César Ramírez

@caralvasalvador

La campaña electoral inicia su incierto camino hacia febrero 2019, mientras tanto existen deudas legislativas que acompañan nuestro presente ciudadano, uno de ellos la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y probablemente la aprobación del presupuesto nacional 2019, que considerando los anteriores ejercicios se examinará por criterios de ventajas electorales y no de racionalidad nacional.

Si el presupuesto no se aprueba en esta administración o se retrasa por especulación partidaria, el Estado funcionará con las asignaciones del año 2018, sin modificación alguna.

Es la Asamblea Legislativa a quien corresponde decretar impuestos (art. 131, 6°), decretar presupuesto (art. 131, 7°), aprobar presupuesto (art. 131, 10°)… si el presupuesto es aprobado prontamente, no existirá preocupación por los salarios públicos, el escalafón, ni la deuda externa o los futuro procesos de licitación, de no acontecer o sucede después de las elecciones presidenciales el panorama será incierto.

Al igual que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se aproximan a los noventa días, si realizamos el ejercicio con el presupuesto, casi llegamos a ese escenario dramático, pero creemos que la racionalidad se impondrá, por el bien del Estado.

El manejo de las cifras del presupuesto es de consumo electoral, algún candidato afirma que el gasto público ha disminuido en Salud, Seguridad, Educación, Inversión Social, cuando en realidad en los últimos dos quinquenios ha aumentado, al igual que los programas especiales como atención a la mujer, leche, alimentación, etc. pero acá nadie habla de logros, ni beneficios, ni siquiera acciones positivas, porque conviene a sus intereses singulares, cuando el verdadero objetivo es la nación, millones de salvadoreños trabajan por una realidad diferente.

Si la nación tiene que pagar deuda externa, ésta se origina desde el año 2004, en todo caso cualquiera que sea la administración no podrá eludir ese compromiso; al igual que la solución al problema de las pensiones que por el momento, tiene una tendencia estable, las ganancias de las AFP aún son escandalosas y además la reducción de las pensiones a los “optados” es un impuesto inconstitucional; el tema de pensiones en su dimensión equitativa de no reformarse (nuevamente) provocará un estallido social a mediano plazo.

Las reducciones de ingresos al Estado han sido maniobras políticas, pero su efecto negativo está a la vista ¿por qué no se impone la racionalidad? “nada bueno se puede encontrar en la tragedia”.

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César Ramírez

@caralvasalvador

El tema del presupuesto nacional parece un discurso de compra-venta de votos políticos en tiempos de campaña electoral y en destiempo es bloqueo a la gobernabilidad, más bien parece un juego de una conspiración permanente de un partido político contra otro, situación que conocemos durante varios años.

Algunos expertos identifican el potencial peligro al dilatar la aprobación del presupuesto nacional, considerando que el presupuesto es aproximadamente $5,000 millones, a ese rubro se debe agregar $800 millones adicionales para el pago de la deuda, además $100 millones debido a que la Ex Sala Constitucional derogó el impuesto de operaciones financieras (18JUN018 impuesto del 0.25% que se cobra por transacciones arriba de $1,000 desaparecerá desde el 01ENE019), de esa forma el presupuesto necesita $900 millones adicionales y $350 millones de gastos adicionales para 2018, acumulan $1,250 millones… si ello es un dato firme no todo es para servicio público, puesto que existen millones destinados a la Corte Suprema de Justicia y Asamblea Legislativa que nadie cuestiona, tampoco se les acusa de inconstitucionales. Si de reducciones hablamos deberían de iniciar la austeridad en la Asamblea Legislativa.

El tema del presupuesto termina limitando a grandes sectores de los trabajadores como: Salud, Educación, Agricultura, Obras públicas, Fiscalía etc., bajo una lectura política, pero las deudas continúan vigentes y los compromisos de cumplimiento del Estado son inmediatos.

Otro factor que afectó mucho la gobernabilidad fue la constante intervención de la Ex Sala Constitucional en sus fallos marcando una severa distorsión a la gobernabilidad así: el 13JUL016 se decretó inconstitucionalidad de $900 millones en bonos; el 26JUL016 se declaró inconstitucional la Reforma al Fondo de Pensiones, 27JUL017 el presupuesto 2017 es invalidado y otras más.

