César Ramírez

@caralvasalvador

Un video entre miembros de ARENA y grupos terroristas, ha circulado desde el día 12 de marzo en diversos medios de comunicación y fue divulgado por El FARO; ese conciliábulo devela la alianza con grupos del crimen organizado, un acto indignante que el pueblo salvadoreño repudia por los crímenes que causan estos grupos a las familias de los trabajadores; ese encuentro parece una charla de viejos conocidos que intercambian propuestas para beneficios electorales, seguridad, garantías, nombre para Ministro de Seguridad, parece que la Mafia Italiana tiene buenos alumnos en Centroamérica. El evento marca una concreta diferencia sobre el modelo democrático, la distancia entre partidos no es solo ideológica, sino un partido que unido a grupos armados ilegales pretende profundizar el descontento y el temor, de ser necesario desde el Gobierno de la República. La reunión es la respuesta a las preguntas: ¿A quién conviene el terrorismo? ¿Quiénes patrocinan estas organizaciones? ¿Es un proyecto político para presionar a las instituciones? ¿Quiénes pretenden aislar al Estado y sus Instituciones? ¿Quiénes propician el sabotaje, quebrar la economía y favorecer al terrorismo? ¿Por qué los asesinatos aumentan o disminuyen en momentos electorales? ¿Quiénes ordenan asesinar a los trabajadores?... son los oscuros personajes que aparecen en ese video, esa reunión demuestra el verdadero rostro de estos personajes políticos, ya conocemos entonces quienes son los causantes de tanto dolor al pueblo salvadoreño.

Vivimos con el enemigo entre nosotros... resulta que la sociedad salvadoreña coexiste con miembros de una institución política aliada a los terroristas que no promueve los valores democráticos, ni sus leyes, ni la vigencia económica, ni la defensa del voto en procesos electorales, tampoco los valores de la familia, religiosos, morales, etc. en síntesis lucha por destruir el sistema legal; ahora comprendemos la impunidad, el lavado de dinero, el fracaso de tantas iniciativas sociales, la inseguridad colectiva etc., pero después de la indignación no queda más que la acción social contra los antisistema, pedir a la justicia su acción, a las instituciones el cumplimiento de las leyes y a la nación la movilización para condenar estas conspiraciones contra la vida y la democracia. El ideal de la política es hacer el bien a su pueblo, en este caso reunirse con los asesinos de niños, policías, soldados, trabajadores, maestros etc., es la traición al ideal democrático y la paz social. Parecía que la sociedad salvadoreña había agotado su capacidad de asombro durante la guerra civil, ese holocausto que destrozó nuestros valores morales, espirituales, familiares y otros que nos condujo al abismo de la crueldad fanática, pero nunca observamos una acción similar, implicando la coacción al evento electoral promovida por personas con investidura legal que conspiran para comprar voluntades, un cargo de ministro, cierre de prisión de alta seguridad etc. aspirando al poder político y gobernar junto a delincuentes, ello es un acto que atenta contra la comunidad jurídica, el conjunto de instituciones y el modelo social de la República… es simplemente traición a la Patria. Los miembros de ese partido político que aún conserven dignidad y honor tienen una magnífica oportunidad para expresar su repudio a ese complot del mal, si no disienten son cómplices de los terroristas a pesar de su investidura legal.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Las reformas constitucionales deben realizarse ahora.

Las respuestas internacionales a las acciones terroristas esta caracterizado por las leyes universales, recordemos: Francia, Estados Unidos, Rusia, Colombia, México etc., el Estado y la Sociedad Civil salvadoreña necesita acción inmediata.

La Ley debe preceder las acciones políticas, excepto cuando no funciona la institucionalidad, entonces hablamos de Revolución, ejemplarmente las Revoluciones actúan de hecho no de derecho, la Revolución hace las leyes no a la inversa, en nuestro caso lejos de un acontecimiento de esa naturaleza, parece que no existen leyes “adecuadas” para defender a los ciudadanos.

Sectores antisistema intentan aislar al Estado en su lucha contra el terrorismo, orientando a la opinión pública hacia una imagen negativa en todo, pero se olvidan de proponer soluciones… el horroroso caso del día 3 de marzo cuando fueron asesinados once trabajadores pretende provocar pavor. Ese acto terrorista nos llama a la unidad nacional, pero algunos sectores interesados llaman a la división nacional, es una actitud perversa que repite: “divide y vencerás” cuando en realidad debe ser: “unidos venceremos al terrorismo”.

¿A quién conviene el terrorismo? ¿Quiénes patrocinan estas organizaciones? ¿Es un proyecto político para presionar a las instituciones? Etc. en realidad se pretende aislar al Estado y sus instituciones, bajo el esquema que el sistema judicial no funciona, las leyes tampoco, la civilidad está agotada, no se puede creer en nada, ni existe nadie en quién confiar, una estrategia muy simple, porque pretenden disminuir la gobernabilidad, es un sabotaje y favorece al terrorismos contra nuestro modelo cultural.

