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César Ramírez

@caralvasalvador

En nuestra historia los grandes eventos sociales connotan el sentido de la justicia que interpretan los sectores involucrados, los poderosos grupos económicos tienen una versión dominante mientras las clases sociales más vulnerables usualmente son silenciadas por la represión, las leyes o la exclusión que usualmente no es juzgada sino justificada.

Aún conservo en mi memoria aquellos vivos llamados para asesinar a los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989, esos mensajes fueron divulgados en cadena nacional de radio; un desfile de secuaces vociferantes clamaban eliminar a los comunista con sotana, pero eso no quedaba ahí, sabíamos que el mensaje era claro: maten a todos los comunistas que encuentre en cualquier sitio de la ciudad, campo, iglesia, cantón etc.; para proclamar ese atropello se necesitó un ejército dispuesto a defender los intereses políticos más poderosos de la nación y así sucedió.

Han pasado dos décadas de aquella acción, la cual significó la muerte del Consejo Superior de la UCA, como también de cientos de miles de salvadoreños sin distinción, la mayoría aún sin tumba para unas flores, sin justicia y en completo olvido.

A partir del Acuerdo de Paz 1992, Amnistía, nueva legalidad y las reformas, cambiaron a favor de la institucionalidad democrática, pero debemos indicar un elemento crucial en esta situación, la existencia de “un antes” y “un después” para el Ejército Nacional; podemos afirmar que a partir de esa fecha un nuevo ejército participa de la vida nacional, con una visión diferente a la que tradicionalmente ejercía: “la defensa de la oligarquía y su impunidad”, de ahí surge la visión reciente de las antiguas clases militares, de esa interpretación del siglo pasado, así podemos comprender el llamado del Colegio de Generales, las declaraciones de los antiguos jefes, así como sus grupos afines que recuerdan horrorosos eventos que derramaron tanta sangre en nuestra nación… ellos no aceptan las acciones de la justicia internacional tanto de Estados Unidos como en el Reino de España; para el pueblo llano esto solo significa soluciones militares: dictaduras y Golpe de Estado.

El mensaje de los generales del viejo ejército es claro, el alcance de sus declaraciones no solo involucra al Estado sino al Nuevo Ejército surgido del Acuerdo de Paz, es una real amenaza a la democracia, con una resuelta negación a la justicia internacional.

Quizás el problema esencial del canto de los generales del viejo ejército, es el ejercicio de la impunidad, amparados en las viejas constituciones, el mecenazgo oligárquico, su sed de poder, etc., es la justificación de la violencia contra todo comunista (bueno o malo, con sotana o sin sotana, aristócrata o plebe, demócrata, intelectual, antifascista etc.)… no obstante Estados Unidos deportará a un militar involucrado en estos acontecimientos, mientras tanto en España los familiares reclaman justicia por sus familiares.

El caso se convierte en un examen para la democracia, la Corte Suprema de Justicia fijará una posición ineludible, que dará un fallo histórico sobre la impunidad, cualquiera que sea el fallo, la democracia enfrentará a la verdad, en nuestra nación la injusticia es usual, así hemos vivido por generaciones; no obstante en el Siglo XXI podemos afirmar: “no hay una cosa peor que la injusticia, y es la justicia sin espada en la mano. Cuando el derecho no es la fuerza, es el mal. Oscar Wilde.

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César Ramírez

@caralvasalvador

El asesinato de los sacerdotes jesuitas, debe considerarse en el marco de una guerra civil, esencialmente una conspiración, un acto militar, sin olvidar que las guerras también tienen límites, tratados, convenciones etc., que identifican las reglas del conflicto que deben respetar los derechos humanos.

Entre los tratados según la fundación acción pro derechos humanos tenemos: “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (9 de diciembre de 1948); Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (26 de noviembre de 1968); Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad (3 de diciembre de 1973); Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998)” etc. en su apartado: Procesos judiciales y Comisiones de la Verdad enuncia: “Y Las graves violaciones de derechos humanos que constituyen crimen de genocidio, crimen contra la humanidad o crimen de guerra han dado lugar a diferentes procesos penales así como a la constitución de diferentes comisiones de investigación o (denominadas con frecuencia "Comisiones de la Verdad") para el esclarecimiento histórico de los autores, los responsables y las circunstancias en que dichos crímenes y violaciones de los derechos humanos fueron cometidos”. Justamente   en su capítulo: Persecución e Investigación de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra (Procesos judiciales y Comisiones de la Verdad), menciona el proceso judicial en España sobre el caso jesuita.

