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  • Malacrianza La película

    Malacrianza


    Una película que desnuda el “nosotros” en los barrios pobres, esa inmensa intemperie ante las bandas terroristas, la Policía Nacional Civil es “por recomendación médica” la mejor respuesta; una realidad ajena a las barriadas oligárquicas, pero es el reflejo de nuestra vida cotidiana… excelente película, las siguientes generaciones agradecerán este notable esfuerzo.
    César Ramírez Caralvá

  • Implicaciones de la corrupción

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    El tema es complejo y en ocasiones parece un verdadero sistema de valores que inducen en esencia a la apropiación indebida de bienes públicos, aunque no solo el dinero es un valor de cambio en las transacciones contra la sociedad, existen ilícitos que benefician a terceros insospechadamente ocultos; algunos casos parecen novelas policiales de tercera categoría, donde las confabulaciones exceden a los implicados que milagrosamente escapan a la justicia por medio de jueces, en otros casos por perjuros,  o extrañas interpretaciones constitucionales que perdonan todo, al final, sin delito que perseguir el daño patrimonial es manifiesto en: salud, educación, seguridad e incluso la dignidad de la nación. Encontramos los siguientes conceptos en: “Corrupción y maltrato público”. “Definición de Corrupción: es la acción o inacción de una o varias personas reales que manipulando los medios de un sistema, en beneficio propio y/o ajeno, tergiversan los fines del mismo en perjuicio del conjunto de ciudadanos para, por y a través de los cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar. Corrupto(actor del hecho) Es la persona real que por volición propia y/o ajena y con intención cognoscitiva premeditada, maneja uno o varios medios de un sistema público y/o privado para beneficiarse para sí y/o para otros de los resultados que este manejo tendencioso produce, en contra del universo de individuos para los cuales el sistema fue ideado para servir y beneficiar. Corruptor (actor e incitador al hecho) Es la persona real que con volición propia e intención cognoscitiva premeditada y alevosa induce, incita y/o coacciona a otra a corromperse e integrarse así al sistema de corrupción pública institucional”. Se trata de observar el conjunto de actores en una sociedad, en nuestro caso los temas emblemáticos como CEL-ENEL, los fideicomisos estatales, la malversación de $11 millones del ISSS y otros incidentes anteriores en la misma institución cometidos por otro famoso personaje, la obra Diego de Olguín, etc.  Pero estos fenómenos son enfrentados con leyes del siglo pasado, con prescripciones ridículas de 10 años, cuando los daños se prolongan por décadas, de tal forma que los implicados bajo conocimiento legal abrazan la impunidad.

    Es muy sintomático ese modelo de violencia financiera, puesto que la corrupción también “asesina inocentes”, el panorama es simplemente deplorable, en este escenario encontramos: corrupto y corruptor (no solo de dinero), funcionarios públicos y poderosos miembros del capital privado y al agregar el factor político concluimos en el patrocinio a favor de un Partido Político, entonces la trama se vuelve siniestra. La sociedad solicita auditorías jurídicas de la Corte Suprema para abajo, así como a los funcionarios públicos y privados… ¿Aún existe alguien honorable? ¿Existe la regionalización de la corrupción? Los recientes casos de Guatemala y Honduras, son ejemplares, las personas implicadas en Honduras no son funcionarios públicos sino privados, mientras en Guatemala la implicación de Aduanas con autoridades de primer nivel y sectores privados es visible. En todo caso las reformas constitucionales deben ampliar la prescripción, no debe existir la confabulación intelectual de corrupción y límites constitucionales para evadirse legalmente, porque esa es la puerta legal que alienta el enriquecimiento ilícito a los delincuentes de cuello blanco.

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  • Irrenunciable impuesto a la Seguridad Nacional

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    La realidad nacional se impone con las muertes de policías, soldados, ciudadanos, niños y niñas frente a la impostergable condición de ingresos para superar el flagelo de la delincuencia organizada, el pueblo no soporta más esta incertidumbre social. Nuestra sociedad está amenazada por la delincuencia en todo sentido, nuestro horizonte es el pétreo rostro del ángel de la muerte, con escenas de vilezas indescriptibles, derramamiento de sangre gratuita, individuos degenerados cometiendo todo tipo de atropellos para mantener sus cuotas de extorciones, amenazas o presencia en determinados lugares de la nación, sus actuaciones son abominables e infinitas en su esfuerzo por magnificar el daño social. La presencia de este flagelo es constante, es una infame coexistencia de familias honradas separadas por una estrecha calle de las bandas criminales, ¿Quién levanta su mano para oponerse contra un impuesto que beneficia a la familia salvadoreña? ¿Por qué una sala constitucional se opone en la aprobación del bono de $900 millones para defender a la nación? ¿Existe una alianza para obtener ventajas políticas utilizando la violencia a su favor, como en los movimientos golpistas “desarmados”?.

