César Ramírez

@caralvasalvador

La utilidad anual de algunas empresas telefónicas supera decenas – ¡centenas!- de millones de dólares, estos datos son posibles encontrarlos en las memorias anuales e informes públicos tanto en la Bolsa de Valores local o internacional. Según SIGET hasta 2014 el número capacidad instalada de líneas fijas 2,668,691; la cantidad de líneas en funcionamiento 953,773; se debe destacar que las líneas de telefonía pública es cero, al igual que los teléfonos públicos –ya no existen los teléfonos públicos-; en otros aspectos las líneas móviles en operación 9,193,342 – cifra mayor que la población nacional-con la modalidad de pos pago 878,398 y los de prepago 8,314,944; las telecomunicaciones son un espectro de servicios no únicamente las líneas telefónicas, asociados se encuentran: internet, datos, televisión digital, cable etc. pero veamos su información financiera: Total de egresos Tráfico Internacional $25,777,588.60 Activos $1,723,850,528.14; Activos fijos $764,831,644.30 etc.,  Pasivos $586,385,379.39 Patrimonio $1,005,325,531.52 Capital $1,005,325,531.52 agreguemos el tráfico en telecomunicaciones: tráfico nacional fijo 346,539,457.59 y tráfico nacional móvil 1,941,916,582.99; para realizar una breve contabilidad revisemos los cargos (tarifas) por instalación de servicio fijo, Básico residencial etc.,  veamos: cargo (tarifa) por instalación de teléfono fijo $22.28; cargo (tarifa) básico o cargo de acceso mensual residencial $5.38 y sus tarifas por minuto 0.03764; tarifas por minuto de llamadas de una línea móvil pos pago a una línea móvil de otra red $0.16022  etc… existe un catálogo de tarifas que cualquier persona interesada puede verificar, pero nos interesa objetivar la cantidad de llamadas cobradas por minuto de diversos servicios, así multiplicamos millones llamadas por las cantidades indicadas…  Debemos anotar que las empresas telefónicas son empresas público-privadas, no son absolutamente empresas privadas, puesto que existe una correspondencia con la población que demanda un servicio, similar al agua, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad nacional etc., las telefónicas viven por una concesión del Estado para explotar el espectro de telecomunicaciones, por lo tanto existe un deber hacia la demanda pública, a pesar que el Estado posea participación mínima en esas empresas, puesto que existen en el espacio nacional y su vigencia tiene un período de tiempo, que algún día terminará.

Acá no se trata de satanizar a las empresas telefónicas, ni acusarlas de nada, se trata de una correspondencia hacia los usuarios y al pueblo salvadoreño en general; si las ganancias son extraordinarias, “retornar” un porcentaje de sus ingresos no significará un daño a sus ganancias anuales porque el destino final es la Seguridad Nacional contra el terrorismo; esa seguridad nacional que implica eliminar las señales de los centros penales,  por cierto… llamado que no se atiende a pesar del clamor popular de eliminar esas señales.  Desde los centros penales se ordena por teléfonos móviles: paros al transporte colectivo, asesinatos a policías, masacres,  e incluso la colocación de coches bombas etc.

Se trata de una correspondencia solidaria para la policía, soldados y pueblo en general,  que por cierto debería medirse como retorno a la sociedad por los bienes que explotan…En todo caso, se trata de la Seguridad Nacional contra el terrorismo, la misma que protege su inversión y utilidades en general.

