Conspiración contra El Salvador

César Ramírez

@caralvasalvador

Es notorio el bloqueo económico que la oposición política salvadoreña impulsa contra la administración gubernamental, se amparan en argumentos constitucionales versus todos los impuestos como: el patrimonio, el aumento al IVA recomendado por el FMI, impuestos a las importaciones de mercaderías, el fondo de ayuda a las víctimas de accidente de tránsito etc. el conjunto de estas acciones originadas desde 1989 han provocado que el Estado deje de percibir ingresos que benefician a grandes sectores populares; muchos de los problemas actuales son una herencia negativa desde la administración de Alfredo Cristiani.

La actitud del partido de oposición ARENA al negar sus votos para aprobar préstamos para la nación y la medida cautelar a favor de la emisión de bonos por $900 millones desde octubre de 2015 impactan la vida cotidiana del ciudadano común; ese ciudadano que a diario se transporta en autobuses colectivos, además debe caminar a pie ciertos tramos, mientras en sus barrios colonias o centros habitacionales, no disminuye la delincuencia, en ciertas horas aumenta la fragmentación social por las drogas expandidas por jóvenes delincuentes y no en pocas ocasiones sufre el acoso de diversas extorsiones; a éstos ciudadanos les impacta la oposición incomprensible. Debemos comprender que la Constitución de la República tiene como objetivo “Hacer el Bien”, la Carta Magna es un contrato en beneficio de la nación, no una agenda ideológica para reprimir los intereses populares.

Interpretar la Constitución bajo esquemas políticos significa negar nuestra República, es desequilibrar las instituciones que dan sentido a la historia.

La conspiración económica es uno de los instrumentos que destruyen la unidad nacional, así como la manipulación de las noticias, los rumores etc. Por ello no tiene sentido oponerse al bienestar de la nación solo para favorecer intereses electorales, puesto que mientras el desastre económico campea sobre las multitudes, un día el hambre y el caos también se presentarán de convidados de piedra, en una atmosfera siniestra que provocará la llegada de estallidos sociales incontrolables, que anunciarán un cambio económico irreversible.

Para algunas personas el empobrecimiento colectivo son buenas noticias, sus dineros están a salvo fuera de las fronteras nacionales, no obstante la lógica debe imponerse, así como la justicia, la seguridad nacional, puesto que la solución es posible con los votos del partido opositor para el financiamiento público y la revocatoria de la medida cautelar de los $900 millones para la emisión de bonos por la Sala Constitucional, ello es suficiente para enviar un mensaje positivo al pueblo salvadoreño.

Se trata de una sola nación, una pequeña nación de cinco millones de habitantes junto a otros millones de emigrantes que viven en Estados Unidos… de eso se trata; una nación que por el momento se encuentra en peligro por el grave daño que ocasiona el fenómeno de las pandillas, del narcotráfico, la elusión y evasión fiscal, de personajes que han recibido miles de dólares mensuales del pueblo durante años y se oponen al aumento del salario mínimo, de eso hablamos, de eliminar esa conspiración electoral, para construir una nación posible en medio de tanto peligro social.

Deseo estar equivocado en mis razonamientos, para celebrar la anulación de la medida cautelar de la Sala Constitucional y la aprobación del partido opositor a la emisión de bonos e impuestos… de lo contrario mis palabras son sentencias históricas.

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Los intereses de la Patria

César Ramírez

@caralvasalvador

La herencia de nuestra guerra civil en su aspecto emotivo, memorial, lacerante o inconsciente por el daño provocado de tanta injusticia aún prevalece.

Aquello fue guerra civil: armas entre la familia, sangre del mismo pueblo… su origen fue la negación democrática y ausencia de la justicia durante muchos años a los sectores populares.

¿En alguna ocasión existió el interés por la Patria?. En realidad, los motivos de la independencia del imperio español fueron genuinos, pero tiempo después el surgimiento de las nacionalidades centroamericanas confundió un territorio con un interés fragmentario, con el resultado empírico que arrastramos en cada una de las pequeñas repúblicas actuales; aún demostramos nuestra incapacidad de unión entre los poderes dominantes, es decir las oligarquías vigentes en nuestra región, porque los pueblos centroamericanos nunca se han considerado divididos por fronteras.

Esta condición fragmentaria entre los intereses de la oligarquía versus los intereses populares ha continuado hasta nuestros días. Antes existió una alianza entre los intereses del gran capital, el antiguo ejército, sectores de la Iglesia y otros, que generaron la guerra civil, de ahí surge el dolor, las desapariciones forzosas, el exilio, los niños desaparecidos, las masacres etc., ahora 25 años después existe tolerancia para el adversario político, el surgimiento de los derechos humanos, la alternancia política, etc., pero las diferencias de enfoques de intereses permanecen.

