César Ramírez

@caralvasalvador

La última palabra sobre cualquier proceso constitucional reside en una Sala de la Corte Suprema con fallos inapelables, eso al menos por ahora parece el círculo del absoluto, casi “Yo el Supremo”… un poder constitucional que define el bien y el mal. El calificativo de un ciudadano y su pertenencia a un partido comunista o similar, es casi la vida o muerte civil, esa decisión se parece a proclamar: “a mí nadie me manda”, no tengo obligación de dar explicaciones a nadie, decido si la República puede o no continuar con sus gobernantes actuales… Augusto Roa Bastos el notable escritor en su novela “Yo el Supremo” connota éstas afirmaciones, puesto que acá parece que nos gobierna la Sala Constitucional por acciones “negativas hacia un partido” y en contraparte benefician a otro instituto político, en otras palabras desarrolla una agenda de conveniencias, algunas son interpretaciones de la Constitución “no escritas” pero adecuadas a sus intereses.

La saga de las decisiones afecta la gobernabilidad, el tiempo para un determinado fallo es un verdadero misterio, mientras algunos casos son cuestión de días en otros como los $900 millones para el Estado tienen más de un año de retraso.

En muchas circunstancias pienso que vivimos gobernados por fallos constitucionales y no por los ciudadanos electos democráticamente, sus pronunciamientos son claramente conceptos políticos, la calificación de un ciudadano sobre su pertenencia a un partido político es suficiente para eliminarle la calidad de funcionario público, ¿Por qué ellos no hablan de su pasado? ¿Son químicamente puros? ¿Les interesa la gobernabilidad o declararán inconstitucional en algún momento al gobierno legítimo de la República?.

Es muy preocupante nuestra interpretación jurídica nacional, puesto que el ciudadano común vive una cotidiana percepción de intemperie y abandono de sus derechos humanos, veamos algunos ejemplos: la investigación de enriquecimiento ilícito es desigual, mientras algunos exfuncionarios son protegidos otros son perseguidos; la justicia defiende a los delincuentes, son asesinados los testigos criteriados, se falla a favor de los terroristas y los jueces nunca son juzgados por sus arbitrariedades ¿por qué a reos terroristas se les conceden derechos ciudadanos?...vivimos una especie de gobierno de jueces constitucionales con decretos políticos; así como vamos quizás un día por decreto constitucional prolongarán su mandato indefinidamente, por una decisión suprema no constitucional. El resultado de este ejercicio genera un profundo sentimiento popular de frustración, una especie de rebelión silenciosa, un estado de humillación colectiva que induce a la pérdida de los valores jurídicos tradicionales: comunidad, vida, familia, propiedad, nación, República etc. sus acciones degradan nuestra moral y en general disminuyen la voluntad de luchar por los intereses populares, puesto que sus mejores funcionarios son declarados inconstitucionales, así como muchas acciones legítimas para la gobernabilidad.

Todos deseamos a la nación próspera con valores, un pueblo unido y un destino propio por su trabajo, donde las instituciones funcionen a favor de la mayoría por la vigencia de la democracia, que la verdad acompañe a los jueces y la interpretación Constitución no se menciona ninguna ideología, pero las interpretaciones de la Sala Constitucional parece que tienen dedicatoria política contra la gobernabilidad.

www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Ahora se encuentran en la Alcaldía de Zacatecoluca indicadores de ilícitos en los trabajadores de ese gobierno municipal, así lo señala la Fiscalía General de la República, dentro de sus procedimientos normales con sus atribuciones institucionales, con hallazgos de irregularidades en varios niveles: orden de captura contra trece personas entre ellas cinco miembros del Cuerpo de Agentes Municipales de dicha localidad, delitos para favorecer organizaciones terroristas etc., posterior a una investigación se vincula a los detenidos con pandilleros de la 18 revolucionarios. Según la FGR las órdenes de captura se deben a ilícitos con apoyo a estructuras ilegales por la entrega de: uniformes, munición, transporte y hasta plazas del CAM… nota 21JUN016 H 14:38; ahora la filiación política pertenece al FMLN, hace unas semanas era del partido ARENA, mañana podría ser un tercero, pero el fenómeno en estas circunstancia parece ser el mismo y el desafío para la FGR es demostrar todas las irregularidades cometidas.

La lectura serena de estos acontecimientos es simple, la penetración de estructuras criminales en el orden institucional indica la vulneración de todo nuestro sistema legal, deja al descubierto un complejo sistema invasivo similar a un cáncer que destruye el marco de las relaciones jurídicas nacionales, puesto que la legalidad en sus múltiples expresiones deja de ser creíble y confiable: desde las actas de nacimiento, los matrimonios, defunciones, propiedades, terrenos municipales etc. se incrementa la desconfianza política que avanza como sombra sobre la ciudadanía, es una siembra intelectual de temor contra el personal y ediles de algunas municipalidades.

