César Ramírez
@caralvasalvador
La sociedad política fotografiada en la Constitución de la República presupone un marco jurídico con un pacto social de nuestra vocación nacional: leyes, ordenamiento institucional, territorio, democracia etc., no obstante el surgimiento de organizaciones criminales, grupos armados y terroristas que tienen únicamente como objetivo la ilegalidad en su accionar afectan al conglomerado social y han destruido el tejido social en: barrios, colonias, sistemas educativos, etc. un fenómeno originado “posiblemente” por la guerra civil del siglo pasado. La ruptura de los valores tradicionales en nuestra sociedad es muy profunda, con solo enunciar la evolución de nuestra democracia en los últimos treinta años, tenemos un modelo educativo autoritario orientado hacia la represión y siempre la represión, negando todo valor ciudadano. A partir de los Acuerdos de Paz apenas dos décadas, el funcionamiento institucional es visible por la presencia institucional de los derechos humanos; la sociedad ha aceptado las reglas democráticas y al menos el Golpe de Estado no ha retornado, como era la norma cada diez o quince años, al final el sistema se consolida en ese capítulo del Pacto Social histórico. La historia no es la misma con el surgimiento de las bandas terroristas y su trayectoria ilegal a partir de los años ochenta y noventa, hablamos entonces de varias décadas, éstas estructuras presentan un modelo “inconstitucional” que destruye todo el tejido social teórico republicano, similar a un cáncer social, éstas bandas reproducen sus antivalores donde se insertan legal o ilegalmente; ahora se organizan desde núcleos familiares –reales o aparentes- que reclaman los servicios sociales de la comunidad legal, de esta forma coexisten en barrios junto a familias tradicionales pero sus objetivos son anti-sistema. Ahora es posible observar una segunda o tercera generación de “familias-antisistema” incrustadas en diversas comunidades, pero con el signo inocultable de su asociación terrorista, sucede entonces que ésta sociedad-antisistema suma aproximadamente miles de presidiarios y otros tantos fuera de la cárcel agrupados en núcleos familiares extensos. En este fenómeno la causa de su multiplicación no es la ausencia de la democracia, sino el vacío de una política que debió evitar este flagelo… “si buscamos culpables, seguro los encontramos”, pero la misión es una solución, en primer lugar debemos pensar en qué hacer los siguientes treinta años… ¿Acaso necesitaremos un nuevo modelo de gueto para familias terroristas? ¿Escuelas para niños antisistema?, ¿iglesias pandilleras para delincuentes de toda edad?... y muchas otras marginaciones históricas conocidas en el mundo en escalas horrorosas; los resultados son conocidos y han avergonzado a la humanidad por sus represiones violentas… ¿pero qué hacer ante esta realidad ineludible?
En primer lugar un marco antipandillas de largo plazo, -Helio Jaguaribe anotó en su artículo: Experiencias y perspectivas del desarrollo: “La racionalidad pública es la racionalidad de tipo instrumental y de tipo interaccional, con la cual son adoptadas decisiones públicamente relevantes.”- al menos en las siguientes cinco administraciones gubernamentales, es urgente fortalecer la policía, ejército y la comunidad legal en democracia; tardaremos tres décadas para reconstruir el tejido social: barrio por barrio y familia por familia, si logramos la unión nacional sobre los intereses particulares.