Caralvá
El Tribunal Supremo Electoral convocó el día 23 de septiembre de 2013 a elecciones presidenciales el 2 de febrero de 2014, tal cual estaba previsto desde el año pasado al divulgar su calendario de elecciones, no obstante desde hace meses los aspirantes a candidatos y sus partidos han realizado una “precampaña” sin ninguna restricción, condición que en este momento ha deteriorado muchas iniciativas ciudadanas por atribuirlas a partidos políticos en lugar de legítimas reivindicaciones populares.
Las consecuencias del adelanto de la campaña presidencial no oficial han provocado: opiniones irresponsables, versiones interesadas, erróneos argumentos de la visión nacional, graves infundios, descréditos, daños a la moral, llamados a “tomar un fusil”, presunciones de fraude, etc., muchos de estos elementos divulgados por diversos medios de comunicación social con resultado negativo en la opinión pública, ello debilita la credibilidad en la institucionalidad democrática y sus instrumentos jurídicos.
El clima electoral provoca distorsiones en todo nivel de la nación, mucho más si esta precampaña ha lanzado los indicios de un combate feroz entre personas y entre grupos de capitales que asumen intereses más allá del sistema democrático, de ahí el llamado a la mesura en los pronunciamientos públicos y la prudencia en los planteamiento de las propuestas genuinas, como dicen en Suramérica: “ya no queremos alfombras mágicas para castillos en el aire”.
Cuando un diputado afirmó que “tomaría un fusil”, sabía perfectamente el daño que puede causar, esto se demostró días después el 16 de septiembre en Estados Unidos de América, cuando Aarón Alexis con un fusil cometía un acto criminal en un astillero norteamericano, ese es el producto de una sola arma en manos de los insanos; otro pronunciamiento irresponsable es proclamar un “supuesto fraude” en el siguiente evento electoral; si unimos estos elementos: “tomar un fusil” y “fraude electoral” el resultado es predecible.
Depende de nosotros los ciudadanos que las cosas cambien, es inaceptable proclamar violencia y esperar un mundo de paz y amor, es inaceptable proclamar fraude electoral en estos momentos y mantener esa insidiosa proclama para culminar una crisis de gobernabilidad.
A partir del 23 de septiembre cumplimos el Art. 81 de la Constitución que dice: “La propagada electoral sólo se permitirá, aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la Ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses antes, cuando se trate de Diputados y un mes antes en el caso de los Consejos Municipales…” con un poco de voluntad política, nos habríamos evitado esas proclamas que no ayudan en nada al modelo democrático que aspiramos. Si cumpliéramos la Ley, evitaríamos deteriorar la credibilidad de las instituciones democráticas, el daño al honor de los aspirantes a candidatos presidenciales y los recursos de inconstitucionalidad no serían sospechosos en estos momentos, pero eso no sucede, mañana cuando los dictámenes de la Sala Constitucional se publiquen, nada impedirá una lectura política alejada de los intereses ciudadanos, como si la política no tuviera por fin último, el bien común.