César Ramírez

@caralvasalvador

La unidad de las fuerzas políticas es la clave para el funcionamiento de los nuevos proyectos en el tema de la Seguridad Nacional.  Con optimismo recibimos el anuncio de la “implementación de las medidas urgentes de carácter extraordinario” por el ciudadano presidente Salvador Sánchez Cerén, las cuales contemplan acciones contra individuos transgresores de las leyes nacionales.

La importancia de este evento reside en un acuerdo político, puesto que el Estado no puede impulsar “solo” sus proyectos,  si no cuenta con el respaldo de la sociedad civil, las instituciones jurídicas, religiosas, población en general, como elemento dinamizador que acate las medidas y construya junto a sus gobernantes un bloque sólido contra la delincuencia, todos perderemos; de tal forma que barrio por barrio, colonia por colonia, cantón por cantón debemos apoyar a la autoridad constitucional.

El daño provocado por los grupos del crimen organizado es terrible, su calificación de terroristas cumple con todos los parámetros internacionales, por lo tanto se necesitan acciones drásticas, la nación no puede coexistir con grupos que solo tienen por objetivo destruir a la familia salvadoreña, extorsionar a la sociedad, asesinar a los trabajadores, cometer horrorosos actos contra mujeres, niños o ancianos, sus acciones conmueven a la humanidad por el dolor que provocan, ante estos hechos  la sociedad no puede dejar de actuar de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, de esta manera corresponde a los gobernantes accionar y a la ciudadanía en general contribuir significativamente con este proyecto.

Es conocido que el parámetro para el éxito del proyecto es la aprobación de los fondos para la seguridad, así como para el funcionamiento del Estado, lo cual se convertirá en la verdadera prueba de unidad en este crucial período en la vida de la República.

Otro elemento que debe demostrar su condición impecable es la Fiscalía General de la República, es notable la deuda fiscal en la persecución del delito, no en pocos casos las acusaciones son débilmente sustentadas y con la venia de muchos jueces los delincuentes son absueltos de manera tan  insultante que la ciudadanía ha dejado de creer en la justicia salvadoreña; precisamente en estos momentos con el escándalo de “Los Papeles de Panamá” el delito se constituye en El Salvador puesto que en Panamá es lícito crear una entidad anónima, a partir de $1,000… para muestra la denuncia presentada por el Ministro de Obras Públicas hace varios meses sobre corrupción, así como otros casos, no se conoce nada.

Todo tiene un costo, el precio de la Seguridad Nacional pasa por la aprobación de los préstamos en bonos para el Estado, además toda la acción que implique contribuir financieramente a las instituciones involucradas: Policía Nacional, Ejército, FGR, etc., en una palabra la sostenibilidad de largo plazo, con el concepto de “racionalidad política” que implica cuatro o cinco años bajo cualquier administración gubernamental, puesto que es un error confundir seguridad nacional con ideología.

Se trata de salvar vidas, se trata responder a la delincuencia, en este aspecto algunas empresas privadas deben comprender que la vida de los trabajadores es más importante que sus ganancias dinerarias, la unidad de las fuerzas políticas y sociales en este momento debe imponerse para salvar a la nación de la agresión del crimen organizado.

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César Ramírez

@caralvasalvador

El recuerdo del Golpe de Estado “desarmado” aplicado a Manuel Zelaya (Honduras) 28 de junio de 2009, Fernando Lugo (Paraguay) 22 de junio de 2012 o Dilma Rousseff  de Brasil que se defiende de la oposición por intentar aplicarle un impeachment ilegal (es una figura del derecho anglosajón –específicamente en Estados Unidos y Gran Bretaña mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público. El parlamente o congreso debe aprobar el procesamiento y posteriormente encargarse del juicio del acusado (normalmente en la Cámara alta). Una vez que un individuo ha sido objeto de un impeachment tiene que hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del órgano legislativo, lo cual ocasiona su destitución e inhabilitación para funciones similares- (Wikipedia); la presidenta se defiende de las acusaciones por la ausencia de legalidad y concluye: “es un Golpe de Estado” (El país 25MAR016); si agregamos el caso de Venezuela el mapa se configura con procedimientos muy similares orquestados por poderosas fuerzas económicas, sectores políticos y  medios de comunicación, ésta configuración semeja un nuevo método del Siglo XXI, ese proceso inaugurado por las derechas internacionales, no es una acción aislada, es un nuevo elemento premeditado que concluye en el retorno al poder de ésta fuerzas por resquicios legales o subterfugios constitucionales con los cuales se conforman crisis institucionales, de esta forma concluyen en la toma del poder contra los gobiernos de izquierda, obviando los procedimientos de elección popular.

