César Ramírez

@caralvasalvador

La última palabra sobre cualquier proceso constitucional reside en una Sala de la Corte Suprema con fallos inapelables, eso al menos por ahora parece el círculo del absoluto, casi “Yo el Supremo”… un poder constitucional que define el bien y el mal. El calificativo de un ciudadano y su pertenencia a un partido comunista o similar, es casi la vida o muerte civil, esa decisión se parece a proclamar: “a mí nadie me manda”, no tengo obligación de dar explicaciones a nadie, decido si la República puede o no continuar con sus gobernantes actuales… Augusto Roa Bastos el notable escritor en su novela “Yo el Supremo” connota éstas afirmaciones, puesto que acá parece que nos gobierna la Sala Constitucional por acciones “negativas hacia un partido” y en contraparte benefician a otro instituto político, en otras palabras desarrolla una agenda de conveniencias, algunas son interpretaciones de la Constitución “no escritas” pero adecuadas a sus intereses.

La saga de las decisiones afecta la gobernabilidad, el tiempo para un determinado fallo es un verdadero misterio, mientras algunos casos son cuestión de días en otros como los $900 millones para el Estado tienen más de un año de retraso.

En muchas circunstancias pienso que vivimos gobernados por fallos constitucionales y no por los ciudadanos electos democráticamente, sus pronunciamientos son claramente conceptos políticos, la calificación de un ciudadano sobre su pertenencia a un partido político es suficiente para eliminarle la calidad de funcionario público, ¿Por qué ellos no hablan de su pasado? ¿Son químicamente puros? ¿Les interesa la gobernabilidad o declararán inconstitucional en algún momento al gobierno legítimo de la República?.

Es muy preocupante nuestra interpretación jurídica nacional, puesto que el ciudadano común vive una cotidiana percepción de intemperie y abandono de sus derechos humanos, veamos algunos ejemplos: la investigación de enriquecimiento ilícito es desigual, mientras algunos exfuncionarios son protegidos otros son perseguidos; la justicia defiende a los delincuentes, son asesinados los testigos criteriados, se falla a favor de los terroristas y los jueces nunca son juzgados por sus arbitrariedades ¿por qué a reos terroristas se les conceden derechos ciudadanos?...vivimos una especie de gobierno de jueces constitucionales con decretos políticos; así como vamos quizás un día por decreto constitucional prolongarán su mandato indefinidamente, por una decisión suprema no constitucional. El resultado de este ejercicio genera un profundo sentimiento popular de frustración, una especie de rebelión silenciosa, un estado de humillación colectiva que induce a la pérdida de los valores jurídicos tradicionales: comunidad, vida, familia, propiedad, nación, República etc. sus acciones degradan nuestra moral y en general disminuyen la voluntad de luchar por los intereses populares, puesto que sus mejores funcionarios son declarados inconstitucionales, así como muchas acciones legítimas para la gobernabilidad.

Todos deseamos a la nación próspera con valores, un pueblo unido y un destino propio por su trabajo, donde las instituciones funcionen a favor de la mayoría por la vigencia de la democracia, que la verdad acompañe a los jueces y la interpretación Constitución no se menciona ninguna ideología, pero las interpretaciones de la Sala Constitucional parece que tienen dedicatoria política contra la gobernabilidad.

www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Ahora se encuentran en la Alcaldía de Zacatecoluca indicadores de ilícitos en los trabajadores de ese gobierno municipal, así lo señala la Fiscalía General de la República, dentro de sus procedimientos normales con sus atribuciones institucionales, con hallazgos de irregularidades en varios niveles: orden de captura contra trece personas entre ellas cinco miembros del Cuerpo de Agentes Municipales de dicha localidad, delitos para favorecer organizaciones terroristas etc., posterior a una investigación se vincula a los detenidos con pandilleros de la 18 revolucionarios. Según la FGR las órdenes de captura se deben a ilícitos con apoyo a estructuras ilegales por la entrega de: uniformes, munición, transporte y hasta plazas del CAM… nota 21JUN016 H 14:38; ahora la filiación política pertenece al FMLN, hace unas semanas era del partido ARENA, mañana podría ser un tercero, pero el fenómeno en estas circunstancia parece ser el mismo y el desafío para la FGR es demostrar todas las irregularidades cometidas.

