César Ramírez

@caralvasalvador

Helio Jaguaribe anotó en su artículo: Experiencias y perspectivas del desarrollo: “La racionalidad pública es la racionalidad de tipo instrumental y de tipo interaccional, con la cual son adoptadas decisiones públicamente relevantes.” En términos mínimos se refiere a la previsión a mediano o largo plazo de las decisiones que convienen a la nación, independiente de la ideología del gobierno y la parte interaccional a la legitimidad proveniente del respaldo democrático en eventos de alternancia política. Estos temas clásicos en algunas naciones están acompañados del concepto “sostenibilidad”, es sorprendente que nuestra nación carece de criterios o leyes que nos permitan una proyección de esta naturaleza.

Mientras José Antonio Crespo en su artículo: Racionalidad política de la democracia (ESTUDIOS. filosofía-historia-letras Verano 1989): “la sociedad moderna ha sido definida en términos generales como aquélla organizada de tal forma que pueda optimizar el aprovechamiento de sus recursos sociales y naturales y cumplir de la manera más eficaz las necesidades básicas de toda sociedad (los llamados requisitos universales). Es decir, la que adopta en sus procesos sociales la racionalidad como norma de funcionamiento. Evidentemente no se trata de una racionalidad vacía, constituida como un fin en sí mismo, sino más bien de la idea de adoptar los medios más adecuados para la consecución de ciertos fines últimos, que no son otros que los que los griegos adjudicaron al Estado; el logro del mayor bienestar para el mayor número posible de habitantes, o en otras palabras, el bien común en su más amplia acepción”.

Estos conceptos de racionalidad pública y política, difieren en una democracia por el discurso electoral, constitucional o el modelo de gobernación; es el caso de nuestra realidad interpretada en forma rampante por criterios constitucionales voluntaristas, que provocan conflictos innecesarios que concluyen en daños a la población en general a largo plazo, con una resultante económica, social, de seguridad pública que deteriora cualquier plan de gobierno a corto plazo como en los casos de: SITRAMSS, la medida cautelar contra los $900 millones en bonos, FONAT, calificación política de funcionarios públicos electos en instituciones nacionales, proceso electoral etc. las interpretaciones constitucionales deben coincidir con el bien común, el buen vivir, la tolerancia entre ciudadanos, los objetivos estratégicos para superar la calidad de vida, pero esos criterios parecen ciencia ficción en nuestra realidad.

La lectura de la constante negación en la aprobación de préstamos para carreteras rurales, catástrofes nacionales, impuestos prediales, etc. coinciden en la pérdida de la racionalidad pública y política, porque se abandona al pueblo a su suerte, a la intemperie de la pobreza puesto que todos perdemos en todos los niveles.

Es importante que recuperemos la racionalidad pública y política en la interpretación de los proyectos a largo plazo, puesto que ellos son un seguro para las futuras generaciones, construyendo acuerdos de esa naturaleza, me parece que podemos avanzar como nación, incluso se impone que la Sala Constitucional elimine su errónea interpretación que solo daña a los ciudadanos de a pie, los trabajadores.

El diálogo es un mecanismo que no ha perdido su vigencia en tiempos difíciles, es hora de retomarlo.

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César Ramírez

@caralvasalvador

La Constitución de la República en su artículo 1 El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

El SITRAMSS es un bien común que transporta a más de 45 mil ciudadanos a sus empleos diariamente, ningún otro transporte tiene la capacidad de conducir a los trabajadores en condiciones tan ventajosas, además es cultura, salud, libertad y propicia el bienestar económico de sus empresas, las familias y fortalece el tejido social hacia una nación con dignidad en su transporte colectivo.

El 17 de septiembre de 2015 publique lo siguiente: “Podemos afirmar que la Constitución es la lectura del derecho, la política y las instituciones que coinciden con los intereses de la nación. No obstante parece que ahora nos enfrentamos a una nueva paradoja por las lecturas de la Sala Constitucional la cual se divorcia de los intereses populares, ejemplo: el caso de la aprobación de los $900 millones para la seguridad nacional, el voto cruzado, intervención en el TSE, etc. además la admisión de la demanda inconstitucional contra el SITRAMSS… esperemos que la Sala apoye los intereses populares para enfrentar al terrorismo y contribuya por la dignidad del transporte colectivo de la nación”… ahora dieciocho meses después (11MAY017), observamos que la lectura de la Sala Constitucional responde a los objetivos antipopulares y grupos económicos monopólicos, que unidos a un organismo político pretende dañar a los grandes conglomerados de los trabajadores que usan ese medio de transporte colectivo.

