César Ramírez

@caralvasalvador

Las discusiones sobre el Gasto Público indican la asignación de recursos financieros para el logro de objetivos sociales y están asociados a  los avances económicos. Diversas tesis políticas se discuten cada año por la aprobación de este proyecto, como podemos observar la mayoría de partidos políticos aprobó las partidas para el año 2015. Un presupuesto es una visión de futuro nacional, nos orienta sobre las próximas ejecuciones de infraestructura, educación, salud, seguridad, fiscalía, etc., en esencia es un mensaje a los diversos actores nacionales. No obstante “los profetas del infortunio” votaron en contra de la aprobación de este proyecto y además claman que ese presupuesto “está desfinanciado y el próximo año habrán más deudas e impuestos”; es muy sintomático que éstos profetas son los mismos que no quieren pagar impuestos, ni apoyar empréstitos, ni siquiera promover una visión de unidad nacional para asegurar la seguridad pública, educación, salud y se mofan de los esfuerzos por salir delante de las grandes poblaciones.

En el fondo defienden a toda costa el retorno a “su estado oligárquico”, por ello proclaman: “vamos a recuperar a El Salvador”, para retornar a los antiguos privilegios del pasado, donde se perdonaban las deudas, cometían peculado, tenían “información privilegiada” en licitaciones públicas etc.  El presupuesto general del gobierno es un mensaje a los diferentes sectores nacionales sobre sus prioridades y objetivos estratégicos para elevar el bienestar nacional y la deuda social que nos corresponde.  Como es conocida la deuda financiera nacional es una herencia negativa de muchos gobiernos anteriores como los del expresidente Flores o la administración Saca, al igual que el impuesto al Valor Agregado (IVA) inaugurado y promocionado por la administración de Francisco Flores., etc., el impuesto del IVA por declaraciones del titular del Ministerio de Hacienda no se elevará, entonces: ¿quién promueve estos infundios?, ¿acaso no es un discurso político trasnochado y la carta del miedo del pasado antes de cada elección?. Un presupuesto nacional significa la magnitud y distribución del gasto por las políticas en beneficio de los grandes sectores populares, a los cuales se les retorna en: uniformes escolares, un tiempo de comida, educación básica, fertilizantes etc. Todos temas referentes de antiguos despojos a los sectores más desprotegidos, incluso tildados de medidas populistas y demagógicas, cuando es la mínima condición básica para los niños y niñas que durante muchos años acudieron a las escuelas descalzos y sin alimentos; mientras en tiempos de los gobiernos conservadores, los fertilizantes donados por naciones amigas, sirvieron para enriquecer a las mismas familias oligárquicas que ahora combaten las prestaciones sociales recién iniciadas por los gobiernos del cambio.

Como toda nación, el presupuesto nacional es una realidad que pretende consolidar la disciplina fiscal, avanzar hacia el crecimiento, procurar la estabilidad de precios, controlar la erogación de fondos públicos, incrementar la infraestructura social y económica, priorizando el gasto social para promover a los sectores más afectados por el neoliberalismo. Al elevar la productividad la nación ingresa a competir con el área centroamericana, es una invitación a sumar esfuerzos con los sectores privados, quienes están llamados a integrarse en la inversión con la creación de nuevas fuentes de trabajo, en una palabra a construir Patria. www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

Con el riesgo que la propuesta se confunda con palabras ridículas y fuera de lugar, me atrevo a impulsarla. Todo el mundo habla de soluciones violentas, similar a los tiempos de guerra, donde pocos se atrevieron a llevar adelante acciones concretas por la paz, puesto que el sentido militar victorioso, junto al clamor de las armas eran la moneda de cambio; existía un ánimo tan fuerte que confiar en el exterminio del oponente cobró la vida de miles de inocentes en el territorio nacional. Ahora parece que la historia se repite pero con nuevos actores, así como en el siglo pasado la violencia  pudo contenerse con democracia, ¿qué significado tiene ahora?, si en el pasado la ausencia de transparencia electoral, movilidad social, concentración de la economía tenía un fuerte carácter: oligárquico, militar y eclesiástico, que provocaba todo tipo de exclusiones conocidas y vergonzosas, llegando a extremos que horrorizaron al mundo, por una concepción anticomunista que justificaba todo, la guerra demostró con la realidad veinte años después, que la solución era construir un modelo democrático y participativo, ¿valió entonces la pena tanto sufrimiento para el pueblo?. Ahora en un gobierno de izquierda, la violencia no puede ser la misma medicina que provocó tantas muertes.