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César Ramírez

@caralvasalvador

Los antecedentes de la nuestra constitución salvadoreña aparecen mencionados por primera ocasión en el momento insurreccional de 1814, de la misma manera el concepto de nación en las cartas insurgentes de 1811 que contienen conceptos de la Constitución Norteamericana… en las referencias contrainsurgentes de 1814 aparecen menciones claras de nuestro proyecto constitucional e intereses populares; en el libro El Salvador Insurgente 1811-1821 Centroamérica, pág. 289, 336, se enuncian dos bases principales: “1° la soberanía había de residir en el pueblo 2° que tres individuos de ella llamados cónsules formasen un tribunal ejecutivo, siendo general en jefe el primero, ministro de gobierno el segundo e intendente el tercero”, así el proyecto de constitución contiene la vocación de la nación, unido a la insurrección popular… la mención de la constitución es referida por las autoridades españolas, que denuncian el proyecto independentista: “las constituciones aprobadas y derogadas eran el espíritu de la insurrección que avanza a largos pasos; los planes del 1814 han sido más malignos que los de 1811; y si en las primeras conmociones se fijaron en puntos determinados, en la última se avanzaban a meditar una constitución formal de independencia” pág 336. Debemos anotar que ésta constitución era la insurgente salvadoreña, no la proclamada por el Imperio Español, ni la de Cádiz de 1812;luego llega la constitución  de las Provincias de Centroamérica 1823 y finalmente en el 12 de octubre de 1824 como Estado Independiente… “La segunda Constitución lleva la fecha del 18 de febrero de 1841, cuando ya había desaparecido la Federación Centroamericana y El Salvador se había constituido en república independiente. Después de esta carta magna siguieron las constituciones de 1864, 1871, 1872, 1880, 1883, 1885 (que nunca fue aprobada ni entró en vigencia), 1886, 1939 (reformada en 1944), 1945, 1950, 1962, hasta llegar a la de 1983, que es la vigente” según Wikipedia.

Si la Constitución es la máxima norma de un Estado, usualmente coincide con la vocación de la nación… en ocasiones existen una paradoja como las rupturas constitucionales del Golpe de Estado sucedido en diciembre de 1931 que instauró un directorio militar y posteriormente llamó a Estados Unidos para que reconociera su legalidad constitucional en  1932; por maniobras del martinato se configuró un poder autoritario desde 1939 a 1944 por reformas arbitrarias e impopulares, las cuales culminaron con una insurrección popular; si agregamos los eventos de la guerra civil de los años ochenta con otra guerra civil, obtenemos una “nueva legalidad”, en este caso la Constitución coincide con los intereses populares.

Podemos afirmar que la Constitución es la lectura del derecho, la política y las instituciones que coinciden con los intereses de la nación. No obstante parece que ahora nos enfrentamos a una nueva paradoja por las lecturas de la Sala Constitucional la cual se divorcia de los intereses populares, ejemplo: el caso de la aprobación de los $900 millones para la seguridad nacional, el voto cruzado, intervención en el TSE, etc. además la admisión de la demanda inconstitucional contra el SITRAMSS… esperemos que la Sala apoye los intereses populares para enfrentar al terrorismo y contribuya por la dignidad del transporte colectivo de la nación. www.cesarramirezcaralva.com

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César Ramírez

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Con dolor y profunda pena he leído la siguiente noticia: la doctora Shandy Carolina Díaz, de 28 años,  fue asesinada a balazos por organizaciones terroristas, las cuales sin mediar palabra le dispararon en forma cobarde (05SEP015 Usulután).  Me uno a su familia y condeno este atropello contra la vida de una ciudadana dedicada a su trabajo… ¿Qué clase de seres acribillan a una doctora en medicina? ¿acaso no saben el esfuerzo, dedicación, voluntariado o los sacrificios que deben realizar los médicos para salvar la vida de otros? su vocación humanitaria es a toda prueba,  su ejercicio profesional es una continuación de su servicio vocacional por la nación.

Este acontecimiento nos llena de pesar y nos llama a la acción.