El gran capital se aferra a negar cualquier avance hacia el desarrollo, niega las reformas a las pensiones, su representación política en La Asamblea Legislativa ha promovido reuniones con grupos armados irregulares -calificados de terroristas-, en cierto modo, la guerra continúa al negar cualquier avance del bienestar del pueblo por: empréstitos, donaciones, reforma al sistema de pensiones, bloqueo constitucionales avalados en forma arbitraria, etc., que nos dibujan un panorama del infinito conflicto y elimina los intereses de la Patria.

La Patria en su sentido general es la familia, el hogar de los padres y madres, el nexo filial, su historia… pero utilizado en forma política partidaria, ideológica o económica etc. su sentido cambia, de tal forma que muchos epígonos se empeñan en proclamar los intereses oligárquicos como genuinos intereses de su grupo, en oposición al interés popular, si fragmentamos el concepto habrían tantas patrias como familias, tantas como opciones económicas, sociales, religiosas etc., lo cual es absurdo.

El interés de la Patria no puede ser otro que el bienestar del pueblo en todos los órdenes posibles: en su calidad de vida, educación, salud, justicia… de tal forma que esa construcción es el mismo que el concepto de unidad ante el desafío de los grandes problemas nacionales, en síntesis: una tarea hacia el porvenir de las actuales generaciones de salvadoreños.

Los intereses de la Patria son aquellos que hacen posible que las familias recobren la esperanza en su vida cotidiana, que la seguridad brille en apoyo junto a sus soldados y policías, que la justicia sea pronta y cumplida, una condición de realización generacional, que debe ser posible ahora y no mañana. La Patria es una bandera que nos incluye y nos orienta hacia el bienestar social, no hacia la división de pequeños grupos económicos.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Si usted no sabe que significa pagar deudas ajenas, el impago es una buena lección que conocerá los próximos días, según el diccionario ABC “Se habla de impago cuando existe una concreta falta de pago (la prestación de un servicio, pago de un producto o cancelación de un préstamo), de una deuda (se denomina deuda a las obligaciones contraídas con un tercero, ya sea una persona física o una mera entidad jurídica) contraída, al término del plazo (en términos generales, el plazo refiere al término o tiempo señalado para la concreción de una determinada cuestión) que se estipuló oportunamente para cancelarla”.

Luego de un largo trayecto financiero desde los años noventa del siglo pasado, con una cantidad de endeudamientos externos del partido ARENA, que contribuyó a enriquecer a los personajes célebres por su apropiación del dinero del pueblo, además de incumplir obras de infraestructura como el proyecto Diego de Olguín ahora Monseñor Romero, los hospitales jamás construidos, la apropiación del fondo del IPSFA, la privatización del sistema de pensiones y además la medidas cautelares de la Sala Constitucional contra los 900 millones en bonos etc. hemos concluido en el impago, en pocas palabras la nación no puede pagar las deudas contraídas desde el siglo pasado.

Las dos vías principales para solucionar el problema del impago son: los votos de ARENA para obtener aprobación de emisión de bonos en la Asamblea o suprimir la medida cautelar de la Sala Constitucional contra la emisión de los mismos, no obstante, ninguna de estas dos soluciones parece posible por el momento.

Los resultados de esta condición de incumplimiento es la incertidumbre del modelo de pensiones, en efecto se afirma que no se podrá cancelar la pensiones al IPSFA, ni existen fondos para pagar deudas externas, es una crisis financiera que en esencia tiene solución política si el partido de la oposición ejercita la racionalidad política, esa que significa la mejor factibilidad de la nación en los próximos diez años.

Inmersos en el modelo económico capitalista internacional, el impago daña la imagen de los bancos, gobierno e instituciones privadas, puesto que las soluciones posibles se han transformado en instrumentos de presión hacia el gobierno, profundizando la crisis donde el principal afectado es el pueblo salvadoreño.

Los expertos en la materia del impago han explicado que aumentarán las tasas en los préstamos, así como los créditos hipotecarios, toda deuda en general del sistema financiero donde usted esté bajo contrato sufrirá aumento de intereses, en otras palabras, todos percibiremos una carga impositiva por un dinero más caro.

Es como pagar una deuda ajena con intereses acumulados. También en las calles los pensionados no podrán honrar sus deudas, ni cumplir obligaciones financieras, ni programar gastos a mediano plazo.

Es significativo que entre salvadoreños no podamos solucionar una elemental cuestión financiera ¿necesitamos el arbitraje internacional para ello? ¿es cuestión electoral? Me parece que la moderación debe imponerse, se trata que ganemos todos, no de conducir a la nación al colapso de impago general, por culpa de un “supuesto” triunfo electoral a costa del hambre del pueblo.