En este mundo los hombres se enfrentan a hombres con  ideas  o con las armas, los resultados son conocidos.  Ahora existe la violencia generada por los fenómenos del narcotráfico, el crimen organizado, las organizaciones denominadas maras, las cuales sin argumentos políticos y negando cualquier condición de derechos humanos exhiben su violencia indiscriminada contra civiles indefensos, es una realidad extrema contra la sociedad. El argumento democrático como en tiempos de la guerra, no parece aceptable para los poderosos señores del dinero, acá se clama la violencia como solución final, es una lástima, aunque parece que no estamos lejos de esta propuesta, en la misma proporción que continúe la muerte de ciudadanos inocentes. El canto de la violencia es más fuerte que el de la paz.

Nuestro modelo democrático apenas tiene dos décadas de vida, pero sumar tiempo no es sumar soluciones a la violencia que la nación ha sufrido por los antiguos modelos oligárquicos; la pobreza es la peor de las manifestaciones excluyentes, pero debemos ser categóricos, la pobreza no es sinónimo de delincuencia, de tal manera que la delincuencia organizada es una opción para el mal, para el crimen y el delito. La historia nacional demuestra que las soluciones democráticas no serán escuchadas hasta el momento que la sangre que ahora corre por los barrios pobres, llegue a la clase política y toque a sus puertas, esa espiral de violencia no terminará con palabras, sino con acciones de fuerza contra fuerza, desafortunadamente así será.  Para ahorrar tiempo y vidas de inocentes, llamar a la no violencia se convierte en una bandera de esperanza,  la no violencia es detener: las extorciones, asesinatos, el sicariato, el contrabando, etc., bajo el cumplimiento de las leyes humanas.  Se trata de renunciar a un estilo de vida, se trata de renunciar a la lujuria del poder, la avaricia, el odio… quizás eso es tan difícil como encontrar petróleo en Chalatenango, pero es peor la inacción. En todo caso la solución democrática por medio de la justicia,  siempre será mejor que la espada de damocles sobre la cabeza de la clase política. www.cesarramirezcaralva.

César Ramírez

@caralvasalvador

La seguridad nacional toca a nuestra puerta, la delincuencia es más fuerte en nuestros tiempos que en cualquier otro momento de la historia, ¿pero es correcto denominarla delincuencia? ¿O es un título que se queda corto ante la realidad?. Éste fenómeno de las pandillas hace tiempo que dejó de ser delincuencia, las maras son organizaciones para delinquir, para cometer ilícitos, para destruir al modelo nacional, son en una palabra “antisistema” y peor aún realizan actos terroristas. Definimos terrorismo así: “acciones de violencia indiscriminada y desesperada contra objetivos civiles,  actos irracionales que no respetan ningún protocolo legal con ventaja decisiva, acciones contra ciudadanos indefensos ejecutados por organismos ilegales armados contra miembros de instituciones, religiosas, políticas o apolíticas inscritas en un sistema legal”. La recurrencia de este fenómeno es la peor herencia negativa de las últimas décadas, cada gobierno hace declaraciones solemnes y luego los ciudadanos entierran a sus difuntos, es predecible el destino en los próximos días, si no encontramos una solución justa.  El postulado de Nigel Cantwell eminente criminalista, sigue vigente: “una política de justicia juvenil no es una política si no incluye la prevención” 1997. Debemos agregar a ello una justicia para jóvenes y delincuencia organizada. El paradigma parece ser: “Defensa ciudadana y reformas constitucionales”, pero la variante “no escrita” es el factor político, interpretado como votos para la siguiente elección. La clase política juega con la vidas de ciudadanos apostando al discurso: “nosotros podemos solucionarlo, ellos no”. No debemos pensar en intereses políticos, el problema está ahí en los barrios, calles, escuelas, no en la cabeza de algunos dirigentes electoreros… urge una solución posible. Es un momento difícil, debemos proteger a nuestras instituciones, debemos encontrar respuestas ciudadanas justas, abordar el fenómeno sin caer en el abismo de la violencia: legal e ilegal, con un escenario predecible. Al afirmar que necesitamos un diálogo ciudadano implicamos a las empresas privadas, a las transnacionales, a las naciones amigas, puesto que evidentemente no tenemos recursos para eliminar este flagelo de un día para otro. Las empresas de telefonía cuando no cumplen con el bloqueo a sus antenas en las cárceles, propician delitos atroces, esta condición ha sido denunciada por entidades civiles, así como por instituciones estatales, ¿qué esperan?... quizás el cierre anual de dinero sucio por tanta extorción que facilita muertes por llamadas telefónicas. La ausencia de financiamiento al Estado al no aprobar préstamos internacionales contra la delincuencia profundiza esta irregularidad. Parece que algunos empresarios son nación en la misma medida que tienen ganancias de capital, nada más. Con objetivos claros y concretos, el problema no es de una administración gubernamental, ni un Partido Político, es la vida de la nación que está en juego, de tal forma que aplicar todo el peso de la Ley a los Antisistemas significa elevar el grado de responsabilidad en la clase política en todas las acciones orgánicas: “reforma constitucional en defensa y protección de las instituciones”, al mismo tiempo desarrollar proyectos de largo alcance con los sujetos que deseen rehabilitarse. Este debe ser el diálogo ciudadano, con soluciones posibles.