La lectura serena de estos acontecimientos es simple, la penetración de estructuras criminales en el orden institucional indica la vulneración de todo nuestro sistema legal, deja al descubierto un complejo sistema invasivo similar a un cáncer que destruye el marco de las relaciones jurídicas nacionales, puesto que la legalidad en sus múltiples expresiones deja de ser creíble y confiable: desde las actas de nacimiento, los matrimonios, defunciones, propiedades, terrenos municipales etc. se incrementa la desconfianza política que avanza como sombra sobre la ciudadanía, es una siembra intelectual de temor contra el personal y ediles de algunas municipalidades.

Si las acusaciones son exactas, la justicia debe cumplirse, la Ley no debe permitir ninguna excepción.

En otros artículos en los cuales el partido ARENA ha sido mencionado, la ciudadanía ha solicitado el pronunciamiento de sus miembros e institución sobre tal o cual caso, éste procedimiento les permitiría no figurar como cómplices del ilícito, ahora es un deber del FMLN o sus miembros pronunciarse sobre tan emblemático caso (21JUN016).

La justicia debe cumplirse, en circunstancias como la mencionada la ley es el fiel de la balanza, caso por caso y persona por persona.

En estas circunstancias “y las que faltan”, debemos preguntarnos: sí (éstas concesiones al crimen organizado) son una práctica individual o un mandato partidario, es una desviación personal, es una licencia de co-gobernación o la permisividad para la operación de estructuras ilegales dentro del marco jurídico nacional, etc., lo cual nos conducirá inevitablemente a la destrucción del tejido social nacional, de ser así ya no distinguiremos lo ilegal de lo legal, nada será creíble bajo estos esquemas de penetración en los gobiernos municipales.

En México por ejemplo, los incidentes de la matanza en Ayotzinapa señalan que los estudiantes fueron confundidos con estructuras rivales del gobierno municipal de esa región, lo cual derivó en su posterior asesinato, nosotros no estaríamos entonces lejos de estas acciones confundiendo a ciudadanos con potenciales rivales de una pandilla u otra, si desde la gobernación municipal se apoya a una u otra estructura criminal, el resultado será un desastre social, una pérdida de la gobernabilidad, territorios, sistema de la propiedad privada y en general el principio del fin del municipalismo con todas sus implicaciones.

www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Escuchando a los exponentes defensores del sistema privado de pensiones, con sus afirmaciones extremistas sobre la quiebra inminente del Estado, su incumplimiento de pago, la degradación del sistema de IPSFA etc. y sobre sus soluciones celestiales para éste problema, la pregunta que surge es: ¿Cómo se originó esta condición económica? ¿Cuál fue la causa de su implementación? ¿Acaso no se previó la actual realidad del sistema de pensiones?... en realidad vivimos una planificación del desastre del sistema de pensiones, así fue diseñado por las fuerzas que ahora proclaman soluciones extremas; todo este esquema fue elaborado, diseñado e implementado durante los gobiernos de la derecha allá por 1998, su objetivo final no era el beneficio de los trabajadores sino los capitales de inversión y riesgo, los cuales son Sociedades Anónimas de Capital Variable o Inversionistas multinacionales que se reparten los beneficios de los capitales de los trabajadores, con dividendos a discreción de sus juntas directivas. Las actuales leyes del sistema fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, en ese caso considerando a sus arquitectos legales, los cuales son coautores de la realidad que vivimos, deben en todo caso ser parte de la solución y no excluirse con discursos políticos.

El problema de fondo es una solución política, una solución nacional no partidaria.

Si la asociación entre sistema de pensiones y sistema fiscal es un componente, también debemos recordar que la dolarización es un producto planificado y estructurado por gobiernos de derecha, de tal forma que el pasado nos atrapa en el presente con problemas que golpean a todos sin excepciones.

Al escuchar a los profetas de las catástrofes se autoexcluyen del problema, con un discurso exculpatorio en todo sentido, debemos recordar que en su momento la reforma de pensiones no incluyó a todos los trabajadores ¿por qué?... los excluidos del modelo de sistema de pensiones privadas son ahora los que tienen problemas, ¿qué pueden hacer ellos por cambiar esa realidad?.