En nuestra nación observamos elementos similares: se crean tensiones legales entre las instituciones, los órganos del Estado se enfrentan bajo el arbitraje de la Sala Constitucional la cual otorga reñidas interpretaciones jurídicas que afectan la gobernabilidad de la República, la oposición conservadora acepta alianzas con grupos terroristas ofreciendo cargos de gobierno en caso de ganar la elecciones ¿qué clase de pacto es éste?, si agregamos el incremento de asesinatos de policías, soldados, trabajadores, escolares, pueblo en general etc.,  los cuales coinciden con las crisis institucionales, eventos electorales, además la complacencia de la Justicia con decisiones absurdas que parecen acusar a las víctimas de sus propios asesinatos, los modelos de corrupción desde el aparato del Estado tan escandalosos y plagados de apellidos ilustres que sus juicios parecen una comedia que sencillamente terminan absoluciones o con cargos como: peculado culposo, el resultado apunta hacia el concepto de Golpe de Estado desarmado.

En general aquellos eventos acontecidos en Honduras, Paraguay, pero que ahora suceden en Brasil y Venezuela se refieren a nosotros, parece un nuevo método para destruir la gobernabilidad. Es muy preocupante el uso de fuerzas irregulares armadas ilegales en alianza con dirigentes del mayor partido de derecha legal, no solo se trata de un pluralismo polarizado  concepto de Giovanni Sartori, sino del uso final de la violencia terroristas para presionar a un gobierno constitucional, lo cual es un desafío al monopolio de la violencia legal del Ejército Nacional, el cual deberá pronunciarse definitivamente en la defensa de la constitución, el respeto al gobierno constitucional y la eliminación de las fuerzas irregulares, de la misma manera que fijará el orden social en nuestra democracia. Debemos alejar el fantasma de un golpe de estado “desarmado” en nuestra nación.

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César Ramírez

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Un video entre miembros de ARENA y grupos terroristas, ha circulado desde el día 12 de marzo en diversos medios de comunicación y fue divulgado por El FARO; ese conciliábulo devela la alianza con grupos del crimen organizado, un acto indignante que el pueblo salvadoreño repudia por los crímenes que causan estos grupos a las familias de los trabajadores; ese encuentro parece una charla de viejos conocidos que intercambian propuestas para beneficios electorales, seguridad, garantías, nombre para Ministro de Seguridad, parece que la Mafia Italiana tiene buenos alumnos en Centroamérica. El evento marca una concreta diferencia sobre el modelo democrático, la distancia entre partidos no es solo ideológica, sino un partido que unido a grupos armados ilegales pretende profundizar el descontento y el temor, de ser necesario desde el Gobierno de la República. La reunión es la respuesta a las preguntas: ¿A quién conviene el terrorismo? ¿Quiénes patrocinan estas organizaciones? ¿Es un proyecto político para presionar a las instituciones? ¿Quiénes pretenden aislar al Estado y sus Instituciones? ¿Quiénes propician el sabotaje, quebrar la economía y favorecer al terrorismo? ¿Por qué los asesinatos aumentan o disminuyen en momentos electorales? ¿Quiénes ordenan asesinar a los trabajadores?... son los oscuros personajes que aparecen en ese video, esa reunión demuestra el verdadero rostro de estos personajes políticos, ya conocemos entonces quienes son los causantes de tanto dolor al pueblo salvadoreño.