www.cesarramirezcaralva.com

César Ramírez

@caralvasalvador

La asamblea legislativa, el presidencialismo y  la sala constitucional, riñen día con día en la gobernabilidad de la nación, ya no es una condición bipolar entre presidencialismo y asamblea legislativa, donde la dinámica conductora nacional se resuelve por el diálogo entre las fuerzas representativas del pueblo, sino un tercer factor que interpreta la Constitución en las acciones políticas del Poder Ejecutivo y el Parlamento, ésta es: La Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Parece una simple cuestión administrativa, excepto que el destino de la nación no es pronosticable. Parece que no vamos hacia una democracia representativa sino hacia una tiranía de la Sala Constitucional. Así entre interpretaciones la conducción de la nación tiene tres poderes: Asamblea Legislativa, el Gobierno y la Sala Constitucional.

La trilogía es una realidad inédita en nuestra nación, puesto que solo en los gobiernos de izquierda en estos dos últimos períodos, puede destacarse el protagonismo de una entidad excedida en sus fallos y lecturas constitucionales; la cantidad de dictámenes sobre materias  de inconstitucionalidad se ejecutan en algunos casos en forma tardía y extraña, mientras en otras ocasiones parecen relámpagos instantáneos. Existen casos emblemáticos como el de Beatriz, una mujer conducida al borde de la muerte por un producto inviable para la vida, pero instrumentalizado por diversas interpretaciones políticas conservadoras, cuando en otras naciones la vida de la madre no se expone a semejantes fronteras letales.

El transfuguismo es otro caso emblemático, no obstante la misma constitución refiere: Art. 125 “Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”. De tal manera que su condición partidaria termina al iniciar sus funciones y convertirse en legisladores de la nación, así sería el espíritu del artículo 125.  En la lectura del artículo citado las interpretaciones constitucionales no tiene bandera, ni condición ideológica, tampoco posicionamiento conservador o liberal, puesto que la Carta Magna no tiene Partido Político ni ideología, no obstante el fallo tiene un mandato de cumplimiento inmediato. Otras interpretaciones son: La candidatura de Elías Antonio Saca a la presidencia de la República, en este caso el fallo fue posterior al evento electoral, a pesar de la claridad constitucional, esas elecciones podrían ser materia de estudio puesto que un candidato con reparos constitucionales, afectó a todo el proceso legal de otros partidos políticos; El fallo contra FONAT, elecciones de magistrados 2006-2012, el nombramiento de civiles en PNC y Seguridad, la incorporación del ex presidente Funes al Parlamento Centroamericano, etc… son conceptos preocupantes, puesto que un día las iniciativas gubernamentales o las leyes de la Asamblea que impliquen condiciones estratégicas como: Seguridad, Defensa, Economía, Reformas Constitucionales, Empréstitos Internacionales, etc., podrían interpretarse como fuera de la Constitución, es una contradicción puesto que entonces la atribución constitucional de legislar está sujeta a terceras interpretaciones.

Tenemos tres gobiernos: Legislativo, Ejecutivo y Sala Constitucional, éste triunvirato a pesar de no estar escrito, también interpreta “ahora” nuestra vida republicana.

www.cesarramirezcaralva.com