Existe en todo caso acciones perversas en nuestro sistema privado de empleo, que implica a las pensiones y al sistema fiscal, por ejemplo: contratar personas por “servicios profesionales”, bajo ese sistema se niega a los trabajadores: “Pensión, ISSS, Antigüedad, Ascenso, beneficios de bonos etc.” y muchas personas aceptan ese modelo por la precariedad económica, de igual forma acontece con otro esquema denominado: “interinatos”, “trabajos por temporadas” etc. una serie de artificios no regulados pero tolerados por muchos, pero esencialmente son promovidos por el Sector Privado, el resultado es simple, evadir impuestos, no financiar al Estado, eliminar derechos de los trabajadores como licencias de maternidad, accidentes de trabajo, incapacidades laborales etc. ¿Nuestra constitución permite eso? ¿Existen diferencia sobre el artículo 1 Constitucional: Inc 2.. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social?. De tal forma el artículo 2 Constitucional: Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad del trabajo…. Etc. Al final, el trabajo otorga el derecho, de tal forma la división artificial entre el sistema estatal o privado de pensiones es virtual, debe resolverse como nación, en función social que solo beneficiará a las futuras generaciones. Una solución política es posible.

www.cesarramirezcaralva.com

Cuadro Francisco Zayas

César Ramírez

@caralvasalvador

Existe un hilo conductor para encontrar el origen de la violencia en nuestra nación, ésta es la asociación de la clase política con el crimen organizado, una saga que produce muerte y dolor en la familia salvadoreña. La corrupción pública en la dirigencia del partido de oposición muestra casos ejemplares con el caso del expresidente Francisco Flores, luego la condena de los implicados en CEL-ENEL calificado de peculado culposo, la reunión de un dirigente de ese partido junto al alcalde de Ilopango con estructuras criminales con el objetivo de ganar las elecciones presidenciales, aunado a sospechosas auditorias del ISSS que fueron ocultadas hasta su prescripción, y más reciente el allanamiento de la Alcaldía de Apopa donde existía un centro de operaciones de la pandilla 18 según el director de la Policía Nacional, además el Alcalde es acusado de homicidio agravado -07JUN016- etc., éste panorama muestra un esquema decadente y en plena descomposición de algunos miembros de ese instituto político, es una lectura alarmante puesto que connota una agenda de directrices partidarias orquestadas y no únicamente la voluntad de personajes diabólicos; ya no se trata de un caso ejemplar, ni un delincuente de cuello blanco que roba al Estado los dineros del pueblo, acá parece que es una norma el enriquecimiento ilícito junto a la alianza con grupos irregulares armados, promoviendo las agrupaciones ilícitas y convirtiéndose en cómplices de los terroristas.

Esta lectura social es en extrema peligrosa para la sociedad civil, no solo por la pérdida de valores que han construido nuestra República, sino que destruyen todo concepto de confianza sobre algunos gobiernos municipales; si las autoridades son correspondientes de los delincuentes, los ciudadanos están expuestos a todas las arbitrariedades de una autoridad constitucional, un acto perverso que apunta a la legalidad de los municipios, por ejemplo si imaginamos la vertiente de falsedades documentales, suplantaciones de identidad, propiedad municipal e individual, extensiones de partidas de nacimiento, impuestos etc… el panorama es tenebroso, con mucha razón los ciudadanos no en pocas ocasiones han proclamado: “ya no existe nadie en quién confiar”.  

Similar a otras naciones el crimen organizado penetra los gobiernos locales, nosotros no somos la excepción.

Ahora tiene sentido la feroz oposición a la aprobación de los fondos para la Seguridad Nacional, el aumento de crímenes en épocas electorales, la violencia extrema contra inocentes trabajadores, el terrorismo desatado contra la población civil, etc. el panorama en realidad es una descomposición de la clase política, de solo imaginar los cabildos en esos gobiernos locales, la organización de vecinos, sus proyectos municipales etc. configuran un cáncer que destruye todo el tejido social desde el barrio hasta la comunidad jurídica.

Me parece que el error político proviene de creer que el terrorismo y los grupos irregulares armados, les otorga créditos para la ingobernabilidad y futuros eventos electorales, pero eso genera el efecto contrario, provoca su aislamiento representativo, sus actos son interpretados como maniobras desestabilizadoras que solo apoyan a la delincuencia, quizás deben cambiar su estrategia y apoyar la gobernabilidad a favor de la población; la seguridad nos beneficia a todos sin excepciones; y anotemos las palabras de Jean Manes Embajadora de Estados Unidos: “Creo que las medidas extraordinarias están funcionando”.

www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

El Estado Salvadoreño en acción y no en los medios de comunicación, es a mi parecer una demostración que vale más actuar que criticar, evolucionando la política de imágenes negativas en los medios comerciales, los cuales han saturado los espacio democráticos con opiniones políticas catastróficas, entre ellas: el sistema de pensiones quebrará por la mala gestión gubernamental, los préstamos eran buenos solo para el partido opositor, las deudas no son herencia del pasado, el salario es suficiente para los trabajadores etc… el origen son los veinte años de gobiernos areneros, pero ahora todos los salvadoreños debemos pagar las consecuencias.

