César Ramírez

@caralvasalvador

Algunas personas afirman que los (diputados u otros) suplentes no son necesarios, precisamente me parece incorrecto, en el caso de las instituciones políticas o electorales todas tienen suplentes, tanto el Tribunal Supremo Electoral, La Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa y en el caso del Gobierno las sustituciones son inmediatas, de manera que la conducción de la nación mantenga su rumbo estable, imaginemos a la República sin Ministros, Directores, diputados etc… nadie tomaría las decisiones “políticas” requeridas, ese es su trabajo, los funcionarios públicos toman determinaciones que los grandes conglomerados necesitan.

Pero la discusión es política cuando se decide eliminar la suplencia de los diputados de la Asamblea Legislativa, puesto que no se invoca el mismo argumento a otras instancias como la misma Corte Suprema de Justicia, ni al TSE, es por lo tanto un camino que nos conduce a violentar la Constitución de la República donde se incluye la figura de los Diputados Suplentes.

¿Por qué eliminar a los diputados? ¿Bloquear el financiamiento del Estado? ¿Cuál es la causa de la honorable Sala Constitucional para excluir a medios de comunicación en sus reuniones declarativas? El conjunto parece la conspiración de una clase social sobre otra, en el antiguo estilo del siglo pasado, con una agenda visible y otra oculta para favorecer a los grandes intereses económicos, un escenario violento conocido en la historia nacional.

El 14ABR015 se entregaron credenciales a diputados propietarios y suplentes, mientras el TSE cumplió con el art. 222 dentro de los seis días siguientes a la fecha del decreto (09ABR015) que declaró firmes los resultados de la elección.

El art. 209 constitucional: “El Consejo Central de Elecciones será la autoridad suprema en esta materia, sin perjuicio de los recursos que establezca esta constitución, por violación de la misma”… quince meses después los diputados suplentes son declarados inconstitucionales (13JUL016)… es maravilloso que nadie observó las irregularidades de los diputados suplentes en el momento electoral, pero fueron aprobados por el TSE “autoridad suprema”, ahora resulta que no lo es, quizás pronto sus miembros también sean declarados miembros partidarios y por lo tanto inconstitucionales…

Al declarar a los diputados suplentes inconstitucionales, se violenta la constitución por lo siguiente: “Art. 129 Inc. 1 Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados… etc. Inc. 2 “No obstante, podrán desempeñar los cargos de Ministro o Viceministros de Estado, Presidente de Instituciones Oficiales Autónomas, Jefes de Misión Diplomática, Consular o desempeñar Misiones Diplomáticas Especiales. En estos casos, al cesar en sus funciones se reincorporarán a la Asamblea, si todavía está vigente el período de su elección” … ¿En este caso, la Asamblea Legislativa ya no estaría conformada por 84 diputados puesto que al no existir el diputado suplente, la aritmética cambiaría en todas sus implicaciones…

El art. 131 Cn. Corresponde a la Asamblea Legislativa. Inc. 3 “Conocer de las renuncias que presentaren los Diputados admitiéndolas cuando se fundaren en causa justa legalmente comprobada. Inc. 4 Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios…

Ya conocemos la violencia del siglo pasado, ahora vivimos otra violencia jurídica con interpretación sui géneris constitucional… parece que repetiremos la Historia. www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Después del 13 de julio de 2016, la derogación de la Ley de Amnistía tiene un resultado incierto, ahora la realidad se verificará en las denuncias ciudadanas, la acción de la Fiscalía, las iniciativas legislativas, etc. porque el Gobierno de la República ya se pronunció al respecto.

Como hemos señalado en artículos previos, la Sala Constitucional de la CSJ excede con sus interpretaciones los lineamientos de la Carta Magna, en conjunto parece una “refundación” de la República imaginada en el pasado pero ejecutada jurídicamente en el presente, ¿es justificable perjudicar la gobernabilidad? La Amnistía fue el “resultado” “no el objeto” cuestionado por la Memoria-Olvido de la justicia, la Amnistía es el producto de una guerra civil, con miles de fallecidos, desaparecidos, secuestrados, masacrados etc., que no pueden limitarse a una fecha, aunque el instrumento inconstitucional lo reclame, es preciso pedir justicia para todos, al final “teóricamente” somos iguales ante la ley. El objeto demandado por la sociedad es la paz, la democracia, la justicia económica, la participación ciudadana… etc.