Cuando un terrorista asesina a una doctora se olvida que un día algún médico puede atenderle en un quirófano, lo mismo a un familiar, hermano etc. y con mucha razón el cuerpo médico podría negarse a brindarle atención por temor a ser víctimas de un atentado si el procedimiento solicitado fracasa. Éste atentado contra los medicos viola el derecho a la salud de toda la población, porque inaugura el temor en la atención hospitalaria, ¿acaso los medicos tendrán que definir su filiación a una organización terrorista para no morir acribillados?. Cuando una banda de terroristas asesina a una doctora se autoexcluye de cualquier Sistema de Salud y crea la brecha de los médicos que por cualquier motivo asistan a estas organizaciones aún en intervenciones genuinas. Esta acción es un acto irracional, desesperado, una acción de violencia indiscriminada contra una miembro de la sociedad civil, es una violencia desproporcionada hacia una persona indefensa, en pocas palabras un acto terrorista de fanáticos delincuentes, un hecho incalificable; ni siquiera en los conflictos internacionales acontecen estos eventos horrorosos, puesto que los médicos tienen normas y acuerdos internacionales con organismos como la Cruz Roja Internacional o la Media Luna Roja. Durante la guerra civil los Escuadrones de la Muerte cometieron actos similares, muchos médicos perdieron la vida o desaparecieron, ya sabemos que estos cuerpos siniestros eran dirigidos por organismos de ultra derecha sin ningún respeto a los derecho humanos; los Escuadrones de la Muerte no respetaron las normas internacionales en defensa de los hospitales o personal de salud, pero aquellos tristes eventos sucedieron en los años ochenta y noventa del siglo pasado, ahora observamos de nuevo esa brutalidad irracional que nos recuerda la peor época del conflicto armado.

Existe la percepción de impunidad rampante de esas estructuras, ellos pretenden destruir nuestro orden constitucional. A menos que estas estructuras terroristas construyan sus propios hospitales con su personal de la misma naturaleza, el cuerpo médico de la nación tendrá derecho a negar la asistencia médica el día de mañana, por la simple razón que ellos asesinan a sus colegas, de igual forma no concurrir a brindar asistencia médica a estas organizaciones será un derecho de autodefensa.

Debemos extirpar ese cáncer que ahora apunta sus armas contra el gremio médico… asesinar una doctora indefensa es un crimen de lesa humanidad. www.cesarramirezcaralva.com

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César Ramírez

@caralvasalvador

Es conocida la calificación de terrorismo en los años setentas, ochentas, bajo el concepto “Seguridad Nacional de las Américas” aquello era simplemente una acusación de pertenencia comunista, así fue calificado Monseñor Romero y los sacerdotes jesuitas, ese argumento fue la espada justiciera de la extrema derecha, no solo para asesinar a personalidades opositoras sino a más de setenta y cinco mil salvadoreños, eso es un crudo terrorismo de Estado, fue un “cheque en blanco” para aniquilar a cualquier opositor; no obstante ¿qué sucede cuando existen elementos antisociales que cometen tropelías inimaginables contra la población civil en democracia? : incendiar un autobús con los pasajeros dentro e impedirles salir, asesinar a policías y soldados desarmados sin posibilidad de defensa, eliminar a custodios de penales, madres, niños, niñas, profesores, agregando el horroroso crimen de catorce internos de sus propias filas en el penal de Quezaltepeque… todos son actos repudiables en una sociedad decadente sin respeto por la vida humana.

El 06 de julio de 2006 en un artículo de opinión publiqué en este periódico: “Terrorismo es un acto desesperado de diversa naturaleza, que no lucha dentro del sistema institucional (derecho, democracia etc…), sino que actúa al margen de la ley. Las características del terrorismo pueden tener diversos rostros: de izquierda, derecha, religioso, Estado, bandas racistas, fascistas, comunistas etc., su actuación es una agresión alevosa y con ventaja contra minorías o entidades legales, así su accionar es una constante agresión a las leyes y las normas institucionales, su principal connotación es la acción violenta indiscriminada, connotando su angustia al no poder incorporarse al sistema democrático, ni ser parte de las soluciones correspondientes a la nación”, fue escrito por el atentado contra miembros de la policía nacional civil en el trágico evento de la Universidad Nacional, los culpables de ese acto ahora purgan sus penas; no obstante nueve años después somos testigos de un irrespeto a la vida sin precedente por las denominadas maras, comparables únicamente con  los escuadrones de la muerte, que solo produjeron luto en nuestra sociedad.

