César Ramírez

@caralvasalvador

En el momento que la Sala Constitucional califica a estos grupos delincuenciales bajo ese concepto, la ciudadanía aplaude esta resolución, a pesar que llega con mucho retraso,  pero abre las puertas para nuevas reformas que dignificarán la lucha contra estos organismos antisistema. Durante años el pueblo ha soportado: la impunidad, el sigilo, la ventaja contra ciudadanos indefensos, etc.,  configurando la imagen de complacencia tanto de la justicia como de las máximas autoridades constitucionales. Antes de esta conceptualización estos sujetos se han burlado de la sociedad salvadoreña, han pisoteado los sentimientos de los familiares de policías, soldados, maestros, estudiantes, abogados, jueces, profesionales etc.,  con tal desprecio que el retardo de su calificación involuntariamente construyó un refugio para estos delincuentes.

Los terroristas no sustentan los valores del Estado Social y Democrático de Derecho como son: la libertad, justicia, mucho menos el valor de la dignidad. Su objetivo constante ha sido destruir la Seguridad Nacional, además combaten: la tolerancia o la igualdad puesto que en conjunto buscan crear la pérdida de la paz social. Sus acciones han coincidido decididamente con movimientos desestabilizadores en todo nivel, incluso recién se anuncia que han pretendido atentar contra la vida del Fiscal General de la República, es un atropello a la comunidad-legal de nuestra sociedad; han fundado con su violencia el “no-derecho” condición que les ha llevado por su propia historia al nivel de “no-personas”, una estatus extremo que en su nueva realidad de terroristas significa que son visibles para la justicia nacional e internacional, además pierden toda condición jurídica: “no se presumen inocentes”, “no tienen ningún fundamento legal”, “no tienen derecho a ningún proceso justo”, “su vida es una declaración en su contra”, etc., ningún Estado puede tratar con sus enemigos porque eso significa a corto plazo un suicidio, en general son fuente de peligro; estos conceptos han sido expuestos por académicos como Guillermo Portilla Contreras, experto en Derecho Penal,  en su artículo: “terroristas como no-personas del Derecho”.

En nuestra realidad las actividades de los terroristas están fuera del Marco Constitucional, acción visible durante muchos años, deberíamos preguntarnos ¿por qué se demoró tanto esta resolución?  El ejemplo para las siguientes acciones es una brecha inaugurada por otras naciones que sufren este flagelo: ¿cómo tratan otros pueblos a quienes atentan contra sus ciudadanos, policías, soldados, profesores, niños o niñas?...  Una condición me parece justa a partir de este momento, todo es legítimo para la defensa del Estado y la sociedad, mientras que para los grupos terroristas nada puede ampararles, se han esforzado tanto para esta caracterización que solo sus voceros o apologistas tan terroristas como ellos podrán defenderles.

En algunas de sus reflexiones el profesor Portillo Contreras, anotó: “no se trata de la creación de un orden de derecho, sino de mantener un orden” puesto que no se trabaja con personas sino con enemigos peligrosos. Quizás la única puerta abierta que les queda a los terroristas es abandonar su estilo de vida, pagar sus penas y aceptar el orden de la democracia.

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