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  • ¿Ciudadanos apolíticos en el TSE?

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    Existe una propuesta ciudadana para crear el Instituto Electoral, destacando el siguiente planteamiento: “los miembros de ambas instancia deberán ser salvadoreños de nacimiento, mayores de 40 años y no tener filiación partidaria, entre otros requisitos”… me parece que éste último es el leitmotiv, una condición que yace en repertorio de la misma sinfonía que vivimos desde los acuerdos de paz. La filiación partidaria… es la línea de pensamiento que apunta a la opción ideológica de los candidatos, y estos ciudadanos solicitan una reforma constitucional sobre los art. 208 y 209,  no obstante para llegar a ellos se deben reformar los art. 2,3,4,5,6, y principalmente el art.7 cn. “Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho de no pertenecer a una asociación”…. De tal forma que la solicitud parece muy extraviada, puesto que toda persona tiene derecho a una filiación partidaria. No obstante si la Sala Constitucional califica una calidad partidaria a un ciudadano no hay defensa posible, extraña norma no escrita.

    Es mi opinión que la acción antes enunciada tiene por objetivo otro elemento tácito, éste es que las personas no posean una ideología “extraña”, una opción política por ejemplo: “antioligárquica”, etc. que éstas personas sean “políticamente puras”… es decir leales al dogma libertario de la democracia excluyente y del capitalismo salvaje del Siglo XX. Para ellos el Tribunal Supremo Electoral deberá estar dominado por elementos conservadores, puesto que cualquier otro es sospechoso de ser comunista, éste factor simplemente se denomina: “desconfianza política”… La desconfianza política genera odio, violencia, expresiones inaceptables en el orden de los derechos humanos, es una condición de parálisis multifuncional, ese criterio nos ha acompañado desde el Siglo XX, es una extraña visión maniquea capitalista (los elegidos –líderes- y los oyentes –servidores-), la desconfianza política pretende denigrar a una persona o causar su muerte civil. Un día deberíamos de escribir un balance sobre todas las “muertes civiles” a causa de infundios divulgados por los medios de comunicación… no son pocos.

    La desconfianza política puede superarse, evidentemente el marco teórico de los Acuerdos de Paz enuncia una nueva sociedad, bajo el objetivo de construir líneas fusionadas entre los actores políticos, acciones que deberían conducirnos a la cooperación y superación de los horizontes del pasado represivo y oligárquico, ese trabajo conjunto al final generaría la confianza de elevar nuestra sociedad hacia la democracia y no enfilarla al pasado que nos condujo a una guerra civil.

    La generación de confianza en todo caso se iniciará por la tolerancia política, realidad que aún parece un sueño, la confianza política es sinónimo de concebir la opinión política en término horizontales unas con otras, lado a lado, no superiores a ninguna, sino con mucho respeto incluso de las minorías. A nadie se le puede negar el derecho constitucional de asociación y optar por cargos públicos, así como la defensa de los Acuerdos de Paz con su singular opción política.

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  • Debilitar la gobernabilidad por cualquier medio

     

    César Ramírez

    @Caralvasalvador

    El amparo constitucional de los candidatos a diputados encendió una discusión inédita en la nación: el recuento de votos ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia versus la decisión del TSE al declarar firmes los resultados de  las elecciones a diputados y alcaldes; un organismo colegiados firma y publica los nombres de los designados a cargos públicos, pero horas después su nominación es calificada de “provisional”. La constante de estos fallos constitucionales, son coincidentes con un clima de negación de inversiones del Sector de la Iniciativa Privada, las fuerzas conservadoras niegan empréstitos incluso para la seguridad nacional, mientras fundaciones y gremios aliados  predican a sol y sombra que el Estado no funciona, en otra vertiente los poderosos medios de comunicación siembran la imagen negativa contra funcionarios públicos día tras día divulgando insinuaciones de corrupción e ineficiencia; estas líneas de comunicación negativa apuntan a la destrucción de las instituciones democráticas. El panorama configura el asalto al poder por medios legales o ilegales, no son situaciones aisladas, son una constante de “desinformación” articuladas durante años, estas acciones se construyen por medio de noticias, eventos, foros, opiniones, rumores, etc., para aislar a los gobernantes y propiciar un golpe técnico constitucional e instaurar un retorno del poder oligárquico en el poder ejecutivo, pero olvidan que los gobernantes han sido electos por el pueblo en elecciones libres.