Uno comprende la desesperación de las clase pro-oligárquica que derrotada en los proyectos sociales, se aferra al bastión jurídico más conservador de la nación, con interpretaciones retorcidas que no ayudan en nada a los trabajadores, ni benefician a los grandes sectores populares, ni siquiera apoyan los procesos electorales con sus intervenciones “extrañamente” confusas de último minuto, como pretendiendo engendrar una nueva tragedia salvadoreña en cada decisión “inapelable” de su pequeño reino de cuatro abogados, que dañan a seis millones de salvadoreños; enunciemos algunos fallos “inapelables”: la eliminación de los diputados suplementes los cuales están legitimados en el art. 129 constitucional, además la calificación de afiliación partidaria que suprimió nombramientos genuinos de ministros y magistrados del TSE, la eliminación del fondo nacional por accidentes de tránsito, la medida cautelar de los $900 millones más sus intereses que propicia la mala imagen de la República en foros internacionales… estos elementos conforman un cuadro que nos acerca a la desobediencia civil puesto que es un gobierno de jueces que no ha sido electo por el pueblo, parece una maquinaria del mal constitucional con un destino contrario al bien común; la Sala Constitucional parece ser la madre de la nueva tragedia salvadoreña, construye violencia, siembra desesperanza y humilla a los trabajadores en su tiempo de llegada al empleo porque ahora no habrá control de tiempo.

Si la Constitución es la máxima norma de un Estado, usualmente coincide con la vocación de la nación… pero estas disposiciones de Sala Constitucional no construyen República, estas acciones nos llaman a la acción popular contra la nueva tiranía de la banda de los cuatro.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Existe mucha incertidumbre sobre la realidad nacional, por ejemplo tenemos: las pensiones, el impago que ha caído la nación, seguridad nacional, intransigencia política del mayor partido de oposición, complejo panorama por la deportación masiva de miembros de estructuras criminales de Estados Unidos que también incluye a otras naciones centroamericanas, el costo del combustible que tiene una factura ascendente, el bloqueo en la aprobación de los $900 millones en bonos para la nación, el impago que eleva los intereses bancarios y disminuye el rendimiento de los ahorros etc. el panorama no es fácil ni las soluciones tampoco, debido a que implican a toda la sociedad salvadoreña: económica, política, social, religiosa, militar etc. además incluye grupos de poder e incluso de organismos internacionales; de cierta forma la soberanía y la constitución riñen con la realidad en estos problemas, por ejemplo: el fenómenos migratorio no son producto de una sola nación sino de las relaciones internacionales del capitalismo internacional. Así como la guerra civil generó un millón de emigrantes hacia Estados Unidos, fue esa nación la que promovió el autoritarismo durante décadas e impulsó la lucha armada revolucionaria; posteriormente grupos de combatientes preparados en contrainsurgencia entrenados por Estados Unidos se organizaron en las calles de las metrópolis como instrumento de autodefensa ante otras pandillas de larga data; recordemos que esas asociaciones forman parte del folklore norteamericano desde los años treinta del siglo pasado, con sus abuelos las mafias italianas, escocesas, motociclistas etc.

El tema de las drogas en asociación con las bandas criminales es un complejo de intereses de muchas naciones al igual que el tráfico de armas, prostitución, corrupción y todos los males de la nueva esclavitud de esas bandas armadas; el fenómeno excede la capacidad de la nación, de igual forma la economía dolarizada es un gran problema que de un día para otro puede cambiar todo sin previo aviso. En Estados Unidos probablemente se cambie la ley Dodd Frank (vigilancia ética a bancos) y posiblemente pronto se inicie la separación de créditos al consumo y la banca de inversión. En nuestra nación el problema económico es multisectorial, no debemos esperar como los árboles la lluvia por meses o años para salvarnos de esta prolongada sequía de acuerdos nacionales, así como los árboles, los ríos, la economía, la seguridad, la salud tienen un punto de “no retorno”, así será nuestro destino si no iniciamos el diálogo intranacional que nos beneficiará a todos.

Sin acuerdos políticos nada funcionará a favor de la nación.

¿Hasta dónde llegará el desgaste de la nación? Durante la guerra civil comprobamos que la sed destructiva no tenía límites, ni fronteras, ni derechos humanos, ni siquiera se respetaron los elementales principios internacionales de conflictos armados, por lo tanto, el futuro es poco optimista, los grandes capitales en todo caso permanecen intactos, el pueblo es el que paga las consecuencias: Juan Pueblo, el obrero, el asalariado, nosotros.

Una solución intranacional debe entonces enfocarse en el sector económico, tanto en el tema de las pensiones como el futuro del ahorro, inversión e impuestos para un Estado sostenible, de no lograr un acuerdo como en el pasado conflicto civil, nuestro presente económico provocará acciones dramáticas como en otros tiempos.

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