Vivimos con el enemigo entre nosotros... resulta que la sociedad salvadoreña coexiste con miembros de una institución política aliada a los terroristas que no promueve los valores democráticos, ni sus leyes, ni la vigencia económica, ni la defensa del voto en procesos electorales, tampoco los valores de la familia, religiosos, morales, etc. en síntesis lucha por destruir el sistema legal; ahora comprendemos la impunidad, el lavado de dinero, el fracaso de tantas iniciativas sociales, la inseguridad colectiva etc., pero después de la indignación no queda más que la acción social contra los antisistema, pedir a la justicia su acción, a las instituciones el cumplimiento de las leyes y a la nación la movilización para condenar estas conspiraciones contra la vida y la democracia. El ideal de la política es hacer el bien a su pueblo, en este caso reunirse con los asesinos de niños, policías, soldados, trabajadores, maestros etc., es la traición al ideal democrático y la paz social. Parecía que la sociedad salvadoreña había agotado su capacidad de asombro durante la guerra civil, ese holocausto que destrozó nuestros valores morales, espirituales, familiares y otros que nos condujo al abismo de la crueldad fanática, pero nunca observamos una acción similar, implicando la coacción al evento electoral promovida por personas con investidura legal que conspiran para comprar voluntades, un cargo de ministro, cierre de prisión de alta seguridad etc. aspirando al poder político y gobernar junto a delincuentes, ello es un acto que atenta contra la comunidad jurídica, el conjunto de instituciones y el modelo social de la República… es simplemente traición a la Patria. Los miembros de ese partido político que aún conserven dignidad y honor tienen una magnífica oportunidad para expresar su repudio a ese complot del mal, si no disienten son cómplices de los terroristas a pesar de su investidura legal.

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César Ramírez

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Las reformas constitucionales deben realizarse ahora.

Las respuestas internacionales a las acciones terroristas esta caracterizado por las leyes universales, recordemos: Francia, Estados Unidos, Rusia, Colombia, México etc., el Estado y la Sociedad Civil salvadoreña necesita acción inmediata.

La Ley debe preceder las acciones políticas, excepto cuando no funciona la institucionalidad, entonces hablamos de Revolución, ejemplarmente las Revoluciones actúan de hecho no de derecho, la Revolución hace las leyes no a la inversa, en nuestro caso lejos de un acontecimiento de esa naturaleza, parece que no existen leyes “adecuadas” para defender a los ciudadanos.

Sectores antisistema intentan aislar al Estado en su lucha contra el terrorismo, orientando a la opinión pública hacia una imagen negativa en todo, pero se olvidan de proponer soluciones… el horroroso caso del día 3 de marzo cuando fueron asesinados once trabajadores pretende provocar pavor. Ese acto terrorista nos llama a la unidad nacional, pero algunos sectores interesados llaman a la división nacional, es una actitud perversa que repite: “divide y vencerás” cuando en realidad debe ser: “unidos venceremos al terrorismo”.

¿A quién conviene el terrorismo? ¿Quiénes patrocinan estas organizaciones? ¿Es un proyecto político para presionar a las instituciones? Etc. en realidad se pretende aislar al Estado y sus instituciones, bajo el esquema que el sistema judicial no funciona, las leyes tampoco, la civilidad está agotada, no se puede creer en nada, ni existe nadie en quién confiar, una estrategia muy simple, porque pretenden disminuir la gobernabilidad, es un sabotaje y favorece al terrorismos contra nuestro modelo cultural.

El objetivo de nuestra sociedad debe ser la coincidencia en la democracia y no en el totalitarismo, se trata de abrir entendimientos con las leyes de la república en nuestra fragmentada sociedad civil, de unirnos contra enemigos comunes: narcotráfico, crimen organizado, terroristas, etc. nuestro objetivo es la justicia en democracia.

