Caralvá
Los recientes fallos de inconstitucionalidad, así como los movimientos en la Asamblea Legislativa, las luchas por aprobar los presupuestos, las informaciones y desinformaciones de algunos medios de comunicación, los pronunciamientos de las instituciones políticas, no tienen otra lógica que el desarrollo de una campaña política presidencial no oficial.
Esta situación provoca crisis de credibilidad en las acciones mencionadas, no se trata de contribuir al desarrollo de la nación, se trata de pronunciar el descrédito del adversario, provocar la ingobernabilidad, destruir la imagen de cualquiera que posea la bandera del oponente; la resultante es una nebulosa de criterios que oculta la verdad pero resalta el apoyo simbólico de los partidos, además la opinión del ciudadano presidente se debilita, debido a que los “candidatos” -que no están inscritos, algunos que tampoco tienen partido- son consideradas similares a la del mandatario, tanto así que declaran que seguirán con los programas vigentes… como decía algún comediante del siglo pasado: “cosa más grande en la vida chico”.
Las perspectivas sobre temas como la seguridad nacional deben considerarse acciones de importancia vital, quienes celebran la destitución de un ministro y el deterioro general económico, es posible que compartan la obsesión por el retorno a una dictadura caudillista, ese dictador anegará de sangre a la nación de muchos inocentes y eliminará todo logro democrático ocultando el saqueo al dinero del pueblo, como es conocido en la historia nacional, por esta razón debemos pronunciarnos en contra de esos infernales propósitos.
Como me recuerda ese amor desquiciado algunas palabras del poeta Luis Carlos López, “Mas hoy, plena de rancio desaliño,
bien puedes inspirar ese cariño
que uno le tiene a sus zapatos viejos...”
¿Cómo interpretar la destitución del Ministro de Justicia?... el tiempo del fallo, su extensión a cualquier otro ex militar con similares aspiraciones, la negación a los militares de baja en cargos de relevancia en cualquier gobierno, además es significativo y marca un precedente en la nación que parece exceder las atribuciones de la Sala Constitucional, no solo porque califica a la Fuerza Armada en represión y violencia, no distingue la Nueva Fuerza Armada o mejor dicho el Nuevo Ejército que surge a partir del Acuerdo de Paz de 1992 y la modernización de la misma en 1993, entonces resulta que bajo ese criterio nada ha cambiado… es un error; en esa arista la seguridad nacional tampoco tendrá la visión para prevenir las infiltraciones del narcotráfico y el crimen organizado en los Cuerpos de Seguridad, porque es cuestión compartimentada sin la Nueva Fuerza Armada.
Entre las soluciones posibles se debe considerar el proyecto de Reforma Constitucional en aspectos de esta naturaleza, reformas que no permitan este tipo de campañas presidenciales ilegales –adelantadas, de bajo perfil, de baja intensidad- que no son genuinas en la construcción de una sociedad democrática.
La seguridad nacional con temas graves como el crimen organizado, el narcotráfico, etc., no puede excluir a la Nueva Fuerza Armada de contribuir significativamente al combate de un peligro nacional, pero todo es permitido en una campaña presidencial no oficial, que beneficia a los antiguos poderes conservadores para impulsar la ingobernabilidad y su sueño de regresar al poder… “sueño tan maloliente, pero en verdad (su) sueño entrañable”.