    Mientras el pueblo acompaña a los héroes de nuestras fuerzas de seguridad que en inferioridad se enfrentan a los delincuentes, ellos celebran la “supuesta” incapacidad administrativa como si en veinte años anteriores hubiesen combatido el fenómeno del narcotráfico y la corrupción. No obstante a grandes males, grandes remedios, en busca de recursos para financiar la seguridad nacional la imaginación no debe atarse a elementos transitorios sino a una visión de largo plazo, el Estado tiene facultades para realizar concesiones, nacionalizaciones o transferencia de bienes privados que se consideren estratégicos para financiar esta lucha desigual contra el crimen organizado. La historia de otras naciones lo demuestran: Impuestos a bienes patrimoniales,  capitales, contribuciones por ingresos superiores al promedio de los asalariados mayoritarios, contribuciones de grandes empresas etc., pero el pronóstico de ésta lectura política es deprimente;  éste es el momento de una respuesta humanitaria y pragmática, debido a que si los daños por la inseguridad son calculados tan fielmente por el sector privado con montos de cientos de millones, ¿por qué no contribuir en impuestos para proteger sus inversiones, empleados e intereses estratégicos?.

    Esta situación me recuerda a Orson Welles en su película ¿qué importa si mueren?... en nuestro caso los pobres y desprotegidos – porque los señores dueños del capital tienen ejércitos privados- parafraseando a ese genio en este razonamiento siniestro –según ellos- : “entre nosotros alguien tiene que morir”…  quizás solo para demostrar fuerza… o al estilo italiano: “¿éste instrumental diabólico de la violencia es una extensión partidaria y perversa de sectores de poder, aferrados a su pasado violento obstinados en la desestabilización económica-política de la nación?..

    No es justo negar el apoyo a la Seguridad Nacional sacrificando a muchos inocentes, también de abnegados policías y soldados, cuando la protección de la familia es la vocación de la nación… que incluye a todos sin excepciones.

    www.cesarramirezcaralva.com

     

     

  • Solución a la realidad nacional

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    No puedo evadir la imagen de Ignacio Ellacuría con un tema similar hace tres décadas, bajo el concepto principal del diálogo nacional; aunque la condición actual dista mucho del conflicto civil, algunas características lo recuerdan por la descomposición social que vivimos. Ahora las instituciones funcionan, aunque “tenemos lo que nos dejaron después de todo lo que se han robado”… un breve recuento de daños y déficit se puede encontrar en los juicios a exfuncionarios de las administraciones anteriores…

    Nuestra cultura generacional y me refiero a las últimas cuatro décadas, ha vivido la violencia en todo tipo de géneros, nada nuevo nos pueden contar de sangre y muerte, todo lo hemos vivido, pero la violencia no solo es la represión, también ha significado la negación de la información, la democracia, educación, transparencia y si lo observamos con calidad de opinión: “la negociación”.  Todo problema en el pasado ha sido resuelto a balazos, los opositores más que otros sectores dan fe de ese acto criminal, pero ¿qué sucede con el pillaje? ¿los grandes fraudes financieros? ¿los robos al Estado de tiempos pasados? Eso también ha provocado muertes y no solo de una persona sino de miles, muchas personas sin medicamentos, educación, sin pensiones, obligados a emigrar a “cualquier costo”, esa es violencia verificable por la cantidad de desaparecidos en el famoso camino a la frontera de Estados Unidos, las familias destruidas, las ruinas en muchos pueblos etc., aunque el conflicto se resolvió por el diálogo, es el momento de retomar esa buena práctica… los problemas tienen solución, y quienes deben conducir el proceso es la clase política por medio del diálogo.

    ¿Por qué deben existir ganadores y perdedores en un diálogo nacional sobre seguridad?

    ¿Por qué condenar el diálogo al fracaso antes de iniciarlo entre los actores políticos?

    Me refiero a la clase política (como primera clave de solución) porque en un proyecto de nación todos participamos, el primer motor nacional son los partidos políticos; con solo abandonar la ideología y deponen puntos de honor, el panorama visible es desesperado en los temas de: seguridad, inversión privada, desarrollo nacional etc., que no deben postergarse.