Si nos oponemos al terrorismo y sus acciones de violencia indiscriminada, se debe reformar en el menor tiempo posible la Constitución de la República, puesto que las viejas normas no contemplaban el fenómeno que amenaza a nuestras instituciones, se trata de salvar a la República no de salvar el discurso político de los poderosos sectores desestabilizadores.

El máximo desafío en este momento no llega de los terroristas, llega de la necesidad de derrotar la fragmentación nacional, se deben derrotar las tesis reaccionarias que a toda costa desean cumplir su perversa divisa: “divide y vencerás”, y la mejor respuesta es: la unidad nacional ante el terrorismo y todos sus aliados… se trata de modernizar la justicia, la constitución, de adoptar acciones audaces en este momento de crisis, acciones en el modelo de comunicaciones, acciones materiales contra los delincuentes; sino se actúa con sagacidad, con imaginación y voluntad de toda la clase política, incluyendo a los sectores económicamente poderosos, se favorecerá a los gatilleros que no tienen patria, ni moral, ni son ciudadanos, ni personas, porque ellos tienen por objetivo arruinar nuestra democracia y todos perderemos.

Aislar al Estado e intentar quebrarlo económicamente también son acciones antisistema. Nuestra mejor respuesta debe ser la Unidad Nacional contra el terrorismo.

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César Ramírez

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Escuchando la brillante declaración del Ministro de Hacienda Carlos Cáceres en una reciente entrevista, reparé sobre el amparo constitucional sobre los intereses de las pensiones, el cual ha sido objeto de una serie de rangos de percentiles que significan nada menos que $50 millones por cada elevación porcentual, lo cual significa un “ajuste económico” por decretos legislativos o fallos jurídicos (en la Sala Constitucional) sobre una determinación económica.

Aquellas palabras recuerdan otros intereses que podrían “determinarse” de la misma manera, entre ellas: tarjetas de crédito, todo tipo de préstamos bancarios, en general todo mecanismo del sistema financiero a fin de cuentas es lo mismo, capital e intereses, así funciona el sistema capitalista nacional e internacional.

En mi opinión un amparo constitucional sobre todo tipo de interés financiero debe ejecutarse en forma similar al movimiento que se desarrolla sobre el interés de las pensiones, ¿porque los intereses de las tarjetas de crédito no son discutidos en público? ni en Asamblea, tampoco son motivo de campañas publicitarias, o instrumentalizados políticamente; simplemente el tarjetahabiente recibe en una fecha del mes un aumento de cobros especificados más o menos así: manejo bancario, uso de tarjeta, membresía, trámites on line, intereses –no especificados- etc. los cuales debe pagar y sin discusión. Según nota de prensa de La Asamblea Legislativa del 27 de enero de 2016: entre los años 2010 y 2015, se recibieron 1,678 denuncias y 10 avisos de infracción relacionados con tarjetas de crédito; hasta la fecha, precisó, el 76.34% de denuncias recibidas ya se resolvió a través de medios alternos de solución (avenimiento y conciliación) y sólo un 14.78% de las denuncias están en proceso de trámite en el Tribunal Sancionador. “Se ha recuperado un total de $548,731.75, en denuncias resueltas a favor de los consumidores”… “Asimismo, consideró que es necesario establecer la facultad al Banco Central de Reserva (BCR), para que pueda exigir la información de las operaciones crediticias al universo de entes económicos, para contar con mayor información sobre las tasas máximas de intereses anuales que se aplican en el mercado”.

Si hablamos de tarjetas de crédito, usualmente hablamos de personas responsables (quienes no pagan son las excepciones), al igual que las pensiones, todos los trabajadores depositan (o remiten) sus ahorros a una cuenta mes a mes (excepto los desempleados), pero ¿acaso no es el mismo caso? Dinero e intereses, bancos-AFP y trabajadores, créditos (activos) y capital, de tal forma que regular los intereses de una y otra forma no debe ser excluyente.

El acceso a información o gestión sobre los intereses del capital, debe ser tratado sobre “realidades” y no por “intereses políticos o financieros”, hablamos entonces de lo posible, ni abusos del cobro de intereses, ni manejo político sobre la economía, puesto que tal acción apertura un precedente jurídico contra todo el sistema financiero.