    Existe un factor de punta de lanza en esta conspiración perversa, el tema de la seguridad nacional junto a elementos del antiguo ejército, mantienen una plataforma desestabilizadora de largo plazo; en este vértice los grupos del crimen organizado parecen unirse contra la democracia al coincidir en el tema de debilitar a las instituciones del Estado, cometiendo actos terroristas contra civiles, policías o soldados desarmados, jueces, profesionales, escolares etc., actos que en lugar de conducirnos a la unidad nacional, son utilizados por los grupos conservadores para agredir el orden constitucional y lanzar improperios contra los funcionarios públicos. Se trata de restar toda la base de apoyo popular al gobierno democrático aunque no estemos en campaña política, se pretende constituir un poder paralelo al Estado por medio de estructuras de facto constitucional en  niveles que la Carta Magna no refiere por ejemplo: impedir que los militares retirados ocupen cargos públicos, legislar la militancia de abogados e impedir su incorporación a cargos de primer nivel, impedir procedimientos jurídicos para juzgar a sus miembros por faltas a la ética, fallar tardíamente en el caso electoral de un candidato con impedimento constitucional, impulsar el voto cruzado a pocas semanas del evento electoral, propiciar un recuento de votos que crea incertidumbre en el sistema democrático y siembra un precedente constitucional sobre el TSE como máxima autoridad electoral, etc. Este mapa desestabilizador tiene por objetivo estratégico provocar un golpe técnico desde la Asamblea Legislativa bajo cualquier excusa, sea por la seguridad nacional o una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y paralizar al Poder Ejecutivo, etc… Me parece que defender el modelo democrático comienza con la denuncia de esta conspiración oligárquica y llamar a la opinión pública para que se pronuncie contra éstos mecanismos perversos en nuestra nación.

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  • Trino y uno... Dios Juvenil, Llegué a Madrid desde Lisboa, José Bustamante y Guerra

    José Bustamante y Guerra. Al concluir mi mandato en 1804 ordenáronme dirigir una flota de cuatro embarcaciones con destino a España, con un cargamento de cuatro millones de pesos, auellas eran unas 500,000 monedas acuñadas en Perú y unos 17,000 kilos de oro y plata. 

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  • Amparo constitucional y perspectivas en recuento de votos

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    César Ramírez

     

    @caralvasalvador

     

    La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admitió un amparo de cuatro candidatos a diputados para la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador, ellos pertenecen a los partidos políticos: PCN, PDC, GANA y CD.

     

    El amparo en esencia cuestiona la decisión del TSE al declarar firmes los resultados electorales y la publicación de los mismos en los medios de comunicación, al igual que la entrega de credenciales el día 14ABR015, acción sin precedente en la historia electoral desde los Acuerdos de Paz en 1992.  

     

    La resolución ordena que este recuento en el departamento de San Salvador debe ejecutarse “a más tardar” el 21ABR015, condición improrrogable que inyecta presión a cualquier equipo del TSE, puesto que aún está por resolverse ¿qué tipo de recuento implica: actas, contabilidad de votos cruzados o por banderas etc.? ¿el método: el procedimiento de abrir todas las cajas o solo algunas?.

     

    Ahora resulta que las elecciones no han finalizado, que nada está escrito en forma definitiva y todo lo publicado tiene una sombra de duda, esta situación casi es una tragicomedia, con el extremo insospechado que los resultados podrían variar la aritmética conocida con un aparente equilibrio de fuerzas conservadoras y liberales. Posiblemente la cantidad por los nuevos datos altere los cocientes y residuos de los candidatos, en este caso cuatro, pero algunos estudiosos afirman que pueden ser más.