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Solidaridad con la PNC y Ejército

César Ramírez

@caralvasalvador

Las estructuras criminales que actúan en nuestra nación no pertenecen a las normas jurídicas de la guerra civil, sino a organizaciones delictivas fuera del marco constitucional de la sociedad democrática; toda la lectura de este fenómeno debe enfocarse hacia su rehabilitación o exclusión de la comunidad jurídica.

La Constitución de la República es clara en su artículo 74. Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causas siguientes: 1 Auto de prisión formal; 2 Enajenación mental; 3 Interdicción judicial; 4 Negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular; en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado. Y en el artículo 75. Pierden los derechos ciudadanos: 1 Los de conducta notoriamente viciada; 2 Los condenados por delito; 3 Los que compren o vendan votos en las elecciones; 4 Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin; 6 Los funcionarios, las autoridades y los agentes de estas que coarten la libertad del sufragio. En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperarán por rehabilitación expresa declarada por autoridad competente.

El marco constitucional posee límites dentro de la sociedad democrática, la cual después de la guerra civil enfrenta estructuras organizadas que se mimetizan dentro de la legalidad vigente, cometen felonías y actos que violan los derechos de los ciudadanos dentro de la constitución, por ejemplo: usurpar espacios municipales ahogando a los comercios legales, coaccionar a empresas al pago de rentas, divulgar rumores terroristas, comerciar productos de dudosa procedencia, distribuir drogas, cometer asesinatos contra mujeres, ancianos, niños, etc., fuera de todo marco de derechos humanos y que usualmente esa arbitrariedad es un acto terrorista.

Cuando acontecen los eventos trágicos del 15 de marzo de 2017 con seis asesinatos en el Mercado Central y nueve pandilleros más, mueren la madrugada del día 16 de marzo, con la característica que todos pertenecen a organizaciones ilegales, se hace visible la estructura armada que oprime a los sectores comerciales de esa zona, al igual la impunidad cuando ejecutaron a mujeres y niñas, e incluso una con cinco meses de gestación…

Me parece que esta realidad es un combate entre la institucionalidad de la República y las organizaciones irregulares armadas, con el grave riesgo que estas acciones puedan ser manipuladas por objetivos políticos… la peligrosa asociación entre políticos con estructuras criminales puede enfilarse al asesinato de los miembros adversarios de la clase política.

Nuestra sociedad ha rebasado el nivel de polarización, el nuevo fenómeno es el hecho que algunos miembros de la clase política poseen nexos con el crimen organizado, por ejemplo en el momento electoral: reuniones con capos, oferta de cargos en ministerios públicos, prebendas carcelarias, concesiones de territorios virtuales, promociones de acciones requisando DUI, etc., ¿ha sido un accidente el evento de los crímenes en el Mercado Central?

La ciudadanía trabajadora aplaude el despliegue de la policía, ejército y miembros de seguridad en esa zona, son los policías y los soldados la primera línea de defensa del pueblo trabajador.

César Ramírez

@caralvasalvador

Daniel Titelman Director de la División de Desarrollo Económico de CEPAL afirmó (27JUL016) “Hay que pensar cómo introducir mecanismos de solidaridad en el sistema previsional chileno”… “Nuestros países y todo el mundo lo plantea, son países donde tenemos sistemas de mercados de trabajo informales, bajos salarios, baja densidad de cotización, pero esa es la realidad con la que vivimos. Por lo tanto, tenemos que estructura sistemas de pensiones que sean capaces de hacer cargo de esa realidad y eso implica introducir mecanismos de solidaridad importantes”… en nuestro caso El Salvador, el Estado absorbe deuda de bancos estatales por $705 millones antes de privatizarlos el siglo pasado… En EEUU con el estallido de la famosa burbuja financiera, se quebró el modelo de las aseguradoras, bancos, inmobiliarias etc. todas bajo el escudo de propiedad privada que terminaron en un desastre en el año 2008, la sombra de ese evento no debe olvidarse ¿Qué acaso los super sabios privados locales han previsto todos los riesgos?... de ser así recordemos los casos finsepro-insepro, fomiexport, fraude BFA 1995-1996, CREDICLUB 1993, y los recientes Mossack Fonseca con tanta facilidad de creación de empresas y traslado de fondos que connotan una educación financiera para el mal, y usualmente no son los trabajadores quienes ejecutan estas operaciones. El 09AGO016 (El dínamo) publicó: Joseph Stiglitz Premio Nobel de economía, afirma: “las AFP fue un fracaso y es necesario modificar”… “El economista dijo que en el mundo 23 países privatizaron sus sistemas de pensiones, pero que 7 de ellos lo revirtieron y otro grupo lo está analizando. Stiglitz recomendó reforzar el Pilar Solidario “para evitar la pobreza en la vejez y asegurar un nivel mínimo de seguridad. Se debería crear un segundo pilar solidario, que debe tener un componente de redistribución importante y debe haber un elemento de suavidad intergeneracional que evite la pobreza relativa en la vejez”. Este podría ser voluntario, explicó. El economista presentó como ejemplo el caso de Canadá, que creó un fondo gubernamental que tiene independencia, altos retornos, baja volatilidad y costos de transacción, e incluso es inmune a la influencia política. “Por ejemplo, un sistema público es organizado por el Gobierno; un sistema privado es el que se organiza fuera del Gobierno. Sin embargo, un sistema público puede integrar algunas empresas privadas, que sean incorporadas como administradoras de capital para un fondo de ‘confianza pública'”. “Estos sistemas de pensión públicos tienen bajos costos de transacción y muy buen servicio al cliente”, dijo en relación a experiencias en Noruega y los Países Bajos. Stiglitz señala que el sistema de públicos de pensiones con financiación insuficiente representa una amenaza potencial para la solidez fiscal, y para la estabilidad de muchos países en desarrollo.”