Dos escenarios posibles se deben tomar en consideración al momento: 1º. La ausencia de la Sala Constitucional que podría o no afectar la inmediata ejecución del presupuesto 2º. El pago de la deuda externa, lo cual se requiere una solución efectiva urgente, a menos que suceda como en ocasiones anterior que debido al retraso, los intereses aumentaron la cantidad en forma escandalosa.

De aprobarse el monto solicitado, junto al pago para la deuda externa, entonces tomaríamos un camino de estabilidad para los siguientes años, cualquiera que sea el ganador de las elecciones de 2019, de otra forma el futuro gobernante enfrentaría en unos meses un desafío formidable y quizás sin solución al pago del servicio de la deuda externa.

Esperemos que nuestros legisladores posean racionalidad política.

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César Ramírez

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La sociedad fracturada por el crimen organizado y estructuras armadas ilegales, han provocado la “cruda” realidad que vivimos las últimas décadas de posguerra, es visible una forma de violencia insospechada después de los Acuerdos de Paz; el problema y las soluciones son diversas, pero el fenómeno persiste.

Autoridades de seguridad pública afirmaron hace algunos meses elementos a considerarse: prevención, persecución del delito, atención a las víctimas, fortalecimiento institucional, readaptación del infractor, destacando además la notable labor del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia.

La violencia de grupos criminales es una herencia negativa del pasado, no puede resolverse en una administración gubernamental, así como se formó durante décadas, la solución debe considerarse sin banderas políticas o motivos electorales, procurando la continuación de los proyectos que han logrado buenos resultados.

Recientemente (25SEP018) el embajador de la Unión Europea Andreu Bassols anunció el apoyo a El Salvador Seguro por $60 millones (€ 54 millones) que contiene una serie de parámetros que no incluye el número de homicidios, pero si una implementación de políticas públicas: prevención y atención a víctimas (porque tiene impacto directo a largo plazo sobre la seguridad del país); además la restitución y renovación de espacios públicos, prevención del abandono escolar y permanencia en la escuela, convivencia en la escuela, apoyo a centro de atención a víctimas… lo cual es un anuncio optimista para la juventud de nuestra nación.

Algunos observadores sugieren aplicar la racionalidad y despolitizar el tema de la Seguridad Nacional, más allá de cualquier tema electoral, la siguiente administración del año 2019 deberá continuar el tramo iniciado por sus antecesores, con estrategias de largo plazo, puesto que lo usual es abandonar todo proyecto y destruir toda construcción del pasado al iniciar el camino de cero. Sobre el tema Antonio Morales Secretario de Gobernabilidad de la presidencia explicó “Los planes municipales de prevención” fueron construidos con los alcaldes de la nación, con cámaras empresariales, policía, etc. el plan responde a los alcaldes de diversas banderas políticas, ellos los implementan; anotando que estos resultados se expusieron en el contexto del Foro de los Alcaldes, con altos niveles de participación ciudadana.

La racionalidad de tipo instrumental e interaccional debe ser ejercida en éstas políticas públicas, como ha escrito el autor: Helio Jaguaribe… para nuestra nación es un largo camino en construcción.

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César Ramírez

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No existe límite de tiempo para seleccionar a las personalidades de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al menos no existe escrita en la Constitución de la República art. 173 y 174, los cuales indican solo la elección y designación por la Asamblea Legislativa.

El caso de la intervención en 2014 de Elías Antonio Saca en la elección presidencial, cuando el fallo de la Sala Constitucional se publicó después del proceso electoral viene al caso, puesto que la justicia incumplió, fue en todo caso una omisión lamentable que puede repetirse en el caso de las elección presidencial 2019; es otra cara de la moneda del incumplimiento normativo jurídico, aunque el retraso del nombramiento no tiene penalización, es un retardo de la justicia para terceros que sufren daños con sus amparos, apelación de sentencia, recursos inconstitucionales, etc. de alguna manera existen “terceros afectados”.

