Caralvá
Durante el siglo XX nuestra sociedad sufrió cambios económicos que afectaron la vida de miles de ciudadanos, todos estos cambios dentro del modelo capitalista o las modas imperantes en cada época. La nación sufre su más significativo cambio a partir de 1932 cuando acontece la ruptura constitucional que afectará los siguientes cincuenta años, al instaurarse el autoritarismo y los golpes de estado.
A partir de 1992 el Acuerdo de Paz, inicia una nueva época que intenta consolidar la democracia hacia el siglo XXI, pero existen diversas modalidades que pueden ser el detonante de nuevas fricciones nacionales, entre ellas las reformas constitucionales, la elección independiente de sus representantes o la reelección del presidente de la República.
La historia del siglo XX nos muestra la democracia latinoamericana con altibajos de todo tipo, pero al menos dos naciones permanecen estables: México y Costa Rica, naciones que nos muestran signos de notables avances sociales, tanto en la movilidad social, como en la solución de sus conflictos internos. Desafortunadamente el surgimiento del fenómeno del narcotráfico amenaza con abrir un nuevo escenario a considerarse en las expresiones de gobernabilidad y por lo tanto en el modelo democrático, puesto que el poder del dinero compra la voluntad de algunos políticos o servidores públicos.
El caso de la opción democrática en El Salvador, ya no solo debería residir en la clase política que toma decisiones a nombre de los ciudadanos por la delegación constitucional, sino por el pueblo en general, que se ve afectado directamente con las tendencias de los organismos internacionales, así como por factores internos de emigración, desempleo, seguridad, narcotráfico, crimen organizado etc. que inciden en las familias de los trabajadores. El verdadero nudo democrático reside en que los funcionarios públicos rindan informes a sus electores y los electores estén representados en la decisiones de los funcionario públicos durante los períodos legales de sus mandatos constitucionales, tanto para alcaldes, diputados o poder ejecutivo; este vacío constitucional es el divorcio de las realidades entre la clase política y sus electores.
La tragedia de nuestra nación es que cada sector o grupo social tiene su particular criterio democrático, así en el siglo XX prevaleció la democracia al estilo militar, en ciertos momentos la democracia cafetalera, industrial o financiera, posteriormente se instauró un modelo neoliberal que agotó la agricultura e impulsó la modernización del Estado, todos estos grandes eventos no pasaron por la decisión de las multitudes, porque solo fue decidido en las cúpulas de la clase política. La propuesta entonces para los siguientes años debe ser que el concepto democrático y sus efectos económicos estén incluidos en la racionalidad pública más allá de una administración de cualquier partido político y definir con exactitud en la constitución que la propiedad privada no se opone al criterio social, pero si se opone al criterio colectivo.
Cuando se aplicó un concepto democrático y su desarrollo económico, nadie protestó por ello, porque solo son visibles sus efectos, ahí están los márgenes de distribución de la riqueza y nadie se extraña por los niños de la calle o los emigrantes ¿acaso es mucho pedir una definición del modelo democrático y la economía? ¿Acaso la ciudadanía no es la que pagará por las deudas de sus funcionarios o sus erróneos modelos económicos?
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