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  • Solidaridad con la PNC y Ejército

    Solidaridad con la PNC y Ejército

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    Las estructuras criminales que actúan en nuestra nación no pertenecen a las normas jurídicas de la guerra civil, sino a organizaciones delictivas fuera del marco constitucional de la sociedad democrática; toda la lectura de este fenómeno debe enfocarse hacia su rehabilitación o exclusión de la comunidad jurídica.

    La Constitución de la República es clara en su artículo 74. Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causas siguientes: 1 Auto de prisión formal; 2 Enajenación mental; 3 Interdicción judicial; 4 Negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular; en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado. Y en el artículo 75. Pierden los derechos ciudadanos: 1 Los de conducta notoriamente viciada; 2 Los condenados por delito; 3 Los que compren o vendan votos en las elecciones; 4 Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin; 6 Los funcionarios, las autoridades y los agentes de estas que coarten la libertad del sufragio. En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperarán por rehabilitación expresa declarada por autoridad competente.

    El marco constitucional posee límites dentro de la sociedad democrática, la cual después de la guerra civil enfrenta estructuras organizadas que se mimetizan dentro de la legalidad vigente, cometen felonías y actos que violan los derechos de los ciudadanos dentro de la constitución, por ejemplo: usurpar espacios municipales ahogando a los comercios legales, coaccionar a empresas al pago de rentas, divulgar rumores terroristas, comerciar productos de dudosa procedencia, distribuir drogas, cometer asesinatos contra mujeres, ancianos, niños, etc., fuera de todo marco de derechos humanos y que usualmente esa arbitrariedad es un acto terrorista.

    Cuando acontecen los eventos trágicos del 15 de marzo de 2017 con seis asesinatos en el Mercado Central y nueve pandilleros más, mueren la madrugada del día 16 de marzo, con la característica que todos pertenecen a organizaciones ilegales, se hace visible la estructura armada que oprime a los sectores comerciales de esa zona, al igual la impunidad cuando ejecutaron a mujeres y niñas, e incluso una con cinco meses de gestación…

    Me parece que esta realidad es un combate entre la institucionalidad de la República y las organizaciones irregulares armadas, con el grave riesgo que estas acciones puedan ser manipuladas por objetivos políticos… la peligrosa asociación entre políticos con estructuras criminales puede enfilarse al asesinato de los miembros adversarios de la clase política.

    Nuestra sociedad ha rebasado el nivel de polarización, el nuevo fenómeno es el hecho que algunos miembros de la clase política poseen nexos con el crimen organizado, por ejemplo en el momento electoral: reuniones con capos, oferta de cargos en ministerios públicos, prebendas carcelarias, concesiones de territorios virtuales, promociones de acciones requisando DUI, etc., ¿ha sido un accidente el evento de los crímenes en el Mercado Central?

    La ciudadanía trabajadora aplaude el despliegue de la policía, ejército y miembros de seguridad en esa zona, son los policías y los soldados la primera línea de defensa del pueblo trabajador.

     

     

  • Nuevas leyes y más facultades al ejército

     

     



    Caralvá
    Los recientes informes de masacres en: Guatemala, México, El Salvador y Honduras nos dejan la incertidumbre de un complejo de situaciones que por momentos parecen estar fuera de control de las fuerzas institucionales.
    Las poblaciones económicamente activas en su desesperada búsqueda de la realización económica generacional, no detienen su flujo hacia Estados Unidos, al igual que el tráfico de drogas que se realiza de Sur a Norte, pero ahora existe una fuerza extraña que parece llegar de Norte a Sur, estas son poderosas bandas armadas que corrompen los débiles lazos de legalidad-justicia-gobernación y se apoderan de corredores estratégicos para sus acciones delictivas; es notable el aumento de homicidios en áreas rurales y puntos fronterizos, parece que estas bandas organizadas tienen prioridades en puntos específicos de mar y tierra, puesto que en esos sitios acontecen hallazgos de drogas , armas y tráfico de personas en volúmenes sorprendentes.
    Recientes noticias del involucramiento de personalidades en ilícitos de estupefacientes con nexos policiales y judiciales, nos recuerdan el esquema que han vivido ciudades de Colombia y México, con resultados dramáticos por las delicadas soluciones posibles, además del largo proceso de pacificación y violentos eventos donde no existen ganadores visibles. ¿Asistimos a un nuevo modelo social colmado de dinero sucio? Podríamos afirmar que vivimos ¿el narco-capitalismo? A lo mejor estas afirmaciones son exageradas y sin fundamento, pero no debemos engañarnos, la necesidad de una entidad regional con poderes supranacionales y capacidad de ayuda a gobiernos locales es urgente, porque nuestras instituciones no fueron diseñadas para una guerra especial del tipo que observamos a diario. No existe capacidad de respuesta - por el momento- al dinero sucio, ni a sus armas.
    Por esa razón en las calles de la ciudad se incrementa el comercio ilegal, el tráfico de estupefacientes, crímenes contra estudiantes, etc. Perdemos esta guerra. Necesitamos nuevas leyes, más facultades al ejército, restricciones legales a notorios delincuentes y la renovación de instituciones inoperantes. Cooperación internacional o formación de un nuevo gobierno trans-regional es mejor que lamentarnos a futuro.
    Nuevas leyes y facultades para la defensa de la democracia son ahora nuestro desafío, el dolor de tantas familias afectadas clama por la justicia.
    www.cesarramirezcaralva.com