La propuesta del sector privado tiene grandes vacíos ¿será sostenible? la actual crisis es producto de la iniciativa privada que propició esa ley creada para introducir las AFP locales, así fue diseñada y no fue el Estado que originó la actual crisis.

Me parece que la propuesta del Estado es la que beneficia a los trabajadores, el sistema de pensiones debe responder a las mayorías, cualquiera que sea la administración política, necesitamos solidaridad y acompañar una gran iniciativa popular.

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Derecho en tiempos del crimen organizado

César Ramírez

@caralvasalvador

La justicia en nuestra nación quizás debe evaluarse por las sentencias de los jueces, los cuales a fin de cuentas, colocan la balanza de su criterio en valores universales: “la libertad, la bondad, la justicia, la igualdad, el amor, la responsabilidad, la honradez, la solidaridad, la verdad, la valentía, la amistad, el honor y la paz” -Significados.com – esta situación ahora debe observarse dentro de la problemática delincuencial en la nación 2017; la pregunta esencial es si estos sujetos que cometen atropellos contra los derechos humanos, que no tienen valor alguno a favor de sus víctimas, ni aceptan la legalidad de la República pueden gozar del criterio de “presunción de inocencia”, y si a pesar de cumplir condenas aún conservan derechos en los centros de reclusión. En general el estado de nuestra legalidad es preocupante y es un mal crónico, debido a que sufrimos de este flagelo desde hace treinta años, evento que coincidió con los últimos años de la guerra y principios del Acuerdo de Paz; si sumamos tiempo hubimos de transcurrir veinte años de gobierno de derecha y apenas llevamos siete de gobiernos de izquierda, con una resultante innovadora en los últimos dos años de El Salvador Seguro, que ha producido un significativo evento de prevención y conflicto con grupos armados irregulares con sus diferentes variantes criminales, pero al menos existen estadísticas verificables que pueden medir el avance contra el fenómeno que nos afecta. Debemos preguntarnos si es cuestión de erudición hablar de valores, de elementos básicos de filosofía (valor, templanza, justicia, prudencia) o son artefactos arqueológicos para los doctores en filosofía, mientras la multitud apenas conoce el valor-de-uso de los dólares que le extorsionan cada mes.

Si el problema es comunicar valores debemos iniciar una evaluación sobre los contenidos de los medios de comunicación, la divulgación de series de primer mundo, las mentiras cotidianas de personalidades que aparecen en las pantallas de televisión con una retórica estéril y contaminada de opciones políticas, sin que ello contribuya a resolver los problemas esenciales de la sociedad ¿vivimos en la decadencia social y la jurisprudencia?... no lo creo, puesto que a pesar de todo poseemos un grado superior a la guerra civil del siglo pasado, no obstante, el constante irrespeto a la vida la recuerda. La justicia en esta situación me parece tan dividida como la opción de los partidos políticos, mientras los abogados de la oligarquía exponen sus argumentos culpando a los pobres de todos los problemas, los abogados del pueblo al menos intentan que la justicia funcione a favor de los más vulnerables, si eliminamos los calificativos a la Justicia, ésta parece una niña de la calle. El caso de la Fiscalía es singular, unos la culpan que dispara para un solo lado, con dados cargados apuesta “doble contra sencillo” que tienen a los malos, mientras otros personajes son intocables, en paralelo los más notorios son acusados de traición “política”.

Si el problema son los testigos, si el problema antes era la “declaración extrajudicial”, si aún es posible rescatar a la justicia de los limbos de las escuelas de jurisprudencia, entonces debe concretarse a corto plazo. La justicia no puede ser rehén de grupos delincuenciales.

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