Acá no se trata de condenar o exculpar, se trata de la nación. El binomio olvido-memoria es un acto político, si recurrimos a esa fórmula también no olvidemos 1932, pero de ese etnocidio, la justicia, la iglesia, el ejército etc., se niegan a hablar… pero ahora se abre la posibilidad de reconstruir enemigos y amigos, de las armas, el exilio, la muerte, la indiferencia ante la injusticia; el momento es una reconstrucción ofensiva y defensiva, puesto que el olvido-memoria se convierte en un retroceso al pasado, es una amenaza a la democracia, es una lectura conocida, que no incluye a los actuales delincuentes, las organizaciones armadas irregulares, en síntesis los terroristas, parece que ya no existen… solo existen los antiguos actores de una vieja guerra civil; este hecho es ¿un accidente político?.

Si la acción en los juzgados es crucial, si las demandas contra unos y otros son ejecutadas, espero que la justicia no se limite a una Amnistía particular, ¿con qué derecho se fija un límite? Si el conflicto generó setenta mil muertos y más de un millón de refugiados que también padecieron en naciones extranjeras y no pocos desaparecieron. La “Nueva Legalidad” proclamada por la Amnistía de 1993 ha muerto, otra lectura toma su lugar, es similar a crear por decreto “héroes y villanos”, cuando esos esquemas se confunden veintitrés años después, resulta que el peor cabecilla es ahora hermano del enemigo y el héroe de antaño tiene antecedentes terroristas, pero ambos se transforman por un teatro macabro, parece una novela de ciencia ficción. Nuestra justicia no existió durante el conflicto, la justicia en el tiempo se transformó en injusticia, así como los amigos en enemigos unidos por memoria de la violencia y la sangre, ahora parece que no fue suficiente, aún existen seres con ansias de beber sangre de inocentes. Quizás necesitamos eliminar definitivamente la violencia, esa violencia del modelo económico pro oligárquico que vivimos y produce millones de muertos de hambre (y sed de justicia si lo desean), que no tienen amnistía, quizás es necesario fundar otra República con otra constitución, y una nueva legalidad.

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La divina interpretación constitucional

César Ramírez

@caralvasalvador

El ejercicio de nuestra justicia es deprimente, el coro de miles de voces que denuncian las injusticias de los jueces llega hasta los Estados Unidos y al resto del mundo, muchos se pronuncian año con año contra nuestro sistema, porque si existe un estamento casi intocable son los jueces… el gran perdedor es el pueblo.

Con mucha atención seguimos el desarrollo de los juicios públicos, algunos de los cuales son contra exfuncionarios de antiguos gobiernos, es maravillosa la actuación de los abogados defensores de las causas de enriquecimiento, las cuales son ganadas con argucias fantásticas y peor aún, milagrosamente ninguno es condenado… “ver para creer”.

Las diferencias del pueblo con la Sala Constitucional se refieren al elemento visible en la Constitución y sus funciones específicas, pero resulta que “lo no escrito”, “la interpretación” parece una función de “Gracia Divina” orientada a impedir la gobernabilidad, veamos el Art. Cn 174: “La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7ª. del Art. 182 de esta Constitución” etc. en resumen su competencia son: “Leyes, decretos y reglamentos”, pero en ninguna parte se menciona la exclusión de un ciudadano por su filiación partidaria, concepto muy riesgoso, parecido a los antiguos dogmas cristianos contra los protestantes, extranjeros y otras creencias; la repentina calificación de los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República parece ser una saga del mismo tema.. Incluso el 14OCT013 la Sala declaró inconstitucional el nombramiento de Salomón Padilla... “El derecho a optar al cargo público de juez y magistrados de la CSJ es incompatible con la afiliación partidaria, a menos que exista una separación o desvinculación real del partido político y que ello no constituya un fraude a la Constitución”…

Existe un abismo entre las aspiraciones del pueblo y los fallos de inconstitucionalidad, así todo puede ser calificado de iniciativa “partidaria”: el SITRAMS, la emisión de bonos por $900 millones, la Amnistía, el cargo para la inversión social en energía eléctrica… etc.

