César Ramírez

@caralvasalvador

Nosotros es un concepto de unidad que hace referencia al preámbulo de la constitución norteamericana: “We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility…” que en nuestra vida nacional se encuentra por primera ocasion en la carta de Manuel José Arce el día 8 de noviembre de 1811, del primer Gobierno Revolucionario de Centroamérica; “Manuel José Arce consciente del momento y la trascendencia histórica dicta una carta hacia las provincias y los gobiernos locales, en este documento se indican conceptos de: “Felicidad. Defensa de los ciudadanos contra amenaza del partido de los europeos. Derechos. Pueblo que procede con inspiración superior.” … elementos que recuerdan el preámbulo de la Constitución Norteamericana : “NOSOTROS EL PUEBLO DE ESTADOS UNIDOS, a fin de formar una Unión, más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común”… Pero también el gobierno insurgente necesita fondos y de esa manera hace uso de los fondos reales para pagar a hombres que vigilen la ciudad.. ” pág 87-88 El Salvador Insurgente Centroamérica.

Ese sentido “NOSOTROS” es unidad, es el modelo de construcción inicial de las futuras: Provincias Unidas de Centroamérica a pesar de su “efímera vida”, debido al surgimiento de las oligarquías en 5 naciones que logran separar y formar pequeñas naciones, aún ahora persiste esa separación incomprensible. Es sintomático que la unidad del pueblo se manifieste usualmente en forma negativa: una tiranía, ilegalidad constitucional, fraudes a la voluntad popular, guerras externas impuestas, catástrofes, epidemias o la intervención del imperio norteamericano. Así aconteció durante muchos años, hasta que el pueblo decidió optar por el mismo principio insurreccional del siglo XIX, el modelo insurreccional de la pasada Guerra Civil, con un sistema de organización sin precedente, el cual se expresa en la separación del “nosotros”, puesto que durante el conflicto armado de los años ochenta y noventa, las fuerzas populares estaban definidas por su opción revolucionaria, mientras la oligarquía, el imperio norteamericano y el antiguo ejército representaban a la contrainsurgencia, de esa forma “nosotros y ellos” fueron el signo de la más profunda division conocida en nuestra república. El Acuerdo de Paz logró contener el accionar armado, reformó la constitución, las instituciones, una nueva legalidad nos permitió la alternancia política, etc., pero la antigua concepción de separación mental, espiritual o nominal entre oligarquía-imperio-extrema derecha versus pueblo-antimperialismo-izquierda no desaparece, parece que se profundiza en estos 25 años de paz, en esa forma en cada proceso electoral y en los voceros partidarios el modelo conceptual refiere esas arcaicas formulas. El nosotros: pueblo, nación, república, constitución se pierde en un mar de falacias, se pierde el rumbo de la nave que nos puede conducir a una realidad aceptable, menos violenta, con mejor nivel educativo, etc. Si eliminamos la separación aún persistente de la fenecida “Guerra Fría” los problemas a solucionar deben ser la prioridad, no se debe priorizar el dolor económico por un evento electoral, ni el insano deseo de conducir a la nación al impago gubernamental, puesto que el daño será irreparable, y los pobres terminarán pagando ese alto precio económico.

Nosotros “el pueblo” es un concepto en construcción, una aspiración republicana de unidad, los politicos deberían abandonar su fundamentalismo y optar por soluciones posibles.

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Construir un acuerdo económico 2017-2042

César Ramírez

@caralvasalvador

La máxima confrontación civil de nuestra nación finalizó con un Acuerdo de Paz, evidentemente a partir de Enero de 1992 se marcó el inicio de la nueva legalidad, condición que permitió la incorporación de las fuerzas populares a las instancias políticas, la tolerancia ideológica, ciertas formas de propiedad privada para militantes de izquierda, apertura de estudios o divulgación social antes proscritas, formas cooperativas, expansión de ONG, política de seguridad nacional, creación de la policía nacional civil, así como un nuevo ejército entre otros elementos trascendentales, pero fracasó en un acuerdo económico antimonopolios, libre mercado, democratización de la economía, acceso universal en telecomunicaciones. Muchos de los ciudadanos participantes en ese evento, ingresaron a una forma de capitalismo individual; la Universidad Nacional facilitó estudios a nuevos estudiantes, mientras otros actualizaron su hoja de vida con títulos académicos, la etapa de la novedosa legalidad significó el retorno y repoblación de los antiguos pueblos abandonados, la cooperación internacional favoreció muchas regiones, pero después de décadas de conflicto no era extraño que la reinserción capitalista se convirtiera en un largo camino sin esperanzas, debido a que cada quién debía ganarse el pan con un trabajo mercantil, lo cual no era nada fácil, entonces aconteció que los espacios eran limitados a ONG, instancias privadas modestas, empleos no tradicionales, pequeñas empresas, participación activista en eventos electorales, opciones en instituciones parlamentarias con oportunidades mínimas… integrarse al modelo capitalista no era una autopista fácil, sino un camino rural empedrado y sinuoso aún en construcción. Transcurrieron veinte años de gobiernos derechistas para poseer opción de izquierdas en la conducción del auto gubernamental en las autopistas económicas, mientras tanto la izquierda sufrió graves fragmentaciones, a la inversa de la derecha que en dos décadas espolió al Estado, ejecutó peculado, corrompió su administración y algunos expresidentes respondieron a la justicia por enriquecimiento inexplicable.