Cuando se caracteriza el caso jesuita como crimen de lesa humanidad se refieren a los criterios de: asesinato, exterminio, deportaciones forzosas, tortura etc, además persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, etc, y parte de un ataque generalizado o sistemáticos contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque.

La justicia en El Salvador es ambigua en este caso, los imputados son inocentes en nuestro territorio pero fuera de nuestras fronteras son requeridos por la justicia de otra nación, así Estados Unidos de Norteamérica avala la deportación de un jefe militar y el Reino de España por medio de un acto judicial pide la captura de militares salvadoreños; algo muy malo debe suceder en nuestra justicia para oponerse a las leyes internacionales y no se trata de un carácter ideológico, sino de la acción de la comunidad jurídica internacional, de tal forma nos implica el caso, que una solución podría ser una corte internacional para garantizar un juicio justo, tanto a los implicados como a los ofendidos en sus derechos humanos.

En nuestro medio social, toda acción social es interpretada bajo el signo de comunismo o anticomunismo, oligarquía y proletariado, rojo o blanco, cristianos o ateos etc. en una larga serie de dicotomías que no ayudan en nada a solucionar los problemas de nuestro empobrecido país, el colmo es la afirmación de algunos sectores: “tomarán las armas” por la captura de algunos militares requeridos por la justicia internacional… me parece que conociendo la trayectoria de la Corte Suprema de Justicia y en especial la Sala Constitucional, acá no pasará nada… ni el fin del mundo para nadie, incluyendo los crímenes de lesa humanidad; si me equivoco, tampoco sucederá nada, la guerra nos dejó ciegos de amenazas… dejemos que las instituciones funcionen.

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César Ramírez

@caralvasalvador

El promedio de la esperanza de vida en El Salvador hasta el año 2013 según www.datosmacro.com es 72,50 años; para las mujeres es de 77,20 años y para los hombres 68,02 años. En otras naciones: Costa Rica 79,70; México 77,14; Nicaragua 74,46 etc.

Según el FMI la edad de jubilación debe subirse y aumentar los años de cotización, condición que refiere al modelo que se desee optar, el cual no lo deciden los trabajadores y en ocasiones tampoco el Estado, sino las realidades capitalistas.

El ejemplo de España es significativo: “Desde que se pusieron en marcha las últimas modificaciones en el plano de las pensiones en 2013, la edad legal u ordinaria para jubilarse se va incrementando poco a poco hasta alcanzar los 67 años en 2027. Cuando llegue esta fecha, todos nos jubilaremos dos años después que en la actualidad, excepto si tenemos cotizados 38 años y 6 meses o más, caso que permitirá seguir jubilándose a los 65 años. Pero el actual sistema de las pensiones no sólo eleva la edad legal de jubilación, sino que el tiempo cotizado necesario para recibir el 100% de la prestación también se incrementa desde 35 a 37 años” (canaldejubilación MAPFRE España). Según la misma fuente, las reformas de pensiones: A partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación será de 67 años. La edad de jubilación anticipada forzosa es 4 años menos que la edad legal y la voluntaria es 2 años menos. En 2016, la edad legal de jubilación es de 65 años y 4 meses. Etc. aunque la situación es tan distal a nuestra realidad nos ayuda a visionar el futuro de las pensiones en nuestra nación. Según la ley en El Salvador, los requisitos de pensión son cumplimiento de edad y tiempo de cotización: Edad 60 años los hombres y 55 años las mujeres; tiempo de cotización 25 años cotizados ya sea en forma continua o discontinua, algunos estudios sugieren incrementar la edad en tres años para ambos géneros de 63 para el hombres y 58 para la mujer; la edad promedio de jubilación en Europa es de 65 años.

En El Salvador la condición en la edad de jubilación parece depender de la deuda que el Estado tiene por el sistema anterior a las AFP, éste argumento es el generador de la actual incertidumbre en relación a la reforma de pensiones; además el Estado hace préstamos a las AFP a las cuales paga un porcentaje por esta acción, no obstante ese pago significa un incremento de millones al presupuesto general de la nación; no obstante si el Estado recibe ingresos por impuestos los cuales son bloqueados por interpretaciones “sectoriales” y los bonos son congelados por amparos constitucionales… el panorama es desalentador; ello se puede interpretar como una acción política interesada en crear desordenes financieros.

¿Podremos mantener el sistema mixto de pensiones durante décadas? ¿O simplemente aplicaremos el aumento de la edad de jubilación para solventar la profunda deuda existente? el ejemplo de otras naciones quizás nos ayuda a solucionar éste grave problema, aunque simplemente: ¡moriremos trabajando!.

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