Son conocidas las estridencia “de la comunicación negativa”, a pesar de ello hemos avanzado en seis años lo que no se logró en veinte años; para los comunicadores opositores todo era la debacle social, de esa forma los profetas del apocalipsis anunciaban el infierno en El Salvador así: “Seremos como Cuba”, “Venezuela gobernará El Salvador”, “No habrá papel higiénico”, “El comunismo nos arruinará”, “Somos un Estado fallido”, “Llegaremos a la quiebra económica”, “El robo del siglo” etc. y esas vertientes de comunicación han perdido su efecto, en muchos casos por la exageración de su vocería, en otros porque sus vaticinios nunca suceden, el colapso colectivo se aleja y aleja cada día, como una especie de Tántalo en el Tártaro, su satisfacción destructiva se retira y se retira ante la construcción de las acciones sociales; no ocurre “ el fin del mundo” entonces el pueblo deja de creer sus mentiras, no funciona la comunicación negativa, ellos apuestan a la ceguera ciudadana, considerando al pueblo sin criterio político y sin herramientas filosóficas, eso ha terminado, la población ha llegado al inverso de su comunicación negativa, debido a que son más creíbles las historietas de The Marvel Super Héroes que su comparsa declarativa absurda… y para muestra las recientes encuestas de CID Gallup o la Universidad Francisco Gavidia donde el 84% de la población aprueba las medidas de seguridad.

El Estado ahora está próximo a los problemas sociales, el contenido de las acciones no son ideológicas sino la construcción de nuevas leyes en solidaridad y en presencia en las comunidades con un nuevo plan de Seguridad Nacional, junto al Ejército y el apoyo de la PNC, ahora el tejido social se está restaurando día a día, a pesar de toda la imaginería de los grandes medios de comunicación.

No obstante la gobernabilidad tiene puntos débiles y preocupantes, la aprobación de los bonos para el Estado son bloqueados tanto por el partido opositor como por la Sala Constitucional, cuando exista un dictamen muchos inocentes habrán perdido la vida. La oposición a las fuentes de financiamiento puede provocar el famoso “Golpe de Estado Desarmado”, por la quiebra económica y el incumplimiento de pagos internacionales o de todo el sistema público, etc., un tortuoso camino conocido por la crisis del capitalismo en 1929 que propició el Golpe de Estado el 2 de diciembre de 1931 inaugurando el martinato, de igual forma la derogación de la Amnistía, anular el proceso electoral anterior etc., estos elementos han sido anunciado por los voceros de oposición, todo para arruinar la gobernabilidad.

No obstante las acciones del Estado muestran que a pesar de las tempestades del mal, el buen gobierno va por buen camino.

www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Hablamos de millones de dólares, los cuales serán el principio para solucionar el problema de la delincuencia organizada, porque este flagelo tiene décadas de crecimiento en nuestra sociedad al igual que su cultura criminal (maras, terroristas) las cuales son producto de las deportaciones de Estados Unidos desde los años noventa del siglo pasado; ellos son individuos transgresores de ley que ahora tienen familias de igual naturaleza, conformando núcleos de segunda o tercera generación; para realizar un cambio cultural se necesita un tiempo prudencial, un cambio educativo, un nuevo modelo productivo para estas personas, el problema entonces es de largo plazo.

Estos razonamientos no son novedosos, no obstante las nuevas disposiciones “extraordinarias de seguridad” privilegian la defensa genuina contra la agresión terrorista; recientemente tenemos resultados visibles, efectivos, con notables avances cualitativos y cuantitativos sin precedentes en muchos años, es una acción que el pueblo aplaude, ahora la sociedad política habla el mismo idioma que entienden los terroristas: “la acerada respuesta de las armas”. Es tiempo de represión al terrorismo, al menos el mensaje es claro para estas estructuras, que cosechan los frutos sus diabólicas plantaciones.

El arreglo político de la violencia por parte del mayor partido opositor con sus delegados ante las estructuras terroristas parece dividir a sus miembros, al menos Paty Valdivieso y Karla Hernández rescatan el honor de separarse de esas alianzas, ellas marcan su distanciamiento de ese funesto evento, pero los protagonistas de esa negociación que otorgaba un cargo de ministro y planificaban la coacción del sufragio, no han sido separados de sus cargos; en otras palabras es complicidad criminal, acompañamiento, colusión delictiva… esa estrategia ha sido derrotada por el repudio popular, no obstante recuerda el estilo italiano de la mafia -y quizás vale interrogarse- “¿éste instrumental diabólico de la violencia es una extensión partidaria y perversa de sectores de poder, aferrados a su pasado violento obstinados en la desestabilización económica-política de la nación?”, parece que la violencia aumenta o disminuye a discreción del momento político.