Si la elección de la Sala Constitucional se prolonga hasta el año 2019 ¿qué sucedería si un candidato es inconstitucional? No existe un recurso para impugnar a un elemento que viola la Carta Magna, por ejemplo: en el hipotético caso que un aspirante presidencial incumpla parte del art. 151… “estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, haberlo estado en los seis años anteriores a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente”, considerando el antecedente de la elección del 2014 el aspirante podría participar y distorsionar todo el evento electoral, incluso podría ser invalidado, por un decreto de Sala Constitucional, electa después de dicho evento.

El tema incluye aristas con el Acuerdo de Paz de El Salvador firmado en Chapultepec… Cap. III. Sistema Judicial. 1.Consejo Nacional de la Judicatura. A. “Las Partes reafirman lo que lo que ya han acordado en los Acuerdos de México en el sentido de que el Consejo Nacional de la Judicatura estará integrado de manera que se asegure su independencia de los órganos del Estado y de los partidos políticos, así como la integración al mismo, hasta donde sea posible, no sólo de jueces, sino también de los sectores de la sociedad que no estén directamente conectados con la administración de la justicia…”pág 78 Acuerdo de El Salvador en el camino de la paz, Naciones Unidas.

En el caso del retardo de la elección de magistrados, es mejor aceptar un equilibrio de fuerzas que un país inestable por nueve años.

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foto: Misión San Francisco CA

César Ramírez

@caralvasalvador

Podemos imaginar una nación sin Sala Constitucional por unos meses, debido a que existe una profunda desconfianza política que impide la elección de los magistrados; algunos ejemplo de ello son los nueve años anteriores: la “tardía” administración de justicia en el caso del SITRAMSS, además otras medidas cautelares permanecen sin límite de tiempo; otro caso es el fallo en la inconstitucionalidad del candidato Antonio Elías Saca aspirante presidencial 2014, esa resolución fue dictada después del evento electoral ¿qué sucedería si Saca hubiese ganado las elecciones?; el dictamen “relámpago” (10JUL018) eliminó la legalidad del CD, PSD, FPS, PSP lo cual fue interpretado como una decisión política, el caso CD debió evitarse puesto que la falta se cometió en el año 2015, es un extraño caso de Ley aplicada en forma retroactiva… es una novedad jurídica que podrían ejecutarse en otros casos; de tal forma la sentencia de “pronta y cumplida justicia” es según el “color constitucional” que se interprete.

Ahora la elección de la nueva Sala Constitucional, interpretando o reinterpretando el modelo constitucional, puede conducir a la nación a eventos conocidos, porque solo el pasado es verdad, el pasado es historia firme, el pasado es nuestro presente en la democracia, no existe otra forma de interpretarlo en nuestro día con día, somos el resultado de nuestras acciones acumuladas en décadas, entonces la prevalencia de la desconfianza política se proyecta como un escenario incierto pero pronosticable, como el Huracán Florencia que azota la costa norteamericana.

Las funciones de la Sala Constitucional son categóricas, en los artículos 174 (… controversias entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo etc.) y 183 (único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad...) ¿es posible la vida republicana sin Sala Constitucional? ¡sí!, pero no toda la vida; ahora con cuarenta días y contando, podemos seguir por un tiempo, pero no todo el tiempo; la ex Sala dejó una experiencia muy cercana a la “tiranía jurídica”, de elegir otra similar dañaría la gobernabilidad, paz social o el encuentro con la visión de país… las decisiones de la nueva Sala deben contribuir a eliminar la desconfianza política. El pasado es nuestro mejor maestro, el pasado es la memoria y su solución es el equilibrio al interior de la Sala Constitucional, no es cuota, es la Historia de la ex Sala la que no debe repetirse.

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César Ramírez

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La elección de los magistrados de la CSJ tiene un retraso de cuarenta días y contando, pero esta elección corresponde a la Asamblea Legislativa Art. 131 inc. 19 “Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia…” y además Art.173 y 174 presidencia del Órgano Judicial y la integración de la Sala Constitucional.

