César Ramírez

@caralvasalvador

Prolongada paciencia ciudadana para conocer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional) pero no hay prisa… ¿a quién conviene? ¿a quién afecta? ¿son las personas las importantes o los intereses políticos? ¿es pronosticable el comportamiento de la Sala Constitucional en los siguientes nueve años? ¿y si se eligen los magistrados después de las elecciones de 2019?... en todo caso no elegir Magistrados causará un daño peor a la imagen de la clase política, por ejemplo: Art 174, Art. 138, atribución 7ª del art. 182 de la Constitución que en general significan no definir la seguridad jurídica de una acción social, no conocer la certeza del derecho y el reino de la incertidumbre sobre lo prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

Se habla de cuotas partidarias en esa elección secundaria, lo cual proyecta una realidad de la composición de la Asamblea Legislativa, así la ex Sala Constitucional intervino en temas que afectan a muchos ciudadanos más allá de su legislación, lo cual aún es interpretado como agenda política a favor de un instituto político, de esa manera si es el turno de los afectados de ninguna manera aceptarán otros nueve años de un gobierno de jueces, con sentencias reñidas en interpretación hacia el beneficio de las mayorías. Es lamentable esta situación, pero es provocada por la profunda desconfianza política dominante.

Es notable el coro a favor o en contra de diversas asociaciones por un candidato, parece una elección selectiva entre juristas, mejor preguntemos a los afectado del SITRAMSS, de esa forma el “grito sordo” del pueblo llegará a la Asamblea Legislativa.

Del Art. 183 “… la Sala Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

Hemos conocido estos procedimientos en años anteriores, de alguna manera se convirtió en un procedimiento normal para oponerse al desarrollo de la nación, pero el pasado no tiene remedio.

La desconfianza política puede eliminarse trabajando juntos, trabajando por problemas concretos, realidades, soluciones posibles, aunque sean mínimas, con eso se puede trabajar.

La desconfianza política ha predominado durante décadas, es tiempo de eliminarla.

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César Ramírez

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ARENA, PDC, PCN, DS firmaron un Acuerdo por un nuevo país (26JUL018) en apoyo a Carlos Callejas, mientras GANA elije a su candidato presidencial Nayib Bukele en un evento de elección interna (29JUL018) en presencia de miembros de Nuevas Ideas que no tiene reconocimiento de Partido Político; pocos días antes CD (aún en legalidad) anunció acercamientos con Bukele para su candidatura presidencial (22JUN018), a pesar ello el CD fue cancelado por el TSE (27JUL018), en ese clima de campaña adelantada permanece Hugo Martínez como candidato del FMLN y finalmente el partido Vamos con Josué Alvarado.

Hemos indicado la alianza de los partidos de derechas que unen fuerzas para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ahora bajo el nuevo elemento del candidato de GANA en forma “virtual” se conforma una contra alianza FMLN-GANA que impide la mayoría calificada, de tal forma que los candidatos a magistrados deberán ser por consenso, una difícil tarea.

El panorama nos remite a la historia de elecciones presidenciales, en el 2014 los partidos políticos ARENA, FMLN participaron sin alianzas, pero el Movimiento Unidad inscrito el 24SEP013 en el TSE se constituyó con GANA, PCN y PDC apoyando a Elías Antonio Saca, esta unidad recibió 307,603 votos (11.44% de los votos válidos) que no consiguió pasar a segunda vuelta; ahora PCN y PDC apoyan a ARENA.

La importancia de estas alianzas es la elección de los magistrados, las reformas electorales, presupuestos, Fiscal, etc. un verdadero festín político.

Existe un terreno aún inexplorado para los próximos días, así el 7 de agosto de 2018 vence el plazo para inscribir alianzas o coaliciones en el TSE para las elecciones presidenciales 2019, ¿es posible una alianza entre FMLN y GANA?... de hecho ya son una fuerza unida ante la conformación de las derechas, un escenario que elimina la frontera de izquierda y derecha, que dejaría una realidad única.