     

    El extremo de esta situación plantearía una nueva elección, mientras una condición más moderada solo mínimas variables, como sea el recuento de sufragios tiene por condición lo siguiente: “público, transparente y supervisado por el Fiscal General de la República en atribución prevista en el artículo 193 ordinal 1° de la Constitución”. Si la justicia se evaluara por el oportuno tiempo de administración de cada caso,  éste sería un clásico extemporáneo; pero existe otro más tardío como la Saga Inconstitucional del Candidato a Presidente del ciudadano Elías Antonio Saca, recordemos que el fallo sucedió después del proceso electoral, cuando las demandas se hicieron públicas casi un año antes, un procedimiento oportuno habría evitado mucho gasto público y el ruido político que desorientó a muchos votantes;  mientras el caso de los diputados electos del uno de marzo,  parece que el resultado es el mismo: incertidumbre, imagen negativa, pobreza democrática, etc. quizás es el momento de aceptar que el voto cruzado, excede la capacidad real de nuestro sistema electoral.  A pesar de todo para algunos es un mensaje de esperanza, lo cual es significativo puesto que si 158 actas no fueron contabilizadas, ello implica un plan siniestro para alterar los resultados y eliminar a un Partido Político y su candidato… al final: en democracia un amparo constitucional tiene la última palabra.

     

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  • Violencia y un milagro sin armas

     

    César Ramírez

    @caralvasalvador

    Después de las elecciones de diputados y alcaldes,  la legítima aspiración de la ciudadanía es la Paz Social para contener la violencia de los grupos organizados en bandas criminales y terroristas. Testigos somos de la buena voluntad de las autoridades al convocar una marcha para transformar la realidad nacional, además el despliegue por la policía comunitaria, los decretos: antiterroristas, antiextorsiones, extinción de bienes, iniciativas de reinserción de estos sujetos, propuestas de diversos sectores religiosos para convertir su alma hacia el buen camino, iniciativas para contener la violencia con otorgamiento de beneficios penitenciarios, etc. pero nada parece funcionar para detener el río de sangre sobre inocentes y elementos de la policía nacional civil. La situación implica el sistema jurídico, los jueces, fiscales, modelos penitenciarios además el complejo social para mantener a cientos de reos condenados y los centros preventivos para menores de edad, etc., éstos viven una crisis prolongada por el incremento de infractores de la ley.

    El asesinato de 19 miembros de la Policía Nacional Civil son actos terroristas, son acciones que envían el mensaje equivocado a la nación, si el pasado 26 de marzo se efectuó una marcha por la paz con un aproximado de 700,000 ciudadanos pronunciándose por una salida honrosa a esta situación, el asesinato de policías desarmados y en licencia de trabajo nos anuncia que éstas personas antisistema no tienen ningún propósito de cambiar su modelo de vida. Parece el agotamiento de la seguridad nacional, parece que ya no existen propuestas políticas y todo fracasa en este momento histórico; la saga de iniciativas sociales ciudadanas, religiosas, humanitarias, internacionales etc., no llegan a nadie ni a nada y día con día  se agrede a la institucionalidad. En este panorama deprimente: ¿por qué no reformamos la constitución? si el sistema jurídico no funciona. ¿Por qué no abolimos las leyes que favorecen a los delincuentes?.  Si la defensa civil no rinde frutos ¿por qué no se avanza hacia los modelos superiores?;  al final si se intenta destruir la institucionalidad ¿por qué no se autoriza la legítima defensa, cambiando los conceptos fundamentales de derechos de los ciudadanos en general y se niegan los derecho a los agresores del sistema democrático?. El problema tiene solución, siempre y cuando prevalezca el orden constitucional como lo demuestra la historia nacional e internacional. No obstante si  agotados los modelos jurídicos, las propuestas pacíficas, o los estados de excepción etc., y  no pasa nada, entonces debemos esperar  la fiesta de la sangre en nuestros barrios.  Siempre es posible una solución política antes que una solución armada, pero el asesinato de policías envía el mensaje desafiante para medir fuerza con las instituciones legales, ya hemos vivido este panorama en otros tiempos, pero ahora se trata de la defensa del sistema político contra el crimen organizado y el narcotráfico, otras naciones nos preceden en esta acción como México y Colombia, me parece que la orgía de sangre es inevitable por el agotamiento de las propuestas pacíficas…

    El asesinato de policías e inocentes ciudadanos, nos conduce al abismo de la irracionalidad, creo tenemos muy poca esperanza y no existen soluciones… excepto un milagro sin armas.

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