Los grupos terroristas en nuestro caso, carecen de reivindicaciones políticas, no tienen ninguna caracterización de exclusión social-política, tampoco existe ninguna proclama que solicite una inclusión dentro de la sociedad, ni su auto conversión al orden constitucional, por el contrario afirman ser víctimas del modelo económico, sus estructuras, su educación, etc… el momento es grave, vivimos el punto de “no retorno” ante la violencia generalizada, tampoco existe una solución inmediata para este problema.  Si este tiempo significa el agotamiento de un proceso de iniciativas pacíficas, en los siguientes meses o años veremos florecer la violencia como hace treinta años en la guerra civil, nada podrá asombrarnos ante el paso de la muerte por las calles de las ciudades, el campo, los barrios o las montañas; lo hemos visto todo, así como hemos contemplado la bondad humana a pesar de esos actos criminales.

No obstante, existe aún esa puerta de salida que permita salvar vidas, esa vía que significa aceptar el orden democrático en nuestra nación y su legalidad.   www.cesarramirezcaralva.com

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César Ramírez

@caralvasalvador

En el momento que la Sala Constitucional califica a estos grupos delincuenciales bajo ese concepto, la ciudadanía aplaude esta resolución, a pesar que llega con mucho retraso,  pero abre las puertas para nuevas reformas que dignificarán la lucha contra estos organismos antisistema. Durante años el pueblo ha soportado: la impunidad, el sigilo, la ventaja contra ciudadanos indefensos, etc.,  configurando la imagen de complacencia tanto de la justicia como de las máximas autoridades constitucionales. Antes de esta conceptualización estos sujetos se han burlado de la sociedad salvadoreña, han pisoteado los sentimientos de los familiares de policías, soldados, maestros, estudiantes, abogados, jueces, profesionales etc.,  con tal desprecio que el retardo de su calificación involuntariamente construyó un refugio para estos delincuentes.

Los terroristas no sustentan los valores del Estado Social y Democrático de Derecho como son: la libertad, justicia, mucho menos el valor de la dignidad. Su objetivo constante ha sido destruir la Seguridad Nacional, además combaten: la tolerancia o la igualdad puesto que en conjunto buscan crear la pérdida de la paz social. Sus acciones han coincidido decididamente con movimientos desestabilizadores en todo nivel, incluso recién se anuncia que han pretendido atentar contra la vida del Fiscal General de la República, es un atropello a la comunidad-legal de nuestra sociedad; han fundado con su violencia el “no-derecho” condición que les ha llevado por su propia historia al nivel de “no-personas”, una estatus extremo que en su nueva realidad de terroristas significa que son visibles para la justicia nacional e internacional, además pierden toda condición jurídica: “no se presumen inocentes”, “no tienen ningún fundamento legal”, “no tienen derecho a ningún proceso justo”, “su vida es una declaración en su contra”, etc., ningún Estado puede tratar con sus enemigos porque eso significa a corto plazo un suicidio, en general son fuente de peligro; estos conceptos han sido expuestos por académicos como Guillermo Portilla Contreras, experto en Derecho Penal,  en su artículo: “terroristas como no-personas del Derecho”.

En nuestra realidad las actividades de los terroristas están fuera del Marco Constitucional, acción visible durante muchos años, deberíamos preguntarnos ¿por qué se demoró tanto esta resolución?  El ejemplo para las siguientes acciones es una brecha inaugurada por otras naciones que sufren este flagelo: ¿cómo tratan otros pueblos a quienes atentan contra sus ciudadanos, policías, soldados, profesores, niños o niñas?...  Una condición me parece justa a partir de este momento, todo es legítimo para la defensa del Estado y la sociedad, mientras que para los grupos terroristas nada puede ampararles, se han esforzado tanto para esta caracterización que solo sus voceros o apologistas tan terroristas como ellos podrán defenderles.

En algunas de sus reflexiones el profesor Portillo Contreras, anotó: “no se trata de la creación de un orden de derecho, sino de mantener un orden” puesto que no se trabaja con personas sino con enemigos peligrosos. Quizás la única puerta abierta que les queda a los terroristas es abandonar su estilo de vida, pagar sus penas y aceptar el orden de la democracia.

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