Ir solos a una contienda es un alto riesgo para perder todo en tan poco tiempo, es peor el escenario de esperar pasivamente una segunda vuelta con resultados inciertos, donde la tercera fuerza ni asegura nada, ni garantiza el triunfo, así la política puede mostrar un pragmatismo excepcional, dos bloques estructurados desde la Asamblea Legislativa y en la elección presidencial.

De esta posibilidad podrá contarse una oportunidad fallida o un logro formidable.

Nada es imposible en política.

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César Ramírez

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El anteproyecto de ley ha generado mucho debate en los líderes de opinión nacional e incluso la Embajadora Norteamericana Jean Manes, advirtió (09JUL018) sobre la potencial penetración de China Continental a El Salvador por medio de una inversión en el Puerto de La Unión, con intereses económicos y militares; así de un día para otro nos convertimos en “punto caliente” geopolítico de las potencias mundiales.

Es conocido el fracaso del Puerto de la Unión construido por un costo de $210 millones, iniciado en el año 2005 y finalizado en diciembre de 2008, es de hacer notar que $101 millones fueron en calidad de préstamo concedido por el Gobierno japonés por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA por sus siglas en inglés), además su ubicación es inapropiada por el alto flujo de sedimentación, etc. en todo caso la nación debe continuar pagando el préstamo por muchos años.

La racionalidad apremia por un acuerdo nacional sobre el tema, si las características del Puerto tienen defectos de “origen” los ingenieros de un inversionista lo podrán solucionar, si existen dudas sobre cualquier mecanismo financiero ahí están los organismos de superintendencias, si conviene al pueblo salvadoreño conviene al futuro de nuestras generaciones.

El Ministro de Hacienda Nelson Fuentes ha indicado la necesidad de realizar un estudio de Costo-Beneficio con un proyecto de esta naturaleza, debido a la potencial pérdida de ingresos tributarios.

El tema debe ampliarse a todos los niveles ciudadanos, puesto que el anteproyecto de Ley no es conocido “oficialmente”, el documento no es público, solo existen fragmentos “tendenciosos” en las redes sociales, que no permiten conocer a profundidad el tema, tampoco pueden confirmarse como documentos genuinos. Es una buena oportunidad para que la ciudadanía se entere del contenido de la Ley, de los pro y contras, del costo-beneficio para las poblaciones, puesto que al final de cuentas los ciudadanos continuarán pagando el préstamo de esa infraestructura por muchos años más.

Hace años se discute abiertamente el futuro de los proyectos económicos del Golfo de Fonseca, de continuar como hasta el momento, pasarán otros veinte años sin activación de la fuerza marítima nacional, si tiene solución es el momento de actuar.

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César Ramírez

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El daño ocasionado contra instalaciones de ANDA en la quebrada K 16 (según autoridades de ANDA) es un boicot a la institución, que coincide con la campaña de privatizar al ente regulador del recurso hídrico.

El robo de estructuras metálicas, platinas, componentes de tuberías, etc., es un acto que ha afectado a cerca de un millón de personas de 26 colonias o áreas residenciales, el atentado fue cometido por grupos armados.

El evento coincide con la campaña de privatización del agua y una campaña contra la institución del ANDA, la cual debe privatizarse o moriremos de sed -según ellos-.

Hemos anotado el peligro que significa un Ente Rector monopolizado por la empresa privada, puesto que se convertirían en juez y parte del agua nacional, imaginemos la prioridad de elegir entre una comunidad y la construcción de un campo de golf, entre una población y una industria cervecera o de sodas con cafeína, o simplemente el costo del agua en zonas residenciales contra las áreas populares… adivinamos su decisión.

Se trata de encontrar entonces puntos de coincidencia entre el sector privado, social y el Estado para tratar de encontrar una solución al problema del agua para los siguientes años, puesto que la modernización de la institución nacional hídrica no debe retrasarse.