El objetivo de nuestra sociedad debe ser la coincidencia en la democracia y no en el totalitarismo, se trata de abrir entendimientos con las leyes de la república en nuestra fragmentada sociedad civil, de unirnos contra enemigos comunes: narcotráfico, crimen organizado, terroristas, etc. nuestro objetivo es la justicia en democracia.

Si nos oponemos al terrorismo y sus acciones de violencia indiscriminada, se debe reformar en el menor tiempo posible la Constitución de la República, puesto que las viejas normas no contemplaban el fenómeno que amenaza a nuestras instituciones, se trata de salvar a la República no de salvar el discurso político de los poderosos sectores desestabilizadores.

El máximo desafío en este momento no llega de los terroristas, llega de la necesidad de derrotar la fragmentación nacional, se deben derrotar las tesis reaccionarias que a toda costa desean cumplir su perversa divisa: “divide y vencerás”, y la mejor respuesta es: la unidad nacional ante el terrorismo y todos sus aliados… se trata de modernizar la justicia, la constitución, de adoptar acciones audaces en este momento de crisis, acciones en el modelo de comunicaciones, acciones materiales contra los delincuentes; sino se actúa con sagacidad, con imaginación y voluntad de toda la clase política, incluyendo a los sectores económicamente poderosos, se favorecerá a los gatilleros que no tienen patria, ni moral, ni son ciudadanos, ni personas, porque ellos tienen por objetivo arruinar nuestra democracia y todos perderemos.

Aislar al Estado e intentar quebrarlo económicamente también son acciones antisistema. Nuestra mejor respuesta debe ser la Unidad Nacional contra el terrorismo.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Escuchando la brillante declaración del Ministro de Hacienda Carlos Cáceres en una reciente entrevista, reparé sobre el amparo constitucional sobre los intereses de las pensiones, el cual ha sido objeto de una serie de rangos de percentiles que significan nada menos que $50 millones por cada elevación porcentual, lo cual significa un “ajuste económico” por decretos legislativos o fallos jurídicos (en la Sala Constitucional) sobre una determinación económica.

Aquellas palabras recuerdan otros intereses que podrían “determinarse” de la misma manera, entre ellas: tarjetas de crédito, todo tipo de préstamos bancarios, en general todo mecanismo del sistema financiero a fin de cuentas es lo mismo, capital e intereses, así funciona el sistema capitalista nacional e internacional.

En mi opinión un amparo constitucional sobre todo tipo de interés financiero debe ejecutarse en forma similar al movimiento que se desarrolla sobre el interés de las pensiones, ¿porque los intereses de las tarjetas de crédito no son discutidos en público? ni en Asamblea, tampoco son motivo de campañas publicitarias, o instrumentalizados políticamente; simplemente el tarjetahabiente recibe en una fecha del mes un aumento de cobros especificados más o menos así: manejo bancario, uso de tarjeta, membresía, trámites on line, intereses –no especificados- etc. los cuales debe pagar y sin discusión. Según nota de prensa de La Asamblea Legislativa del 27 de enero de 2016: entre los años 2010 y 2015, se recibieron 1,678 denuncias y 10 avisos de infracción relacionados con tarjetas de crédito; hasta la fecha, precisó, el 76.34% de denuncias recibidas ya se resolvió a través de medios alternos de solución (avenimiento y conciliación) y sólo un 14.78% de las denuncias están en proceso de trámite en el Tribunal Sancionador. “Se ha recuperado un total de $548,731.75, en denuncias resueltas a favor de los consumidores”… “Asimismo, consideró que es necesario establecer la facultad al Banco Central de Reserva (BCR), para que pueda exigir la información de las operaciones crediticias al universo de entes económicos, para contar con mayor información sobre las tasas máximas de intereses anuales que se aplican en el mercado”.

Si hablamos de tarjetas de crédito, usualmente hablamos de personas responsables (quienes no pagan son las excepciones), al igual que las pensiones, todos los trabajadores depositan (o remiten) sus ahorros a una cuenta mes a mes (excepto los desempleados), pero ¿acaso no es el mismo caso? Dinero e intereses, bancos-AFP y trabajadores, créditos (activos) y capital, de tal forma que regular los intereses de una y otra forma no debe ser excluyente.

El acceso a información o gestión sobre los intereses del capital, debe ser tratado sobre “realidades” y no por “intereses políticos o financieros”, hablamos entonces de lo posible, ni abusos del cobro de intereses, ni manejo político sobre la economía, puesto que tal acción apertura un precedente jurídico contra todo el sistema financiero.

Es necesario entonces hablar de protección a los usuarios-trabajadores y responsabilidad del sistema financiero y AFP, si el sistema está en crisis, concretamente en financiamientos negativos que no ayudan al desarrollo nacional, las soluciones deben concluir en la racionalidad, de tal forma que acercar posiciones sobre el tratamiento al problema de las pensiones y los intereses bancarios no debe confundirse con proclamas para “ahogar económicamente al Estado”, ese es un argumento miserable que castiga a todo el pueblo. Bajo ese criterio los intereses del sistema financiero también son inconstitucionales e injustos.

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