Ahora el debate se traslada al financiamiento de la seguridad nacional ¿a quién le conviene la continuidad del terrorismo? ¿a quién le otorga poder? ¿quiénes defienden al terrorismo? ¿El financiamiento de la seguridad es peligroso para los sectores que no desean la paz social?

Me parece que el partido opositor debe aprobar el financiamiento para la Seguridad del Estado, lo mismo que la Sala Constitucional debe resolver favorablemente los $900 millones para el mismo rubro, porque de otra forma continuaremos entendiendo que su opción es un manejo político y no una solidaridad con las víctimas del terrorismo, convirtiéndose en cómplices de los delincuentes.

Si en los próximos días, meses o años continúa esta negación, las víctimas inocentes serán parte de la estadística de nuestro sufrido pueblo, pero existe un mensaje que la población comprenderá si cambian su decisión, al menos salvarán la vida de muchos compatriotas, niños, niñas, mujeres, trabajadores, maestros, médicos, etc., a los cuales se les niega su legítima defensa al no financiar a las instituciones que velan por su seguridad: Policía Nacional Civil, Fuerza Armada que cumplen un brillante papel contra el terrorismo.

www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

El Golpe de Estado “desarmado”, porque no tiene nada de “suave” es un mazazo a la democracia constitucional, que bajo interpretaciones de funcionarios de segundo grado provocan el desequilibrio de gobernabilidad de los funcionarios electos en procesos democráticos, así la historia demuestra que Manuel Zelaya presidente electo es acusado de un acto irregular calificado de Golpe de Estado en 2009, “ocurrió el 28 de junio de ese año tras varios meses de crisis política entre los poderes de la República, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad de una Cuarta Urna, para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Los opositores a Zelaya afirmaban que buscaba con esta modificación a la constitución su reelección, aunque Zelaya lo negó” –Wikipedia- el resultado es conocido, pero la fragilidad de la interpretación constitucional demuestra que las elecciones no son sagradas, la voluntad popular expresada en las urnas puede ser pisoteada por terceras personas en cualquier momento de un período gubernamental. El caso de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, es un proceso parlamentario que promovió un juicio político “exprés” contra el presidente constitucional electo en el año 2008, por mal desempeño en sus funciones acusándole de: “responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo” – Wikipedia – existieron faltas al debido proceso, no se presentaron pruebas reales, inventaron acusaciones falsas etc. y la celeridad del juicio fue de 48 horas…

En Brasil la presidenta Dilma Roussef (2015-2018) fue acusada por violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal, pero ella ha negado su responsabilidad en esos actos; el Congreso de esa nación decidió (12MAY016) su destitución por 180 días asumiendo el vicepresidente, luego de los cuales si dos tercios ratifican su decisión Roussef será apartada definitivamente. La lectura es clara, los procesos electorales que expresan la voluntad popular no son definitivos, pueden ser revocados por interpretaciones jurídicas del Congreso o por funcionarios electos de segundo grado, es una realidad del siglo XXI, casi una coincidencia programada o un nuevo procedimiento para “derrocar” los gobiernos democráticamente electos para aplastar la voluntad de las mayorías.

En El Salvador el escenario podría ser: “impugnación del proceso electoral presidencial del año 2014-2019 con el trillado argumento que fue ilegal”, “procesos viciados en el proceso electoral por uso de DUI”, “Invocación del art. 155 en defecto del presidente de la República por muerte, renuncia, remoción y otra causa...” que al final como lo demuestra la historia reciente de los Golpes de Estado “desarmados”, “parlamentarios” “senatoriales” etc. son producto de argucias e inventos que la simple aritmética opositora destituye a los gobernantes legítimamente electos y burlan la voluntad popular, muy parecido al robo o secuestro de la democracia por conspiraciones derechistas. Paraguay, Honduras, Brasil, El Salvador ¿por qué no?; si no existe el delito es más fácil fabricarlo, sino hay guerra se debe provocarla, aunque se legal un procedimiento el vulgo debe interpretarlo como inconstitucional…

www.cesarramirezcaralva.com