    Todos ganaremos con una solución de nación.

    Aunque este razonamiento parezca ingenuo, no existe otro camino viable, porque nuestra realidad actual y la de muchos años anteriores, es la ausencia de “racionalidad política” éste concepto no ha sido incluido en una visión a futuro con deudas sociales impostergables: cambio climático, emigración, delincuencia, evasión de impuestos, narcotráfico, educación, salud, terrorismo etc.    

    Un diálogo nacional debe cambiar el horizonte en ésta época de inseguridad, el enemigo principal es: la pobreza, la delincuencia, la corrupción, la exclusión social, etc.,  para Juan Pueblo “el ciudadano” que se gana la vida trabajando honradamente, que sueña con vivir en paz y progresar, el diálogo a fin de cuentas fue una herramienta exitosa, demostró ser posible en el pasado, quizás Juan Pueblo sueñe como nosotros con un diálogo posible, con soluciones verificables, en una sociedad participativa e incluyente.   www.cesarramirezcaralva.com

     

     

     

  • ¿Colusión de telefónicas?

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    Aquél 22 de julio del 2008, entró en vigencia el impuesto por llamadas internacionales que ingresaban al país e inmediatamente se reflejaron en las facturas del mes de agosto; en aquellos tiempos el presidente Antonio Saca sancionó la ley con 40 reformas.. etc.  De esa manera el 24 de julio de 2008 el grupo parlamentario de ARENA, impulsó enmiendas a la Ley de Impuestos Específicos a las Llamadas Telefónicas Provenientes del Exterior (El impuesto de cuatro centavos por cada minuto de llamada internacional) que terminan en El Salvador, con cambios a “petición de las compañías telefónicas y de la Superintendencia General”. Las compañías locales debieron trasladar los fondos por el cobro al Ministerio de Hacienda, en aquél momento se esperaban recaudar aproximadamente $9.2 millones para el Estado; dichas reformas fueron publicadas con dos semanas de anterioridad en el Diario Oficial.  Ahora siete años después, el impuesto para hacer llegar fondos al Estado es considerado un atropello, a pesar que los fondos tienen como objetivo la Seguridad Nacional, esa seguridad que implica la misma protección a las inversiones internacionales, a los trabajadores de las telefónicas, a sus instalaciones y propiedades, pero el argumento que en años anteriores fue aprobado, ahora se considera un anatema, ¿Cuál es la diferencia?: no es la derecha la que impulsa ese impuesto, en otras palabras es un lenguaje político, una opción ideológica que ayuda a un sector que no preside el Poder Ejecutivo y los intereses de las mayorías. Según los principios de la privatización de las telecomunicaciones se otorgaron concesiones a empresas internacionales con el objetivo de facilitar la competencia entre empresas, no obstante cuando las empresas telefónicas unen esfuerzos ese principio es letra muerta, puesto que se constituye en una colusión: “Es cuando las empresas en el oligopolio (es un mercado dominado por un pequeño número de vendedores o prestadores de servicio telefónico) se ponen de acuerdo para actuar coordinadamente a la hora de ofertar sus bienes y de poner sus precios, con lo que logran mayor beneficio total para cada una de ellas que cuando actúan por separado, lo que en ocasiones lleva a una situación parecida, desde el punto de vista de los consumidores, a la del monopolio. Poniendo como extremos el monopolio y la competencia perfecta, definimos el oligopolio como aquella situación de mercado en la que existen un pequeño número de productores” –wikipedia- de tal forma que esta concentración de los productores (de telecomunicaciones) deciden negociar en bloque y no individualmente; es sintomático el caso, quizás alarmante, estas empresas no solo evaden disminuir la potencia de las torres que amparan los centros penales sino que niegan ahora un impuesto para la seguridad nacional, favoreciendo a terroristas; recordemos que un “celular en la cárcel es más peligros que 10 AK 47 en la calle”, el resultado es grave: la competencia se elimina, no existe diferencia entre compañías y por lo tanto el mercado de las telefónicas niega los principios de la privatización, concluyendo en una parálisis del sector en este caso a conveniencia de las propias empresas, pero no favorece a los nueve millones de usuarios de servicios móviles en su seguridad y que al final pagan a las transnacionales.  Solución: acepten el impuesto, todos ganaremos…

    www.cesarramirezcaralva.com

     

     

     

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