Si las acusaciones son exactas, la justicia debe cumplirse, la Ley no debe permitir ninguna excepción.

En otros artículos en los cuales el partido ARENA ha sido mencionado, la ciudadanía ha solicitado el pronunciamiento de sus miembros e institución sobre tal o cual caso, éste procedimiento les permitiría no figurar como cómplices del ilícito, ahora es un deber del FMLN o sus miembros pronunciarse sobre tan emblemático caso (21JUN016).

La justicia debe cumplirse, en circunstancias como la mencionada la ley es el fiel de la balanza, caso por caso y persona por persona.

En estas circunstancias “y las que faltan”, debemos preguntarnos: sí (éstas concesiones al crimen organizado) son una práctica individual o un mandato partidario, es una desviación personal, es una licencia de co-gobernación o la permisividad para la operación de estructuras ilegales dentro del marco jurídico nacional, etc., lo cual nos conducirá inevitablemente a la destrucción del tejido social nacional, de ser así ya no distinguiremos lo ilegal de lo legal, nada será creíble bajo estos esquemas de penetración en los gobiernos municipales.

En México por ejemplo, los incidentes de la matanza en Ayotzinapa señalan que los estudiantes fueron confundidos con estructuras rivales del gobierno municipal de esa región, lo cual derivó en su posterior asesinato, nosotros no estaríamos entonces lejos de estas acciones confundiendo a ciudadanos con potenciales rivales de una pandilla u otra, si desde la gobernación municipal se apoya a una u otra estructura criminal, el resultado será un desastre social, una pérdida de la gobernabilidad, territorios, sistema de la propiedad privada y en general el principio del fin del municipalismo con todas sus implicaciones.

www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Escuchando a los exponentes defensores del sistema privado de pensiones, con sus afirmaciones extremistas sobre la quiebra inminente del Estado, su incumplimiento de pago, la degradación del sistema de IPSFA etc. y sobre sus soluciones celestiales para éste problema, la pregunta que surge es: ¿Cómo se originó esta condición económica? ¿Cuál fue la causa de su implementación? ¿Acaso no se previó la actual realidad del sistema de pensiones?... en realidad vivimos una planificación del desastre del sistema de pensiones, así fue diseñado por las fuerzas que ahora proclaman soluciones extremas; todo este esquema fue elaborado, diseñado e implementado durante los gobiernos de la derecha allá por 1998, su objetivo final no era el beneficio de los trabajadores sino los capitales de inversión y riesgo, los cuales son Sociedades Anónimas de Capital Variable o Inversionistas multinacionales que se reparten los beneficios de los capitales de los trabajadores, con dividendos a discreción de sus juntas directivas. Las actuales leyes del sistema fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, en ese caso considerando a sus arquitectos legales, los cuales son coautores de la realidad que vivimos, deben en todo caso ser parte de la solución y no excluirse con discursos políticos.

El problema de fondo es una solución política, una solución nacional no partidaria.

Si la asociación entre sistema de pensiones y sistema fiscal es un componente, también debemos recordar que la dolarización es un producto planificado y estructurado por gobiernos de derecha, de tal forma que el pasado nos atrapa en el presente con problemas que golpean a todos sin excepciones.

Al escuchar a los profetas de las catástrofes se autoexcluyen del problema, con un discurso exculpatorio en todo sentido, debemos recordar que en su momento la reforma de pensiones no incluyó a todos los trabajadores ¿por qué?... los excluidos del modelo de sistema de pensiones privadas son ahora los que tienen problemas, ¿qué pueden hacer ellos por cambiar esa realidad?.

Existe en todo caso acciones perversas en nuestro sistema privado de empleo, que implica a las pensiones y al sistema fiscal, por ejemplo: contratar personas por “servicios profesionales”, bajo ese sistema se niega a los trabajadores: “Pensión, ISSS, Antigüedad, Ascenso, beneficios de bonos etc.” y muchas personas aceptan ese modelo por la precariedad económica, de igual forma acontece con otro esquema denominado: “interinatos”, “trabajos por temporadas” etc. una serie de artificios no regulados pero tolerados por muchos, pero esencialmente son promovidos por el Sector Privado, el resultado es simple, evadir impuestos, no financiar al Estado, eliminar derechos de los trabajadores como licencias de maternidad, accidentes de trabajo, incapacidades laborales etc. ¿Nuestra constitución permite eso? ¿Existen diferencia sobre el artículo 1 Constitucional: Inc 2.. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social?. De tal forma el artículo 2 Constitucional: Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad del trabajo…. Etc. Al final, el trabajo otorga el derecho, de tal forma la división artificial entre el sistema estatal o privado de pensiones es virtual, debe resolverse como nación, en función social que solo beneficiará a las futuras generaciones. Una solución política es posible.

www.cesarramirezcaralva.com