Es necesario entonces hablar de protección a los usuarios-trabajadores y responsabilidad del sistema financiero y AFP, si el sistema está en crisis, concretamente en financiamientos negativos que no ayudan al desarrollo nacional, las soluciones deben concluir en la racionalidad, de tal forma que acercar posiciones sobre el tratamiento al problema de las pensiones y los intereses bancarios no debe confundirse con proclamas para “ahogar económicamente al Estado”, ese es un argumento miserable que castiga a todo el pueblo. Bajo ese criterio los intereses del sistema financiero también son inconstitucionales e injustos.

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César Ramírez

@caralvasalvador

En nuestra historia los grandes eventos sociales connotan el sentido de la justicia que interpretan los sectores involucrados, los poderosos grupos económicos tienen una versión dominante mientras las clases sociales más vulnerables usualmente son silenciadas por la represión, las leyes o la exclusión que usualmente no es juzgada sino justificada.

Aún conservo en mi memoria aquellos vivos llamados para asesinar a los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989, esos mensajes fueron divulgados en cadena nacional de radio; un desfile de secuaces vociferantes clamaban eliminar a los comunista con sotana, pero eso no quedaba ahí, sabíamos que el mensaje era claro: maten a todos los comunistas que encuentre en cualquier sitio de la ciudad, campo, iglesia, cantón etc.; para proclamar ese atropello se necesitó un ejército dispuesto a defender los intereses políticos más poderosos de la nación y así sucedió.

Han pasado dos décadas de aquella acción, la cual significó la muerte del Consejo Superior de la UCA, como también de cientos de miles de salvadoreños sin distinción, la mayoría aún sin tumba para unas flores, sin justicia y en completo olvido.

A partir del Acuerdo de Paz 1992, Amnistía, nueva legalidad y las reformas, cambiaron a favor de la institucionalidad democrática, pero debemos indicar un elemento crucial en esta situación, la existencia de “un antes” y “un después” para el Ejército Nacional; podemos afirmar que a partir de esa fecha un nuevo ejército participa de la vida nacional, con una visión diferente a la que tradicionalmente ejercía: “la defensa de la oligarquía y su impunidad”, de ahí surge la visión reciente de las antiguas clases militares, de esa interpretación del siglo pasado, así podemos comprender el llamado del Colegio de Generales, las declaraciones de los antiguos jefes, así como sus grupos afines que recuerdan horrorosos eventos que derramaron tanta sangre en nuestra nación… ellos no aceptan las acciones de la justicia internacional tanto de Estados Unidos como en el Reino de España; para el pueblo llano esto solo significa soluciones militares: dictaduras y Golpe de Estado.

El mensaje de los generales del viejo ejército es claro, el alcance de sus declaraciones no solo involucra al Estado sino al Nuevo Ejército surgido del Acuerdo de Paz, es una real amenaza a la democracia, con una resuelta negación a la justicia internacional.

Quizás el problema esencial del canto de los generales del viejo ejército, es el ejercicio de la impunidad, amparados en las viejas constituciones, el mecenazgo oligárquico, su sed de poder, etc., es la justificación de la violencia contra todo comunista (bueno o malo, con sotana o sin sotana, aristócrata o plebe, demócrata, intelectual, antifascista etc.)… no obstante Estados Unidos deportará a un militar involucrado en estos acontecimientos, mientras tanto en España los familiares reclaman justicia por sus familiares.

El caso se convierte en un examen para la democracia, la Corte Suprema de Justicia fijará una posición ineludible, que dará un fallo histórico sobre la impunidad, cualquiera que sea el fallo, la democracia enfrentará a la verdad, en nuestra nación la injusticia es usual, así hemos vivido por generaciones; no obstante en el Siglo XXI podemos afirmar: “no hay una cosa peor que la injusticia, y es la justicia sin espada en la mano. Cuando el derecho no es la fuerza, es el mal. Oscar Wilde.

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