El verdadero desafío actual es consolidar la economía capitalista, el problema es: ¿qué forma capitalista? Si descartamos el neoliberalismo por su reducción del Estado, mínimos impuestos a capitales, abandono de áreas estratégicas como la agricultura, exclusión en salud, educación, seguridad etc. que profundiza la desigualdad y crea la extrema pobreza por considerar la inversión social como gastos innecesarios, llegamos a un capitalismo más participativo.

Al proponer un cambio del neoliberalismo se debe promover el retorno del control de Estado en áreas estratégicas como las pensiones o la democracia económica creando nuevas empresas, invertir en salud, educación, seguridad e incluso el derecho de las telecomunicaciones, que en muchos casos son los motores del desarrollo nacional. El modelo capitalista tiene en esencia el problema de la desigualdad, solucionar la “desigualdad social” es un problema ineludible… al menos en los últimos 7 años las nuevas administraciones han generado esperanzas, aunque el resultado no es suficiente.

El modelo económico debe democratizar la economía, eliminar el monopolio, permitir el libre mercado y la inversión de nuevos capitales, pagar impuestos por ganancias, pagar impuestos por capitales, eliminar los monopolios y permitir la competencia, en ciertas áreas se debe nacionalizar la economía y las deudas… nadie desea otra guerra civil en los siguientes 25 años, en consecuencia debemos construir un Acuerdo Económico 2017-2042.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Existen grupos de presión que son antigubernamentales, no distinguen el daño que ocasionan a los ciudadanos honrados, pero resulta que coinciden con la oposición política que niega la buena voluntad para la gobernabilidad de la nación.

Esta condición no es extraña a la nación, los actos irregulares de todo tipo se multiplican en períodos pre-electorales o electorales, incluso después del evento consultivo ciudadano persisten en negar legalidad al proceso simplemente por haber sido derrotados en la consulta popular.

Recientemente una organización de excombatientes declara que realizarán acciones violentas de no ser incluidos en el presupuesto nacional, son anuncios desafortunados y peligrosos, la constitución especifica quienes tienen iniciativas de Ley, no obstante en épocas pasadas y también en estos años es de sobra conocido que toda amenaza debe tomarse con seriedad, son amenazas que deterioran la seguridad nacional…¿quién los financia? ¿es constitucional su petición?; a cualquier respuesta asoma un control político desestabilizador, solicitan un imposible económico, así como una petición de extrema dificultad para resolverse; mientras tanto ese grupo irregular se pliega a los intereses de la oposición.

Hace unos días se denunció que vendedores informales realizaron actos terroristas al incendiar el Mercado de Zacamil, según las notas de prensa estos grupos de nuevo se reunieron previamente con directivos del mayor partido opositor, son en pocas palabras otro grupo de presión política, encargados de dañar la gobernabilidad.

En otras circunstancias se conoce la reunión de dirigentes de ese partido opositor con terroristas agrupados en las maras, la saga de aquellas acciones condujo a favorecer a ese partido en el evento electoral, pero a la fecha no se han realizado aún acciones fiscales, esas organizaciones como las nombradas anteriormente son grupos de presión política, lo son porque se identifican con la violencia de grupos irregulares que actúan a favor de intereses políticos.

Si a ello agregamos la constante desinformación en los medios de comunicación, el sabotaje económico que significa no pagar impuestos, negar los votos para el presupuesto nacional que incluye la seguridad, educación, salud etc., son en conjunto grupos orquestados para crear el caos y disminuir la imagen positiva de un buen gobierno.

La situación ya no es una polarización política puesto que se ha rebasado la legalidad constitucional, más bien parece la pérdida del control político de esos grupos delictivos que en lugar de avanzar hacia la democracia, la legalidad, el orden institucional se convierten en antisistema y terroristas, en pocas palabras se pierde la gestión democrática.

El momento es crucial, no se puede ser legal en una escena nacional e ilegal con acciones delictivas, un partido político no puede propiciar y favorecer a las fuerzas irregulares con acciones terroristas, es incongruente bajo el Acuerdo de Paz de 1992 y la Constitución de la República. Es la Ley la que debe actuar, son las autoridades las que tienen la palabra, pero hace años que observamos que el ejercicio de la Ley tiene intereses políticos, de tal forma que muchos jueces se convierten en cómplices de esos grupos de presión al servicio de un partido político ¿tendremos una salida a esta situación?... me parece que no es posible por el momento, mientras tanto la sangre de inocentes enlutará la nación, hasta que los propios patrocinadores del terrorismo sean víctimas de esas bandas delictivas. www.cesarramirezcaralva.com