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Apegados al derecho, a la Constitución de la República, la clase política tiene como principio lo escrito en la Carta Magna, los fallos de la Sala de lo Constitucional son inapelables, de modo que si los acuerdos son posibles las partes compartirán el deseado camino de la paz, no obstante este conflicto demostró que la violencia puede desencadenarse rápidamente: el daño del monumento a Monseñor Romero, la golpiza a ciudadanos que no vestían de blanco, los cánticos pidiendo la muerte de los adversarios etc…ello evidencia la intolerancia a opiniones diferentes, demuestra que prevalece el carácter supremacista sobre opciones democráticas, como si la única forma de superar las diferencias se encuentra en la muerte del adversario. La desconfianza política que se exhibe en cada proceso electoral, ahora se expresó en toda la línea de comunicaciones masivas, este proceso develó el espíritu vigente de la guerra fría e insultó a nuestros procesos democráticos, no obstante la desconfianza puede superarse al estructurar equipos de trabajo entre los sectores diversos, en otras palabras: “compartiendo el poder, gobierno, administración, municipalismo etc”, de otra forma la democracia es decorativa y con carácter suicida en cada momento que la interpretación jurídica no se acomode a los grupos de poder. Ahora los acuerdos apegados a la Constitución al menos implican nuevos reacomodos posibles para superar este clima de parálisis jurídica con procedimientos democráticos. Durante este evento sin precedentes, al menos la crisis no terminó con el camino conocido de la ruptura constitucional de otras épocas, de la misma manera que reflejó el interés de naciones extranjera en la estabilidad de la nación, el conjunto de estas situaciones manifiesta la débil democracia que vivimos, la clase política siempre tenía la llave de la solución: democratizar en profundidad las instituciones y compartir el poder; parece cínico, pero aún no llegamos como ciudadanos a consulta popular o plebiscito para Reformar la Constitución o incidir en estos temas trascendentales. No podemos dejar de lado la historia del derecho nuestra nación para pronunciarnos sobre el tema constitucional en pleno siglo XXI, bajo una pregunta fundamental: ¿Cuál es el principio que defienden los partidos políticos? ¿Cuál es la condición de honor entre los sectores que disputan la interpretación de los fallos constitucionales?. Estas respuestas las encontramos en la evolución de los acontecimientos, la alineación de los sectores de opinión, las abiertas exposiciones de diversas instituciones, de igual forma los sectores de la sociedad civil: universidades, asociaciones, gremiales etc.  Al menos esta crisis deja al descubierto la desconfianza política entre los actores principales, a pesar de vivir en paz bajo un gobierno de izquierda y efectuar elecciones en ciclos periódicos estos procedimientos no son suficientes, el inicio de los acuerdos entre partidos inicia bajo el signo de abandonar los principios ideológicos, elemento clave para todo entendimiento, entonces emerge lo posible: una realidad urgente para reconstruir la democracia en la nación.

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A propósito del impase entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, una anécdota atribuida a Abraham Lincoln, decimosexto Presidente de los Estados Unidos (12 de febrero de 1809 – 15 de abril de 1865) nos ilustra sobre un caso jurídico que podría tener dos soluciones, dos interpretaciones, pero al final una realidad posible o en su defecto una posibilidad que reforme la constitución sobre un tema: “no escrito”, siempre y cuando exista la visión que en ocasiones no se puede ganar todo, “solo lo necesario”.

“Cuando Lincoln era un joven y prometedor abogado, tuvo dos vistas por un delito similar en el mismo día y en la misma sala. La única diferencia era que en el primero defendía al demandante y en el segundo al demandado. La exposición de la mañana le dio la razón a su defendido y ganó el pleito. Pero, por la tarde, para convencer al tribunal hubo de emplear el argumento contrario. El juez le preguntó cuál era la razón de su cambio de actitud. «Muy sencillo, señoría. Esta mañana tal vez estaba en un error, pero esta tarde sé que tengo razón»” este podría ser el caso de la elección de los magistrados declarados (in)constitucionales según la lectura de las partes interesadas. En el caso de la multicitada elección de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el fallo de la Sala de lo Constitucional llega tarde a la sociedad salvadoreña, de haber sucedido el fallo inconstitucional en el año 2006, no viviéramos este limbo legal con las consecuencias tenebrosas en el año 2012; en este punto unimos Justicia y Derechos que van de la mano con las reglas de la convivencia social,  en línea directa con el modelo del Estado de Derecho que deseamos. La solución cualquiera que sea, no puede ser una justicia elitista, ni tampoco una justicia que provoque la disolución del Estado de Derecho, por lo tanto los derechos de los magistrados electos deben ser respetados incluso los declarados “inconstitucionales”, de tal forma que un retorno al estado de “cosas” anterior al precedente sería deseable. Los sectores en contienda afirman cada uno, la lectura selectiva de “su” historia, por supuesto que los sectores pro-oligárquicos están dispuestos a colapsar la nación, su contraparte una alianza amplia de fuerzas políticas no-oligárquicas tampoco están dispuestas a ceder sus avances expresados en las elecciones; esta historia era desconocida por generaciones anteriores en nuestra joven democracia, pero este puede ser un buen punto para que ganemos todos, bajo el signo de Reformar la Constitución y reafirmar la vocación de la República hacia una sociedad justa. Los mares de tinta destinados a este conflicto también deben orientar hacia la paz, hacia la deposición de la violencia, hacia una solución que proponga una reforma constitucional donde se exprese que la Asamblea Legislativa solo pueda elegir una vez a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cada tres años (en su período vigente), desafortunadamente al no estar escrita, cada quién la interpreta a su manera, en algo recuerda aquella lógica elitista: “sino es ilegal es ética”, que es la base de muchos desafortunados eventos históricos no solo en esta nación.

