César Ramírez
@caralvasalvador
Cuando los grandes empresarios afirman que el desarrollo de la nación necesita: “inversión y seguridad”, compartimos estos argumentos en toda la línea de su extensión, puesto que no son exclusivos del sector privado sino de todos, pero recordemos que pagar impuestos conduce a mayor inversión social del Estado y la seguridad actual es el producto de 20 años de la administración de gobiernos conservadores, por lo tanto si existe evasión de impuestos tampoco se puede aumentar la calidad de la policía, ni las estructuras de inteligencia de Estado o aumentar sus modelos preventivos; estas afirmaciones son la constante de una visión pro-oligárquica que justifica la desigualdad social, enviando el mensaje a la población: “todo tiempo pasado fue mejor”, ahora nada funciona y la economía tiene tan mala salud que necesita cuidados intensivos porque está en coma… etc. Un breve repaso de las noticias de los grandes medios nos conduce a un panorama desolador, existe una apología del crimen, el morbo de las notas rojas, un cuadro dantesco que cultiva la desesperanza construyendo el temor y la ausencia de valores en las poblaciones etc., fabricados desde los puntos comunicacionales de los grandes poderes económicos, los cuales viven “aún” en guerra contra todo avance democrático. La gobernabilidad es un concepto que implica entre otros: un elemento de la desigualdad tolerada por la sociedad, en ésta visión se acepta que económicamente no se puede distribuir la riqueza de una nación equitativamente, pero al mismo tiempo esta visión es muy diferente entre los grupos oligárquicos a los grupos de la clase media o burgueses; de igual forma en el fondo se encuentra la “distribución de la justicia”, de nuevo el enfoque cambia radicalmente entre unos y otros, por ello no es de extrañar que las baterías de los grupos de los extremadamente ricos riñan contra la gobernabilidad democrática puesto que todo avance educativo es un gasto innecesario, reformas en salud o infraestructura son un derroche al erario público, la legitimidad del gobierno es cuestionada desde la misma elección presidencial hasta la recién pasada de diputados y alcaldes, con un claro objetivo: dañar la gobernabilidad y legitimidad de la democracia.
El 24 de mayo en el canal 21, tres dirigentes políticos del partido ARENA externaron sus opiniones sobre el pasado evento electoral, con las conocidas diatribas contra el Tribunal Supremo Electoral, aquella podría ser una entrevista más en nuestro panorama televisivo, no obstante uno de ellos afirmó: “que el gobierno actual era ilegítimo, puesto que debieron abrirse todas las urnas electorales de aquél evento”… esta afirmación apunta a dañar la imagen de gobernabilidad, así como la transparencia del proceso electoral y la legitimidad institucional, ¿acaso será la constante de los próximos años?. Se deben reconocer los esfuerzos de gobernabilidad orientados hacia la formación de consensos, el diálogo entre sectores, las iniciativas incluyentes en la seguridad nacional, la construcción de la estabilidad social, el respeto a las instituciones etc., además afirmar que la gobernabilidad y la legitimidad son los elementos de una sociedad justa, la cual en esencia es democrática jamás oligárquica.
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