerta, la delincuencia es más fuerte en nuestros tiempos que en cualquier otro momento de la historia, ¿pero es correcto denominarla delincuencia? ¿O es un título que se queda corto ante la realidad?. Éste fenómeno de las pandillas hace tiempo que dejó de ser delincuencia, las maras son organizaciones para delinquir, para cometer ilícitos, para destruir al modelo nacional, son en una palabra “antisistema” y peor aún realizan actos terroristas. Definimos terrorismo así: “acciones de violencia indiscriminada y desesperada contra objetivos civiles, actos irracionales que no respetan ningún protocolo legal con ventaja decisiva, acciones contra ciudadanos indefensos ejecutados por organismos ilegales armados contra miembros de instituciones, religiosas, políticas o apolíticas inscritas en un sistema legal”. La recurrencia de este fenómeno es la peor herencia negativa de las últimas décadas, cada gobierno hace declaraciones solemnes y luego los ciudadanos entierran a sus difuntos, es predecible el destino en los próximos días, si no encontramos una solución justa. El postulado de Nigel Cantwell eminente criminalista, sigue vigente: “una política de justicia juvenil no es una política si no incluye la prevención” 1997. Debemos agregar a ello una justicia para jóvenes y delincuencia organizada. El paradigma parece ser: “Defensa ciudadana y reformas constitucionales”, pero la variante “no escrita” es el factor político, interpretado como votos para la siguiente elección. La clase política juega con la vidas de ciudadanos apostando al discurso: “nosotros podemos solucionarlo, ellos no”. No debemos pensar en intereses políticos, el problema está ahí en los barrios, calles, escuelas, no en la cabeza de algunos dirigentes electoreros… urge una solución posible. Es un momento difícil, debemos proteger a nuestras instituciones, debemos encontrar respuestas ciudadanas justas, abordar el fenómeno sin caer en el abismo de la violencia: legal e ilegal, con un escenario predecible. Al afirmar que necesitamos un diálogo ciudadano implicamos a las empresas privadas, a las transnacionales, a las naciones amigas, puesto que evidentemente no tenemos recursos para eliminar este flagelo de un día para otro. Las empresas de telefonía cuando no cumplen con el bloqueo a sus antenas en las cárceles, propician delitos atroces, esta condición ha sido denunciada por entidades civiles, así como por instituciones estatales, ¿qué esperan?... quizás el cierre anual de dinero sucio por tanta extorción que facilita muertes por llamadas telefónicas. La ausencia de financiamiento al Estado al no aprobar préstamos internacionales contra la delincuencia profundiza esta irregularidad. Parece que algunos empresarios son nación en la misma medida que tienen ganancias de capital, nada más. Con objetivos claros y concretos, el problema no es de una administración gubernamental, ni un Partido Político, es la vida de la nación que está en juego, de tal forma que aplicar todo el peso de la Ley a los Antisistemas significa elevar el grado de responsabilidad en la clase política en todas las acciones orgánicas: “reforma constitucional en defensa y protección de las instituciones”, al mismo tiempo desarrollar proyectos de largo alcance con los sujetos que deseen rehabilitarse. Este debe ser el diálogo ciudadano, con soluciones posibles.
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