Conocidos son los problemas que ANDA tiene de herencia negativa, con el caso Perla allá por el año 2004, además su estado financiero es deficitario, no ha modernizado muchas de sus áreas técnicas, es de alguna manera una institución que requiere mucha atención, previniendo si el tema se convierte en político o en prioridad electoral, se deja de plantear soluciones posibles por la desconfianza política, acontece entonces que no existe presupuesto, ni préstamos, ni donaciones, en pocas palabras que sufran los pobres porque ellos votarán por A o B partido…

El agua es un derecho humano, es un reconocimiento otorgado por la Constitución de la República, las Naciones Unidas, incluso por una resolución de la Sala Constitucional etc. en la defensa del agua se asocian universidades, la iglesia católica, asociaciones civiles etc. no se puede privatizar por aritmética legislativa, ni favorecer actos vandálicos de grupos armados irregulares que dejan sin agua a un millón de personas, eso es violencia contra el pueblo… debemos unirnos contra la privatización del agua.

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César Ramírez

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El tema del recurso hídrico en nuestro país será conversación en las siguientes generaciones de salvadoreños y potencialmente centroamericanos, compartimos aguas con Nicaragua, Honduras, Guatemala; es un tema complejo y conflictivo de ahí la importancia en los mecanismos de diálogo para prevenir estos eventos.

Es conocido que el agua irradia todo el espectro de vida ciudadano y del Estado, implica los diversos sectores nacionales: económicos, industriales, residenciales, estatales, pueblo en general etc. en los últimos treinta años hemos observado la multiplicación de conflictos por el agua, en algunos casos por ausencia del líquido vital, en otros por diseños obsoletos de distribución del agua en residenciales con más de setenta años, al igual que la desigual entrega de agua a otra residenciales simplemente por el crecimiento urbano sin control y planificación.

La ausencia de racionalidad hídrica es tal que Ley de aguas se encuentra sometida a discusión y potencial aprobación hacia un organismo privado, en detrimento del bien común del agua, esa discusión provoca la más profunda desconfianza en los sectores populares ¡con mucha razón! el racionamiento forzado de agua o distribución irregular ha sido constante por años, en caso de privatizar el agua las consecuencias serán catastróficas, el temor no es infundado, ni lo será en los próximos años.

El diálogo es un mecanismo que debe impulsarse para evitar abuso de entidades privadas, hace algunos años comunidades han denunciado el uso de agua con objetivos industriales gigantescos, si ello ocurre en este momento, en pocos años las comunidades excluidas generarán conflictos justificados, el tema entonces es: distribución, regulación, participación del Estado, ciudadanos, sector privado etc. porque el agua no es infinita.

En el tablero del proyecto aparecen grandes intereses y no existen contrapartes ciudadanas, debemos reconocer que vivimos la crisis del agua, algunos la denominan Stress Hídrico, los sectores populares sufren el racionamiento de agua, la sola presunción de limitar aún más su distribución significa la ruina, algunas áreas solo reciben agua cada tres días, cuando se retrasa más tiempo el sufrimiento es traumático.

Solo la naturaleza es capaz de crear agua, si ese recurso no tiene tratamiento su contaminación es la realidad de nuestros ríos, lagos, mar, vertientes etc. de ahí que la participación ciudadana y la administración estatal debe prevalecer.

El diálogo y la participación ciudadana en defensa del recurso hídrico es el objetivo estratégico.

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César Ramírez

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El Estado tiene soberanía sobre las aguas del territorio: “ Art. 84 constitucional: El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible y además de la parte continental comprende: Inc. 1 EL territorio insular… Inc. 2 La aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca… e Inc. 3 El espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular correspondiente; a además, El Salvador ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de más baja marea, todo de conformidad a las regulaciones del derecho internacional”, bajo esta condición el agua que yace en el subsuelo es propiedad estatal.

En general la discusión sobre el tema refiere principios del derecho ciudadano, es un bien público en la Constitución, es crucial para nuestro futuro, recordemos que el crecimiento poblacional, la deforestación, el cambio climático, la precariedad del modelo histórico hídrico nos debe conducir a la racionalidad del tema, ello significa que el agua debe garantizarse para todos, puesto que privatizarlo crearía una nueva clase social sedienta en constante lucha por el agua.