Pero se trata de encontrar soluciones, en este caso una solución de buena voluntad-política.

Si la política es la culminación del derecho como escribió Luis M. Faría, “la mejor política es hacer el bien, como elemento natural del derecho”.

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Los fallos de la Sala de lo Constitucional, son inapelables.  No obstante la sociedad civil contempla el juego mediático que algunos celebran y otros condenan, es notable la ausencia del pueblo en esta querella de juristas y políticos, todo se debe a una interpretación genuina sobre la elección de “magistrados (in)constitucionales”, puesto que antes de ese fallo todo parecía transcurrir entre juramentos de fraternidad sin límites, pronto eso cambió porque se detonó un artefacto que colocó a la Asamblea Legislativa en punto de colisión con la Sala de lo Constitucional, el detonante se denomina: “control político”. Es muy extraño que este hallazgo extraviado en el tiempo no apareciera en el siglo XX y tampoco en estos años del siglo XXI, resulta que su condición de “inédito”, ha creado una situación sin precedente en la Corte Suprema de Justicia: dos cortes, dos presidentes (a partir del 15 de julio),  magistrados que no pueden ingresar a sus despachos, parálisis de fallos de diversas salas, el honor de los magistrados dañado puesto que no se les permitió defensa alguna, etc. mientras la sociedad civil parece asistir al Coliseo Romano a pedir la vida o muerte de los gladiadores, en la arena son las espadas del poder las decisivas. Observamos un poder decadente oligárquico que no atiende a principios morales, representado por sus organizaciones que se oponen a perder añejos privilegios. Esta discusión constitucional es histórica, nunca antes existió semejante panorama en el plano jurídico, con dos polos aparentes, el concepto jurídico pro-oligárquico y el renovador,  similar a un gladiador blanco u otro rojo que lucha a muerte con sus mejores armas, el espectador es el pueblo,  ¿qué tiene que ver Juan Pueblo con el veredicto del “control político” en la Asamblea Legislativa? ¿Quién le preguntó a Juan Pueblo si está de acuerdo con las decisiones de la clase política ahora o hace 6 años?, de esta manera se manipula a la opinión pública, así las tormentas mediáticas transforman a los buenos en malos y a santos en demonios, cuando en realidad es una pugna de renovación entre sectores de la clase política.

En el fondo de esta discusión constitucional está  la vocación de la nación hacia desconcentración del poder tradicional de pequeños grupos,  el rechazo a su hegemonía jurídica y controles de justicia que tanto daño han causado en otros tiempos. Como la norma constitucional no tiene impresos los límites del “control político” no se tiene más remedio que acatar los fallos de la Sala de lo Constitucional, pero esto no significa renunciar al poder constitucional otorgado a la Asamblea Legislativa. Así la solución reside en los mismos actores políticos,  quienes flexibilizarán sus posiciones antes de invitar al caos a la fiesta, donde no habrá retorno a la paz “jurídica”. Reformar la constitución es inevitable en el tema del control político, al menos aprender de la historia es de sabios.

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Nos movemos entre maniobras políticas bajo argumentos jurídicos, en esencia el derecho implica refinadas acciones de intereses de poder, tanto “intransigente” como “renovador”. El escenario actual entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa es una cuestión de escenarios que chocan por la conducción de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República entre otros. Asistimos al fin de una era cargada de abusos del sector “intransigente” ese poder antiguamente llamado oligárquico que engloba a poderosos capitalistas que ciegos de poder han ejercido durante décadas un rígido esquema de dominio que tiene como característica su ausencia de modernismo, es una derecha que no entiende de razones, puesto que tiene como bandera que esta nación les pertenece, así  como hace 200 años eran dueños de haciendas y todo lo que se encontrara en su territorio, los cambios para ellos son esencialmente: “comunistas”. El movimiento “renovador” constitucional está conformado por una nueva alianza democrática conformada no por una coalición formal, sino por intereses políticos que se oponen a la decadente derecha intransigente, el mapa que propugna por los cambios constitucionales es claro, es la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa.  Los sectores que apoyan o no  los fallos de la Sala de lo Constitucional nos muestran el mapa social de la opinión pública, que avanza hacia la crispación de los sectores en pugna, escenario peligroso que impide la objetividad y en consecuencia soluciones políticas. La secuencia de acciones negativas por el grupo intransigente a partir de la instalación de un gobierno de izquierda desde el año 2009, tienen en común el signo que propiciar la ingobernabilidad, incluyendo acciones heredadas como: la quiebra del Estado, los hospitales jamás construidos, la transferencia presupuestaria de un Ministerio a otro a discreción de los presidentes durante 20 años, etc. ellos son los fariseos que defienden ahora la Constitución, pero jamás pronunciaron ni una leve queja, ante esas acciones extrañas, quizás porque eran parte de la rosca dorada, ahora a la luz de una nueva alianza renovadora en la Asamblea Legislativa que impulsa el fin del reparto partidario del poder judicial, se oponen a todo incluso a las decisiones que corresponden a la Asamblea Legislativa. Es muy extraño que los fallos de la Sala de lo Constitucional impliquen acciones desde el año 2006 en adelante, ¿por qué no se detectó este vicio durante estos años?... ¿dónde estaban los brillantes juristas pro-oligárquicos? Si el objetivo es ejercer un control constitucional sobre el poder político (de la Asamblea Legislativa u otros), parece que es el camino de Saulo a Damasco, puesto que habría que Reformar la Constitución y normar este capítulo. Cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional paradójicamente es inapelable y patético para la nación. Ahora nuestra constitución tendrá un fallo en Nicaragua, quizás sea nuestro camino a Damasco.

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