Caralvá
Nos movemos entre maniobras políticas bajo argumentos jurídicos, en esencia el derecho implica refinadas acciones de intereses de poder, tanto “intransigente” como “renovador”. El escenario actual entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa es una cuestión de escenarios que chocan por la conducción de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República entre otros. Asistimos al fin de una era cargada de abusos del sector “intransigente” ese poder antiguamente llamado oligárquico que engloba a poderosos capitalistas que ciegos de poder han ejercido durante décadas un rígido esquema de dominio que tiene como característica su ausencia de modernismo, es una derecha que no entiende de razones, puesto que tiene como bandera que esta nación les pertenece, así como hace 200 años eran dueños de haciendas y todo lo que se encontrara en su territorio, los cambios para ellos son esencialmente: “comunistas”. El movimiento “renovador” constitucional está conformado por una nueva alianza democrática conformada no por una coalición formal, sino por intereses políticos que se oponen a la decadente derecha intransigente, el mapa que propugna por los cambios constitucionales es claro, es la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa. Los sectores que apoyan o no los fallos de la Sala de lo Constitucional nos muestran el mapa social de la opinión pública, que avanza hacia la crispación de los sectores en pugna, escenario peligroso que impide la objetividad y en consecuencia soluciones políticas. La secuencia de acciones negativas por el grupo intransigente a partir de la instalación de un gobierno de izquierda desde el año 2009, tienen en común el signo que propiciar la ingobernabilidad, incluyendo acciones heredadas como: la quiebra del Estado, los hospitales jamás construidos, la transferencia presupuestaria de un Ministerio a otro a discreción de los presidentes durante 20 años, etc. ellos son los fariseos que defienden ahora la Constitución, pero jamás pronunciaron ni una leve queja, ante esas acciones extrañas, quizás porque eran parte de la rosca dorada, ahora a la luz de una nueva alianza renovadora en la Asamblea Legislativa que impulsa el fin del reparto partidario del poder judicial, se oponen a todo incluso a las decisiones que corresponden a la Asamblea Legislativa. Es muy extraño que los fallos de la Sala de lo Constitucional impliquen acciones desde el año 2006 en adelante, ¿por qué no se detectó este vicio durante estos años?... ¿dónde estaban los brillantes juristas pro-oligárquicos? Si el objetivo es ejercer un control constitucional sobre el poder político (de la Asamblea Legislativa u otros), parece que es el camino de Saulo a Damasco, puesto que habría que Reformar la Constitución y normar este capítulo. Cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional paradójicamente es inapelable y patético para la nación. Ahora nuestra constitución tendrá un fallo en Nicaragua, quizás sea nuestro camino a Damasco.
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