La elección es una responsabilidad de los diputados, no es una evaluación subjetiva donde intervienen jurados calificadores, ni gabinetes de notarías, ni grupos de presión intelectual, ni asociaciones que descalifican gratuitamente a mujeres candidatas, ni personalidades que representan intereses de grupos de poder, etc. son los diputados electos los responsables.

La elección se encuentra en un punto muerto, con los siguientes puntos de honor: son nueve años que los magistrados tendrán fallos incuestionables (la ex Sala dio muestras de resoluciones que aún pesan en la sociedad); los anteriores magistrados fueron acusados de seguir un guion político contra la administración actual (situación que no debe repetirse); los casos de probidad (para unos: si investigar, para otros: no ¿el procedimiento a conveniencia?); la interpretación constitucional funciona si favorece los grandes intereses, es inconstitucional si otorga beneficios a las mayorías (¿fue una Sala Constitucional independiente?)... éstos puntos pueden otorgarse al bloque de ARENA, PCN, DC, mientras la otra lectura es FMLN, GANA, CD e independiente, es una cuestión de representación entonces, la aritmética de los diputados de las derechas no es suficiente para lograr la mayoría calificada.

Esta discusión “sin límite de tiempo” como en algunos eventos deportivos es un empate, la Asamblea Legislativa no tiene ganador, ni perdedor, pero resulta que eso no es suficiente, la constitución no delimita este punto.

El número de votos de la aritmética legislativa no es el mismo que la lectura de idoneidad para el cargo, en el fondo es el multicitado concepto del siglo pasado: “la desconfianza política” que impide un punto racional, que produce violencia, genera el viejo lenguaje amigo-enemigo, continúa el pensamiento de la guerra e incluso cuestiona a los candidatos su independencia y credibilidad, etc.

La desconfianza política se puede superar otorgando un grado de confianza entre opiniones distintas, al considerar la opinión del “otro” es posible un acuerdo que propicie un trabajo conjunto para un problema concreto, en este caso la composición de la Sala Constitucional.

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César Ramírez

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El 20 de agosto de 2018 puede considerarse un día histórico por el establecimiento de relaciones de amistad entre nuestras naciones, se trata de una realidad en la dinámica capitalista del siglo XXI.

En las atribuciones constitucionales del Presidente de la República art. 168. in. 5 “Dirigir las relaciones exteriores”, por este motivo la acción tiene legitimidad en la actual administración.

Es un acontecimiento que termina un capítulo de la guerra fría en nuestra nación, no se trata de ideología sino de inaugurar una nueva era de negociaciones con la segunda potencia económica mundial emergente, que brindará un abanico de oportunidades a nuestra economía y la región centroamericana, agregando que igual iniciativa la comparten naciones como: Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay, Venezuela y otros.

Las inversiones de China Popular en la región son millonarias, entre ellas en Honduras, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, las cuales en ninguna forma se consideran pérdida de la soberanía nacional, intervención extranjera o compra de voluntades políticas, por el contrario, son inversiones bien recibidas.

En nuestra nación se trata de aliviar el enorme desempleo, la postración económica, la deuda externa, la falta de inversión internacional, etc. que debe ser superada por un encuentro de racionalidad política, una solución para todos los sectores de la vida republicana, puesto que será difícil enfrentar la deuda externa si no existen acuerdos políticos, de igual forma la apertura a inversión extranjera extra continental.

La revista estrategia y negocios (20AGO018) indica inversiones de China en Honduras por un total de $350 millones para una hidroeléctrica; mientras en Costa Rica, China donó el Nuevo Estadio Nacional por $110 Millones, además se suscribió un contrato para carreteras por $450 millones; en Panamá se construye un puerto de cruceros por $165 millones, incluyendo que las inversiones asiáticas se incrementaron de $78 millones 2014 a $233 millones en 2016.

Así la lectura del momento actual, con la nueva apertura de relaciones diplomáticas tiene buen pronóstico, si a los vecinos no los han rasurado, no debemos poner nuestras barbas en remojo… es tiempo de celebrar con ellos la buena decisión.

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