Existe una lejanía en la vocación del pueblo y los fallos de interpretación de nuestra constitución republicana, muchas de sus decisiones están reñidas con la realidad social, económica, jurídica, etc., los Magistrados de la Sala son electos por la Asamblea Legislativa, quien por delegación del pueblo ejerce su representación, pero la Sala Constitucional no pasa ningún ejercicio democrático directo.

La situación de interpretación constitucional imita los argumentos políticos, parece un oficio de gobierno de jueces y no de ejercicio democrático, si las elecciones delegan su representación a la Asamblea Legislativa ¿por qué sus decisiones son invalidadas?...

Es muy preocupante el panorama nacional, un escenario cargado de agendas políticas y no de vocación hacia la estabilidad jurídica, la gobernabilidad, el bien común, hasta parece que la democracia ya no es la voz del pueblo, ni de Dios, sino un fallo político a nombre de la divina interpretación constitucional. www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

La sociedad salvadoreña en los términos conceptuales republicanos jamás logrará la utopía de la igual social, debido a que los procesos electorales no admiten diferencias de conducción ni tampoco una reforma sobre el modelo capitalista, así nuestra división artificial entre ricos y pobres es el resultado de una visión materialista a fin de cuentas “contractual”, las personas son objetivadas como productos utilitarios no como ciudadanos, si observamos todos los movimientos actuales de las derechas y sus aliados e intérpretes constitucionales, todos debemos pagar iguales impuestos aunque “sus millonarias propiedades sobrepasen los ingresos de miles de salarios mínimos”, las inversiones sociales son gastos innecesarios y populistas porque a los pobres no se les debe ayudar “así nacieron”, el Estado no debe endeudarse porque los beneficios sociales solo sirven para fomentar el ocio de quienes se acostumbran a vivir de sus salarios “no a crear empresas”, etc., esta condición es inalterable bajo la premisa que la sociedad es un contrato capitalista y por supuesto su interpretación constitucional. De ahí la vigencia de Carlos Marx y su concepto de alineación del trabajo que no solo aplica a los trabajadores, sino a las personas que se transforman en humanos-dinerarios, no piensan como ciudadanos sino como dinero viviente en cada célula de sus cuerpos, de ahí que se arrojen del último piso de sus empresas cuando Wall Street deja de perder un porcentaje de ganancia en sus acciones o en lugar de un minuto de silencio solo guarden diez segundos porque pierden mucho capital al recordar a sus deudos; en otras palabras el capital tiene “vida propia” es una célula alienada de dinero que no reconoce personas sino “intereses”, tampoco tiene ética sino porcentajes de compra-venta, además su pasión se resume en “medio-resultado” una mutación de Nicolás Maquiavelo “el fin justifica los medios”; de tal forma que no importan los medios, ni las personas, ellos viven un totalitarismo “dinerario” ansiosos por alimentar una sociedad en perfecta desigualdad. Reproduzco una cita sobre el tema: “El Teorema de Arrow y la utopía de una “sociedad de mercado”: totalitarismo o caos. Los axiomas de racionalidad y los valores democráticos que Arrow postula como deseables y razonables, definen en realidad una “sociedad de mercado” (con su correspondiente ética del mercado), es decir, una sociedad que se constituye (y se interpreta) a partir de la racionalidad formal o, en palabras de Max Weber, de la racionalidad medio-fin, que es una racionalidad concebida a partir del individuo calculador, y donde las relaciones interpersonales son relaciones contractuales, esto es, relaciones voluntarias entre propietarios de cualquier cosa. Tenemos aquí la médula de la concepción burguesa de igualdad (y de libertad). En efecto, la igualdad burguesa es una igualdad contractual (no simplemente formal): somos iguales porque actuamos como individuos que pactamos contratos unos con otros y procedemos según esos contratos (los contratos obligan a actuar correspondientemente). Todos los intercambios son vistos en términos contractuales, todo es mercado: mercado de bienes, mercado de servicios, mercado de factores productivos, mercado de votos, mercado de afectos, etc.”… -GPC Costa Rica-

El conflicto actual “salvadoreño” entre los aspirantes a oligarcas y los trabajadores puede resolverse democratizando al capitalismo, eliminando las desigualdades, alentando la movilidad social, facilitando la gobernabilidad sin promover un golpe de Estado “desarmado”, permitiendo que el capitalismo se desarrolle en las veredas de la nación y los barrios de San Salvador. www.cesarramirezcaralva.com