Algunos aseguran que “solo la iniciativa privada” con su eficiencia puede administrar el agua, que ello es un garante de la “transparencia”, “rentabilidad”, “seguridad”, “equidad” etc… lo cual es absolutamente falso, recordemos la quiebra de la Pan American, Enron, Lehman Brothers, General Motors, etc., en nuestro país FINSEPRO E INSEPRO, FOMIEXPORT, FINCOMER, CREDISA , las cuales han dejado una profunda huella material en la personas que sobrevivieron esos eventos.

La coincidencia de la Iglesia, Universidades, Sociedad Civil, pueblo en general se debe a la profunda preocupación por el uso del agua, la cual en estos momentos no tiene control en varios aspectos, llegando al abuso e indiferencia por su manejo en general.

El agua como refieren los expertos puede ser para uso industrial, doméstico, agrícola, turístico, energía, pero no existe un control de la contaminación industrial, rescate de ríos nacionales, protección del Río Lempa, reforestación nacional o un modelo de recuperación de aguas lluvia, en todo caso es un tema nacional y no de grupos de poder económico.

El agua es una preocupación constante, su ausencia por más de 72 horas marca un cambio de conducta en las comunidades, de ahí la urgencia de construir un modelo no privatizado, en diálogo nacional en beneficio de la nación.

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César Ramírez

@caralvasalvador

El caso me recuerda temas clásicos: La petición del fiscal es sorprendente… calificando el evento de “saqueo público”, en poco tiempo los juzgados aceptan la petición, enviando a los presuntos implicados a prisión, procediendo a “ordenes de captura” contra unas decenas de personas.

El medio “verdad digital” publicó el 12JUN018 “El fiscal director de la investigación contra el ex presidente Mauricio Funes, Jorge Cortez, soltó una verdadera bomba, admitió que la Fiscalía General no tiene pruebas contra el ex gobernante pero aún con esa grave falencia iniciaron el proceso judicial en su contra” y continúa: “"(Que el ex presidente Funes no pagara directamente) no lo exime, le da una responsabilidad penal por haber ordenado que se realizaran estas acciones", dijo el investigador fiscal, dejando todavía muchas dudas en el aire de las verdaderas razones y motivaciones del fiscal general, Douglas Meléndez, quien dijo que la investigación contra Funes tardó dos años.

El ex mandatario se ha defendido a través de sus redes sociales y ha insistido en que el fiscal general "carece de pruebas para incriminarme".

El caso además implica los famosos testigos criteriados, que apuestan a reducir sus penas delictivas acusando a los presuntos implicados, agreguemos los nombres colaterales de periodistas, pasaportes oficiales etc. es una fiesta mediática y morbosa.

La justicia debe proceder en todo caso apegada al Derecho, otorgando el privilegio de la duda a los imputados, no obstante en estos momentos por las formas declarativas mediáticas, redes sociales etc., todos y todas son “culpables”, la sombra de la muerte civil se extiende sobre las familias, amigos, exfuncionarios.

La trama es conocida: existen víctimas de testigos falsos, falta de concreción de la fiscalía, periodistas amarillistas, el uso de medios de comunicación televisiva de la Fiscalía, recuerda las transmisiones contrainsurgentes de la guerra civil que al nombrar ciudadanos equivalía a la pena de muerte, además se calificó a las mujeres en forma humillante. Es sintomática una acusación de esta naturaleza, a Monseñor Romero se le acusó en repetidas ocasiones de comunista en la televisión nacional sin reparo alguno, Ellacuría y su Consejo Superior de la UCA fueron señalados de guerrilleros y pidieron su muerte en forma pública ¿será diferente con el expresidente Funes?

Ante esta acusación penal y sin defensa alguna de los implicados, el caso ya tiene un fallo de afirmación pública: “no se presumen inocentes”.

La justicia a pesar de todo debe funcionar hasta agotar sus procedimientos.

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